Frente Amplio insiste con plan para evitar las “puertas giratorias”
La fracción del Frente Amplio (FA) insistió esta semana en la discusión del proyecto de ley para poner freno y cerrar los portillos de las conocidas "puertas giratorias" dentro de la función pública y el sector privado.
Este término se ha acogido en los últimos años en la actividad política nacional para referirse a cuando un exjerarca o alto funcionario es colocado en otra institución pública, por lo general tras haber tenido que dejar su anterior cargo en medio de cuestionamientos.
De igual manera, se relaciona al término cuando una persona que ejerce una actividad privada es nombrada de inmediato en un alto cargo de decisión pública de carácter técnico, aunque este puesto tenga relación directa con las labores anteriores que hubiese realizado.
De la misma forma, una persona que ejerció un importante puesto público, también de carácter técnico, puede dejar el cargo y asumir un trabajo en el sector privado de manera inmediata, pese a que ambas labores estén íntimamente conectadas.
La diputada frenteamplista, Sofía Guillén Pérez, volvió a colocar el tema en la mesa de discusión, pues según denunció esta semana en el plenario legislativo, habría puertas giratorias en el caso de Coopeservidores.
La legisladora señaló que, altos mandos de la cooperativa ostentan cargos en el Banco Popular.
La propuesta del FA, que se tramita bajo el expediente 24.111, pretende establecer el requisito de informar de las actividades privadas realizadas en un periodo de 5 años antes de asumir un alto cargo público de carácter técnico, esto con el fin de establecer si están estrechamente relacionadas con la labor que realizará en el sector público.
Paralelo a eso, propone que uno persona con actividades relacionadas al puesto que pretende ejercer debe tener un periodo de "enfriamiento" de 3 años antes de poder ser nombrado en cargos de decisión en instituciones como la Autoridad Regulador de los Servicios Públicos (Aresep), la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), el Banco Central y el Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (CONASSIF).
Propone también que, una vez que una persona deje un alto cargo público en esas instituciones, tenga prohibido durante 3 años posteriores a la finalización de las labores, trabajar o brindar servicios (incluido el lobby) a entidades que estuvieran dentro de su ámbito de competencias o fueran destinatarias de sus decisiones, y el deber de informar de sus actividades privadas durante ese periodo a la Procuraduría de la Ética Pública.
En cuanto al ejercicio del lobby se crearía el Registro Público de Lobbistas y un Registro de Agenda Pública, con el fin de transparentar el ejercicio de esta actividad y sus relaciones con las personas funcionarias públicas. En este registro y agenda se conocerán a las personas que ejercer labores de lobby y a favor de quién, entre otros datos, e incluye a aquellos lobbistas que antes o después ejerciera cargos de elección popular.