Fiscalía y Defensa Pública plantearon serias dudas a proyecto del Ejecutivo

La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Defensa Pública manifestafueron las instancias del Poder Judicial que incidieron en la decisión de 3 diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de recomendar el rechazo y archivo del proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo para modificar el sistema en que se otorgan las medidas cautelares.

La semana pasada los diputados Dinorah Barquero, Prisilla Vindas y Horacio Alvarado de las fracciones de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y Unidad Social Cristiana (PUSC), respectivamente, presentaron un informe en el que recomendaron a esta comisión legislativa archivar el expediente 23.692: Ley para Restaurar la Seguridad Pública y Contener a los Delincuentes que representan un peligro para la sociedad.

Tras los cuestionamientos del Poder Judicial y los diputados a la propuesta, este martes el Gobierno decidió retirar la propuesta de ley de la corriente legislativa. Según trascendió, la intención de la Presidencia es crear mesas de diálogo para analizar los señalamientos a la propuesta.

Este proyecto propone limitar el otorgamiento de medidas cautelares menos gravosas en los delitos cuya pena sea inferior a 4 años de prisión. También contempla la posibilidad de que la pena para el uso del monitoreo electrónico tras arresto domiciliario se baje de 6 a 4 años. Por último, en lo que respecta a la libertad condicional, esta no podrá ser concedida cuando la persona privada de libertad descuente una condena por delitos tramitados bajo el procedimiento especial de crimen organizado, ni delitos sexuales contra menores de edad ni en delitos en que hayan utilizado armas de fuego o blancas.

Corte Suprema de Justicia

La Corte señaló que las modificaciones propuestas en el texto legislativo  requieren un examen jurisdiccional que conlleva una incidencia especial o importante en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, debido a que existe una mayor predisposición para la aprobación de la prisión preventiva durante el proceso penal que repercute directamente con la capacidad de recursos humanos, presupuestarios, de infraestructura, transporte, alimentación suministros, entre otros, que no pueden ser debidamente abordados y sufragados.

"Las adiciones y modificaciones propuestas en el proyecto de ley ostentan proposiciones que inciden también en el cumplimiento de los fines del proceso penal, por las implicaciones que genera la imposibilidad de atender adecuada y eficazmente la voluntad del legislador, debido a las restricciones presupuestarias existentes", dice el informe .

Ministerio Público

Desde la Fiscalía se recomendó a los diputados "valorar el posible roce de constitucionalidad" que la reforma podría contener "al basarse en la peligrosidad del autor del hecho".

"Nuestra legislación se rige por el principio de inocencia, y por lo tanto, no puede anticiparse que la persona representa un peligro social, pues con ello se estaría imponiendo una sanción anticipada", señala el informe.

Además, señala que el proyecto de ley restringe la posibilidad de otras medidas cautelares cuando se configure la causal de "el peligro para la sociedad".

"La reforma puede ser cuestionada en el tanto, la prisión preventiva y las medidas cautelares personales tienden a neutralizar la peligrosidad procesal del imputado, para evitar que este en libertad, pueda entorpecer la investigación de los hechos o impedir el logro de los fines que tiene asignados. De esta manera se puede decir que la peligrosidad es un parámetro propio de la fundamentación de la pena, derivado de la culpabilidad, y es aquí, donde se aprecia que podría existir una confusión entre el peligro procesal y peligro para la sociedad", añadieron desde el Ministerio Público.

Defensa Pública

Desde esta instancia se dijo que "ya el actual artículo 239 del Código Procesal Penal, de manera cuestionable, excede los límites que el Derecho Convencional establece para la prisión preventiva"  y que se debía revisar con más detenimiento la reforma planteada por el Ejecutivo.

"Debe tenerse en cuenta que ya el actual artículo 239 del Código Procesal Penal, de manera cuestionable, excede los límites que el Derecho Convencional establece para la prisión preventiva pues, además de asegurar el sometimiento del inculpado al proceso , permite la medida en otros supuestos. Lo permite si razonablemente se considera que el justiciable es autor del delito, lo que supone un adelantamiento de criterio en su contra. Igualmente, lo permite cuando se presuma que continuará con la actividad delictiva, que no es otra cosa que la adopción de un derecho penal de autor y no de acto.  De esta manera, si actualmente es reprochable la legislación nacional con respecto a la prisión preventiva, lo es aún más una reforma que pretende incorporar otra excusa para ello", dijeron.

También, acotaron que el proyecto implicaría una desmedida saturación del sistema carcelario, lo que implicaría un aumento y saturación de los procesos judiciales. "La aprobación del proyecto de en los términos propuestos generaría una mayor carga de trabajo a las diferentes instancias del Poder Judicial, que no es posible enfrentar dada las limitaciones presupuestarias", señalaron.

Por otra parte, señalaron que el proyecto no cuenta con un estudio que determine la pertinencia de las reformas, cómo sería el porcentaje de personas presas sin condena u otro de naturaleza criminológica no solo que abarque nuestro país sino un comparativo con otros países.

Otros pronunciamientos 

Además de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Defensa Pública, los diputados solicitaron otros criterios.

En el caso del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), esta instancia dijo a los diputados que el proyecto tendría repercusiones directas en la labor del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia y que no tenía una incidencia directa en su labor.

El Ministerio de Seguridad Pública dijo que en su caso consideraba que el proyecto de ley busca una variación en relación con aspectos puntuales propios de la materia penal dentro del ámbito competencial procesal y  de los Tribunales de Justicia y que no afecta directamente la institucionalidad y funcionalidad del Ministerio ni de sus cuerpos policiales adscritos.

El Ministerio de Justicia si le dio un respaldo a la iniciativa de manera rotunda.  "Consideramos que es necesario actualizar y modernizar el proceso penal y darles las herramientas al Poder Judicial que permita incidir de forma adecuada y contundente ante el crimen y la sensación de inseguridad que se vive en la sociedad costarricense actualmente; por lo que debe otorgarse a los jueces de la República en materia penal, sustento para que de manera indefectible se aplique la medida cautelar más gravosa como lo es la prisión preventiva y evitar el uso desmedido e innecesario de las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal…", dijeron.

Desde el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) señalaron que el proyecto no tiene, de momento, "afectación a las actividades sustantivas encomendadas por la norma", por lo que no se hacía  necesario realizar observaciones o recomendaciones al texto.

Según trascendió, el Colegio de Abogados no se pronunció.

CRHoy.com intentó constatar la versión del Poder Ejecutivo sobre los señalamientos de las entidades del Poder Judicial y de la decisión de los diputados de recomendar el archivo del proyecto, sin  embargo, no fue posible constar la versión de la ministra de Presidencia, Natalia Díaz Quintana, a pesar de la solicitud hecha a su despacho.

Según trascendió, esta semana el Poder Ejecutivo buscaría a los congresistas de la comisión para discutir la propuesta antes que decidan votar su archivo.

La semana pasada esta comisión dictaminó, de manera afirmativa, otro proyecto del Ejecutivo en materia de seguridad. Este fue el plan que reforma la manera para aprobar las intervenciones de las comunicaciones en procesos de lucha contra el crimen