Fondo de Pensiones del Poder Judicial reconoce desmejora en dividendos del BCR SAFI

El Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (FJPPJ) informó a sus afiliados que la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) ha cumplido con el pago de los dividendos que se pactaron con las inversiones, pero aceptaron que estos experimentan desmejoras desde el año 2020.

La información fue difundida durante la segunda semana de abril, luego de que CRHoy.com diera a conocer actas de varias sesiones en las que los directivos aseveraron tener temor de que la inversión de $13 millones hecha en ese fondo, podría llegar a ser incobrable.

Este monto representa un 0.90% del total del portafolio de inversiones del Fondo de Jubilaciones.

La FJPPJ difundió un documento donde aseguran que la directiva ha dado seguimiento a la gestión de los fondos de la SAFI en razón de las noticias que se han publicado en los últimos meses sobre el manejo de estos, lo cual consta en las mismas actas de los comités técnicos donde se recomendó hacer informes periódicos del proceso de inversión.

Pese a que muchas de las justificaciones sobre la caída de los rendimientos de la SAFI recaen en las consecuencias de la pandemia, la Junta reconoce que también coincide con la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), ampliamente cuestionada y actualmente bajo investigación con expediente en la Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción, así como con un proceso en curso en la Superintendencia General de Valores (Sugeval).

"Adicionalmente, existe una afectación en el valor de las participaciones, derivado de la adquisición del Parque Empresarial del Pacífico por parte del Fondo Inmobiliario No Diversificado del BCR SAFI, situación que está siendo investigada por las instancias administrativas y judiciales correspondientes, sin que a la fecha exista resolución en firme que corrobore o desmienta cualquier anomalía", indicaron.

Este inmueble, ubicado en Caldera, Esparza, fue desarrollado para el alquiler de bodegas, sin embargo, los múltiples inconvenientes que se han presentado en los últimos cuatro años generaron cuestionamientos y preocupación entre los inversionistas.

La propiedad fue comprada a  3-101-764316 Sociedad Anónima del exdiputado socialcristiano, Humberto Vargas Corrales, por más de $70 millones, no obstante, en el último avalúo se determinó que el parque tiene un valor de más de $28 millones, es decir ni la mitad de lo pagado.

A raíz de las repercusiones, la Junta de Pensiones es clara en mencionar que eso trajo perjuicio a los rendimientos que pretendían obtener con la inversión hecha en la SAFI hace 7 años.

"(…) desde la inversión inicial en las participaciones de los fondos inmobiliarios de dicha sociedad, la cual se realizó entre los años  2017 al 2019, esta SAFI ha cumplido periódicamente con el pago de los dividendos según las condiciones pactadas, ciertamente los ingresos por dividendos han sufrido una desmejora desde el año 2020, debido a situaciones de mercado como la pandemia o de gestión por parte de la sociedad administradora, situación que provocó que desde ese momento (periodo 2020) se acordara no adquirir más participaciones de dicha SAFI, situación que actualmente se mantiene vigente y queda de manifiesto en los informes realizados.

Pese a que el retorno de la inversión no es el esperado, sostienen que a la fecha no se presentan pérdidas materializadas para el FJPPJ, ya que no se ha ejecutado venta de participaciones desde que se detectaron las supuestas irregularidades denunciadas.

"(…) es claro que a nivel contable se ve una afectación debido a la valoración de mercado que se debe realizar por normativa", indicaron.

Posición del BCR

Al ser consultado sobre la preocupación que existe en los afiliados al Fondo de Pensiones del Poder Judicial, sobre los rendimientos de los $13 millones que ellos invirtieron, en el BCR insisten que tras cambios en la alta dirección y la estrategia empresarial, mantienen el compromiso de ser transparentes con los inversionistas.

"(…) Nos esforzamos por proporcionar información oportuna y precisa sobre cualquier situación inusual que pueda surgir, con el objetivo de brindar confianza y tranquilidad a nuestros inversionistas.

En cuanto a las decisiones de las autoridades competentes, estamos completamente comprometidos a acatar todas las indicaciones y regulaciones establecidas. Nuestra prioridad es cumplir con todas las normativas pertinentes y garantizar la transparencia y legalidad en todas nuestras operaciones", contestaron.

Resaltaron que también trabajan en estrategias para mejorar el apalancamiento, gestión de cobros y maximizar ingresos, aspectos cuestionados por quienes han puesto su dinero en el SAFI.

"Estamos comprometidos a mantener la estabilidad y el crecimiento sostenible de las inversiones, mediante la mejora continua de nuestros procedimientos internos y manteniendo una política de transparencia en todas nuestras operaciones", indicaron.

Múltiples problemas del PEP

Desde su adquisición en el 2020 esa inversión ha representado un dolor de cabeza para quienes tienen su dinero en ese negocio, pues entre otros problemas se detectó que el lugar no cuenta con un plan contra incendios, según una valoración que hizo el Cuerpo de Bomberos desde el año pasado, situación que no se ha corregido a la fecha y tampoco se ha presentado a un plan remedial.

A eso se suma que no cuenta con agua propia, las calles y aceras no tienen las medidas básicas de accesibilidad, los permisos sanitarios que tienen les impiden usar bodegas frías y de almacenamiento de materiales peligrosos, entre otros detalles.

Todo esto ha generado, según informes del propio SAFI que se tenga una caída en los ingresos tomando en cuenta la rentabilidad del PEP, pues la ocupación no llega ni al 50%, por todas las limitaciones que tiene.

Carlos Arias, presidente del Comité de Vigilancia, dijo que los rendimientos mostrados no son del agrado ni aceptación por parte de los inversionistas.

Ante los reclamos la SAFI prometió construir un pozo para tener agua propia y un plan integral contra incendios para cumplir los lineamientos del Cuerpo de Bomberos.

El banco detalló que tienen la aprobación por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) para la concesión de un pozo de agua en el PEP.

"Esta medida asegura un suministro propio y constante de agua para consumo humano y comercial en la propiedad, adicional al suministro que ya se tenía. Se detallaron los pasos tomados para la construcción del pozo, la instalación de tanques de almacenamiento y el desarrollo de una red de distribución de agua potable en todo el parque empresarial", informaron.

Sobre el plan contra incendios confirmaron que se cotizó el diseño y construcción de medidas de seguridad necesarias para cumplir con las normativas de seguridad establecidas por el Cuerpo de Bomberos y las demás autoridades competentes.

Otro de los inconvenientes recientes es que el PEP dejó de percibir casi $2 millones al cierre del año pasado por los alquileres que no pudo cobrar.

Un estudio realizado por la empresa Crowe Horwath CR, S.A. a la que tuvo acceso CRHoy.com, revela que el complejo adquirido en $70 millones, además de no alcanzar ni el 50% de ocupación, varios de los inquilinos que tiene o tuvo quedaron debiendo la millonaria suma a la SAFI.

La dificultad que enfrentan los inversionistas y la propiedad sociedad, es que la principal fuente de ingresos del PEP provienen de las rentas de bodegas, siendo el 70% derivados de los alquileres, por lo que el dinero que reciben se está quedando corto en medio de un panorama nada alentador, debido a todos los inconvenientes que deben resolver.

El documento aportado a la Superintendencia General de Valores (Sugeval) como informe de los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2023, detalla que los ingresos por arrendamiento pasaron de $836,124 en el 2022 a $686,999 en el 2023, pues estuvo ocupada en un 90% en el primer año y se desplomó a un 50% de ocupación el año pasado