Fiscalía señala creación de sociedad por empleados bancarios tras préstamo a JCB
Participación de funcionarios fue revelada por CRHoy.com
(CRHoy.com).— Dos empleados bancarios, en ese momento del Banco Popular, que figuran en la acusación de la Unidad Especializada de la Fiscalía General del Ministerio Público, inscribieron una sociedad ante el Ministerio de Hacienda, el mismo día que se hizo el millonario depósito del préstamo a importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Los funcionarios, de apellidos Gómez Barrantes y Bogantes Brenes, ocupaban los puestos de ejecutivo de negocios 2 y oficial de servicios y operaciones bancarias, respectivamente. Y ambos, según la Fiscalía, tuvieron una participación en el préstamo otorgado a Bolaños Rojas.
El 18 de diciembre del 2015, cuando el Banco Popular hizo el primer depósito al importador de cemento chino por $4.461.800, Gómez y Bogantes inscribieron ante el Ministerio de Hacienda la sociedad Akansa, integrada por los dos, Gómez como presidente y Bogantes como tesorero.
Según la acusación del Ministerio Público, la razón por la que inscribieron dicha sociedad ante la autoridad tributaria fue para vender cemento chino, marca Sinocem, de acuerdo a lo que presuntamente habían negociado con Bolaños Rojas.
CRHoy.com dio a conocer en exclusiva que Gómez Barrantes, quien supervisó el proceso para aprobar el crédito de Bolaños Rojas, enviaba por medio de la sociedad anónima cotizaciones de cemento chino, además por medio de un teléfono asignado y pagado por el Banco Popular. "Yo personalmente no envié facturas proformas de cemento chino, no se quién lo hizo… no tengo idea", indicó Gómez Barrantes en el 2017 a CRHoy.com.
CRHoy.com intentó obtener una posición de Bolaños Rojas; sin embargo, pese a que en un primer momento dijo que se le enviaran las preguntas al correo electrónico, luego cambió de parecer y señaló que no quería que se le mandara nada, ya que no iba a dar su posición.
El Ministerio Público presentó como prueba el informe 778-OPO-UAC-S-2018 de la Sección de Planes y Operaciones de la Policía Judicial, en donde se hace un análisis de las llamadas telefónicas entre los imputados y el importador de cemento Bolaños Rojas. Solamente Gómez Barrantes tenía un total de 159 llamadas con Bolaños Rojas.
En la acusación se indica que en setiembre del 2015, Gómez Barrantes, Bogantes Brenes y Delgado Negrini, otro de los funcionarios bancarios acusados, intervinieron en el crédito por el cargo que ostentaban y que dirigieron acciones para lograr la aprobación del mismo, llamado "crédito de uso múltiple".
Las acciones que les atribuye la Fiscalía es, presuntamente, diseñar una estructura crediticia para darle una apariencia de solidez financiera al grupo empresarial JCB, mediante el informe DIRBEC-1121-2015.
En ese documento habrían determinado que Sinocem S.A., la empresa usada por Bolaños Rojas para supuestamente importar cemento chino, tenía dicho giro comercial, era de muy reciente creación, por lo que determinaron que Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB era la persona jurídica que mantenía la mayor cantidad de activos, por lo que se decantaron por recomendar dicha empresa como deudora del empréstito.
Los fiscales determinaron que ese informe trasgredió la normativa crediticia interna del Banco Popular, específicamente en el Manual de Directrices de Crédito y Tarjeta de Crédito de la Banca Empresarial y Corporativa.
¿Por qué? Según el Ministerio Público, Inversión e Inmobiliaria del Grupo JCB S.A., era una empresa sin experiencia en el campo de importación y comercialización de cemento, ya que, comercialmente, no tenía contemplada dicha actividad.
Esto provoca que se tenga que hacer un estudio de factibilidad y pedir a Bolaños Rojas un aporte no menor al 25% del proyecto a financiar como garantía; esto no se hizo, porque se justificó por medio de la "experiencia adquirida" en dos importaciones previas de cemento.
Gómez, Barrantes y Delgado consignaron, expresamente, que había quedado demostrada la capacidad de pago de Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB y era suficiente para atender sus obligaciones.
Sin embargo, esto se hizo aún bajo escenarios de estrés que revelaban que la empresa no era solvente para soportar un crédito a corto plazo, de 6 meses, ya que en realidad los flujos de caja estaban proyectados a 240 meses.
Además, la Fiscalía determinó que en el expediente del crédito hacían falta una serie de estudios y requisitos esenciales, uno de estos era el análisis de la capacidad de pago y un estudio de factibilidad, porque era una actividad nueva para los deudores.
Otro elemento que hace falta, en el informe de recomendación de crédito, es el aporte mínimo real, que debía ser no menor al 25% del valor total del proyecto por parte de Juan Carlos Bolaños, ya que así está establecido en el reglamento general de crédito del Popular.