Criptoactivos ganan terreno y se convierten en un escudo del crimen organizado

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Las bandas criminales han encontrado en las criptomonedas una herramienta para ocultar el rastro del dinero en actividades como sicariato, secuestros extorsivos y legitimación de capitales provenientes del narcotráfico.

Según el fiscal de Cibercrimen Miguel Ramírez, este cambio ha obligado a las autoridades judiciales a transformar sus métodos de trabajo. Durante los allanamientos, la Fiscalía y la policía ya no se concentran únicamente en la evidencia física tradicional.

Si antes buscaban un arma, una tarjeta o un documento, hoy también buscan billeteras virtuales (wallets), frases semilla y documentación encriptada que les permita acceder a los criptoactivos de sus organizaciones.

El uso de criptomonedas ofrece ventajas a los delincuentes, como transferencias rápidas y sin fronteras, así como mecanismos para dificultar la identificación del origen y el destino de los fondos. Algunos casos recientes investigados en el país muestran el alcance de esta problemática.

En investigaciones por lavado, como el caso Éxodo, que involucra a los productores Don Stockwell y Hugo Barboza con el narco Edwin Vargas "Sobrino", las autoridades detectaron el intercambio de comprobantes de pago mediante plataformas de criptoactivos.

De igual forma, las redes dedicadas a los secuestros han sofisticado sus métodos. Según las investigaciones, exigen y movilizan el pago de los rescates mediante operaciones con monedas virtuales, con el propósito de dificultar el rastreo del dinero. Así ocurrió en el caso del empresario Jorge "George" Angulo y un alto bancario, por el cual un grupo afronta juicio actualmente. 

En investigaciones por legitimación de capitales a gran escala y narcotráfico, también destaca la captura del extranjero nacionalizado Juan Carlos Tam, requerido para extradición por la DEA, quien presuntamente operaba como un "banco en las sombras".

Según el expediente del caso, cobraba comisiones de hasta $10.000 por convertir sumas de $250.000 entre efectivo y criptomonedas, lo que facilitaba el lavado de dinero de organizaciones criminales.

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Estrecho vínculo con crimen organizado

Para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el uso de criptomonedas también ha permitido ratificar la estrecha relación entre los ciberdelitos y el crimen organizado tradicional. Las ganancias obtenidas mediante estafas tecnológicas y fraudes informáticos pueden servir para financiar a otros grupos criminales que cometen delitos violentos.

Estas organizaciones operan con estructuras jerarquizadas y, de acuerdo con las investigaciones, pueden mantener a sus líderes activos incluso desde prisión. También recurren a redes de testaferros, administradores de zona y "fronteadores" para diversificar sus ganancias ilícitas e introducirlas en el mercado formal.

La dificultad para rastrear estos fondos aumenta debido a la internacionalización de las operaciones ilegales, según explicó Sergio Rodríguez, jefe de la Sección de Fraude Informático del OIJ.

Las investigaciones revelan que las estructuras preparan sus ataques desde otros países y envían enlaces maliciosos o crean páginas bancarias falsas desde distintos continentes. Operaciones recientes han evidenciado conexiones con países como Colombia.

Esto obliga a las autoridades nacionales a mantener una cooperación internacional activa para seguir el rastro del dinero cuando cruza las fronteras digitales. A este panorama se suma la amenaza de la inteligencia artificial (IA). El OIJ mantiene una alerta ante el crecimiento del uso de estas herramientas y prevé que, en el corto plazo, podrían aumentar los fraudes sofisticados.

Las autoridades advierten que los delincuentes podrían utilizar la IA para aprovechar la información obtenida de bases de datos sensibles que fueron filtradas previamente, así como para perfeccionar sus tácticas de engaño y extorsión.

En medio de las limitaciones presupuestarias al Poder Judicial, la persecución de estos delitos transnacionales y de alta complejidad tecnológica representa un desafío. Para extraer datos de las computadoras incautadas y rastrear criptoactivos, el OIJ y la Fiscalía dependen del personal especializado de la sección de Cibercrimen, que es limitado.

Parte de la respuesta institucional ante la falta de recursos económicos se apoya en la cooperación internacional. Para mantener sus capacidades operativas, las autoridades judiciales costarricenses recurren a la capacitación técnica y a las herramientas proporcionadas por agencias internacionales como Interpol, el FBI y la unidad criptológica de España.

Ese apoyo, junto con las investigaciones coordinadas con cuerpos policiales de otros países, permite a Costa Rica fortalecer sus capacidades para enfrentar a organizaciones criminales que utilizan las criptomonedas y las herramientas digitales para dificultar el rastreo de sus operaciones.