Fiscalía y diputada presentarán proyecto para endurecer beneficio carcelario
Fiscalía y diputados depuran texto legislativo para presentarlo a jefes de fracción
Una nueva versión del proyecto de ley sobre la ejecución de la pena llegará al Congreso en septiembre, confirmaron el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez y la diputada independiente, Gloria Navas Montero.
La propuesta de ley pretende regular los beneficios carcelarios que reciben los privados de libertad. Además, busca establecer que las personas que sean condenadas por crimen organizado, tráfico de drogas, homicidio o femicidio no podrán solicitar esos beneficios.
El texto más reciente sobre la ejecución de la pena fue presentado en octubre del año anterior por el Poder Judicial. La iniciativa fue elaborada por la Sala de Casación Penal, la Fiscalía General de la República y la Defensa Pública, con el apoyo de jueces especializados en ejecución de la pena.
Además de este expediente, en la mesa de discusión hay otros 2, uno propuesto por el Poder Ejecutivo y otro por los diputados de la pasada Administración.
Por la complejidad del tema los jerarcas de los 3 Supremos Poderes de la República decidieron discutir el proyecto en una mesa distinta de la que se creó para analizar el resto de iniciativas prioritarias en materia de seguridad. Desde inicio de año los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, la Corte Suprema de Justicia y la Dirección General de Adaptación Social están trabajando en una nueva propuesta para que se discuta en la Asamblea Legislativa.
¿Por qué es importante el proyecto de ley?
El fiscal general Carlo Díaz Sánchez y la diputada independiente Gloria Navas Montero coincidieron en que este proyecto es "una deuda histórica" con el país, pues desde el año 2015 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia- más conocida como Sala IV- ordenó a la Asamblea emitir una ley sobre ejecución de la pena.
Navas Montero explicó que la ausencia de esta ley genera que actualmente la ejecución de la pena "funciona a base de circulares".
Además de regular los beneficios carcelarios, la intención del proyecto es delimitar los derechos y deberes de las personas sentenciadas, para brindar un marco de seguridad jurídica a ese procedimiento, y plantea un desarrollo sobre las funciones del Sistema Penitenciario Nacional, como dependencia del Ministerio de Justicia y Paz que tiene a su cargo el control y vigilancia de la efectiva ejecución de la sanción penal.
"Va a regular el sistema penitenciario. Se va a establecer la salida de las personas de una manera anticipada del sistema penitenciario, tanto por la vía administrativa como judicial. Además, es importante porque establece como se deben realizar las audiencias, pues actualmente no está regulado", comentó el fiscal Díaz.
El jefe del Ministerio Público dijo que la nueva propuesta de ley, lejos de tener pocos artículos, se asemejará más a un nuevo código en material judicial.
En el Poder Judicial otros jerarcas se han manifestado acerca de la necesidad de empezar con esta discusión cuanto antes. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, señaló que al aprobar esta ley se procura garantizar el cumplimiento de penas impuestas a las personas condenadas y dar una seguridad jurídica al debido proceso.
Según Aguirre, esto se logra mediante una clara definición de las competencias de las personas juzgadoras y del Poder Ejecutivo. "Esta propuesta da certeza y seguridad jurídica a los actores encargados de la administración de la justicia, además establece parámetros para uniformar los criterios a la hora de ejecutar sanciones penales y medidas de seguridad impuestas por los tribunales", manifestó.
Por su parte, la magistrada presidenta de la Sala Penal, Patricia Solano Castro, reconoció que la propuesta es necesaria porque ha existido una "cierta libertad" entre la interacción de control que debe realizar el juez de ejecución de la pena y las potestades que tiene la administración penitenciaria, esto es así porque se ha regulado de manera reglamentaria, permitiendo "ciertas subjetividades" al momento de aplicar las modalidades de la ejecución de la sanción.
"Entonces la ley pretende regular los casos y las condiciones para poder tener modalidades de ejecución diferente y eso es importante cuando hay hacinamiento carcelario", comentó.