Fiscalía rechaza aparentes faltas de peritos en caso de María Luisa Cedeño

(CRHoy.com).-El fiscal adjunto de Pérez Zeledón, Édgar Ramírez, rechazó que dos peritos en el caso de María Luisa Cedeño hubiesen adelantado criterio, como lo sostuvo la defensa técnica del acusado Luis Carlos Miranda.

Durante uno de los recesos, en medio de las conclusiones de Érick Gatgens, abogado del administrador, el representante del Ministerio Público justificó ante consulta de CRHoy.com que la patóloga Silvia Fernández y el odontólogo forense José Manuel Fernández, no incurrieron en falta alguna y que, por el contrario, solo cumplieron con sus funciones como funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

"Evidentemente don Érick está trabajando con otro Código (Penal). Lo que revela es un desconocimiento del proceso penal y que este es un sistema acusatorio.

"¿Por qué? Porque la Policía Judicial no está solamente conformado por los investigadores. Cuando hay un hecho, y sobre todo tan grave, como un homicidio, la Policía Judicial está integrada por los médicos forenses y está conformado también por los profesionales de laboratorio.

Son tres departamentos los que conforman el Organismo de Investigación Judicial y de acuerdo con el Código Procesal Penal, el que dirige la investigación es el Ministerio Público, por consiguiente, y es muy dado, lo que pasa es que pareciera que a don Érick se le olvida, cuando hay una investigación en curso, el investigador se apoya en todos los profesionales de las diferentes áreas para dar luz sobre qué se ha venido dando en este caso", aseguró el fiscal.

Ramírez puso como ejemplo la pesquisa que se mantiene en curso por el rapto de la bebé de 9 meses, Keibril García, que se le atribuye a un hombre de apellido Casasola. "Obviamente se utilizan los diferentes laboratorios y los diferentes profesionales para dar algunas pistas sobre lo que pudo o no haber ocurrido", señaló el vocero.

Para el representante del Ministerio Público, eso es lo mismo que pasó en la persecución del homicidio de la anestesióloga.

"Evidentemente, cuando se inicia la investigación se tiene primero como sospechoso a Teodoro Herrera. Y después, conforme fue avanzando la investigación, y los profesionales fueron dando algunas referencias, sobre cuáles iban siendo los resultados, los investigadores tomaron esta información para hacer la investigación y eso es completamente válido.

Vea que es tan así que todo lo que está señalando don Érick es de mala fe y eso es una cuestión de estrategia, que durante el procedimiento, nunca ha alegado una actividad procesal defectuosa, nunca las alegó ante el Tribunal en las apelaciones que hizo ni en las audiencias de medidas cautelares. ¿Y por qué no las hizo? Porque no existen. Y si existieran errores, por ejemplo, en una hora o demás, son actividades que ya se convalidaron porque la parte no lo alegó", amplió Ramírez.

No existen anomalías

Sin embargo, el fiscal fue más allá y apuntó que no existen anomalías en el actuar de los especialistas.

"El gran error conceptual que tiene don Érick es que no sabe qué es un adelanto de criterio y que no lo es. Y en el caso de los profesionales cuando se están apoyando en una investigación tan grave como esta. Todas esas manifestaciones que ellos le hicieron a los investigadores y que dieron una luz y nos permiten estar en juicio con tres personas responsables. No son adelantos de criterio, son parte del trabajo y de las responsabilidades que tienen los diferentes departamentos del Organismo de Investigación Judicial en un caso", abonó el funcionario.

Respecto a la patóloga, Gatgens detalló que en la solicitud de allanamiento al condominio de su cliente, en Costa Linda de playa Jacó, en Garabito, del 25 de julio de 2020, la fiscala Grettel Rosales apuntó que la médica le informó de las severas heridas encontradas en la vagina y el ano de la víctima, antes de emitir la autopsia, cuya fecha oficial es del mismo día, aunque en horas posteriores. A ello agregó que existe una nota donde se indica que el documento fue enviado por e-mail hasta el 29 de julio de 2020.

El odontólogo, en cambio, incurrió -para el abogado- en varios adelantamientos. Estos se dieron en reuniones que concedió el 24 y 25 de julio de 2020 al especialista en escena del crimen, Ronny León. En la primera de las fechas, Fernández en apariencia dijo que las mordidas no podían haber sido causadas por el bailarín encartado Teodoro Herrera, ya que su boca y mordedura eran de mayor tamaño a las marcas que presentaba el cadáver. En la segunda, apuntó que las tres mordidas (en antebrazo derecho, mejilla derecha y seno izquierdo) habían sido provocadas por una persona con un diastema (es decir, con un espacio entre los dientes). Ambas manifestaciones se dieron en entrevistas posteriores a la toma de muestras dentales de Herrera y Miranda, respectivamente, efectuadas tan solo horas antes.

Dichas aseveraciones también fueron utilizadas por la fiscala en su petición de ingreso al apartamento del administrador.

Tres días después, el 27 de julio de 2020, el entonces jefe de la delegación de la Policía Judicial en Quepos, Donaldo Bermúdez, señaló en un oficio que el mismo perito especificó que la mordida del seno izquierdo (atribuida a Miranda, en grado de no exclusión) no presentaba equimosis, pero sí una huella de arrastre de la que se permitía extraer un patrón coincidente con un diastema.

Desde la perspectiva del defensor, ese es un "resumen" de la pericia que finalmente emitió Fernández, cuatro días más tarde. ¿Cuál es el problema? Para el jurista es que el odontólogo no tenía los elementos necesarios para poder comparar a los potenciales mordedores con las heridas, ya que estos le fueron remitidos hasta el 29 de julio de 2020 (o sea, cinco días después de que hizo los comentarios de por qué descartaba a Herrera como mordedor, y tan solo dos antes de que su dictamen fuera oficializado).

Es por todo lo anterior que, para Gatgens, tanto los informes de los especialistas, como sus ampliaciones y declaraciones, deben ser invalidados.

Las mordidas en antebrazo derecho y mejilla derecha son achacadas (también por no exclusión) al empresario sospechoso Harry Bodaan, quien era el dueño del hotel La Mansión Inn, en el que ocurrieron los hechos.