Fiscalía pidió ampliar 6 meses la prisión preventiva a 2 implicadas en caso de “Falsas monjas”
Audiencia de medidas cautelares está en curso en Tribunales de Goicoechea
La Fiscalía solicitó ampliar por 6 meses la prisión preventiva de dos mujeres y las medidas cautelares contra los demás sospechosos en el caso de irregularidades y posible explotación laboral en la Fundación Manos Abiertas, que al parecer utilizaba falsas monjas en dos albergues para personas que requieren cuidados especiales, ubicados en La Unión de Cartago y Desamparados de Alajuela.
La audiencia de ampliación de revisión de medidas cautelares se llevó a cabo esta semana en el II Circuito Judicial de San José, ubicado en Goicoechea, según confirmó el abogado Jorge Rojas.
"Estamos en una audiencia de modificación de la medida cautelar en el asunto de la Fundación Manos Abiertas. El Ministerio Público el día de ayer pidió la prórroga de la prisión preventiva y este martes estamos nosotros en el uso de la palabra para poder con los argumentos y prueba que tenemos, mantener la tesis que esa prisión debe cesar", señaló el jurista.
El abogado, quien representa legalmente a dos imputadas que están detenidas desde marzo y a una más bajo otras medidas cautelares, pretende la liberación de sus clientas y que en dado caso, estén bajo restricciones más leves.
Dos de las sospechosas descuentan 6 meses de prisión preventiva desde el pasado 7 de marzo: dos días después el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y varias instituciones intervinieron y allanaron las instalaciones de la Fundación.
Esto por los presuntos delitos de trata de personas en sus modalidades de explotación laboral y servidumbre laboral, tortura, malversación, peculado y legitimación de capitales a lo interno de la organización.
A una persona apellidos Quirós Castro se le otorgó arresto domiciliario con dispositivo electrónico por un semestre, mientras que un hombre Granados Delgado podía quedar libre si cumplía con la entrega de una caución real o fianza por ₡70 millones mediante una hipoteca a favor del Estado.
A mediados de abril, el Tribunal Penal de Goicoechea rechazó la apelación de medidas cautelares presentada por la defensa.
En el primer recinto llamado Camino, Manos Abiertas tenía a su cargo el cuido de 56 pacientes con algún tipo de discapacidad y/o enfermedades complejas, todos mayores de edad. Mientras que en Alajuela, 15 adultos así como 70 niños y niñas estaban alojados en "Corazón Redentor".
En total eran 141 personas bajo resguardo de la organización, señalada de utilizar "falsas monjas" para la atención diaria, así como de malos tratos a sus funcionarios y posibles manejos irregulares de los fondos públicos que recibían.
Hasta el cierre de julio, en total han fallecido 25 personas, posterior a la intervención judicial. De ellas, 3 eran menores de edad. Así lo confirman los registros solicitados por crhoy.com al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Las autoridades investigan a la fundación que calificaron como "falsas monjas" en donde 5 personas fueron detenidas al momento de los operativos.
Entre los elementos decomisados por las autoridades se encontraron 133 señales de tránsito, ₡171 millones y $7.981, computadoras, celulares y otros documentos físicos de interés para el caso. Adicionalmente, los agentes judiciales encontraron ₡140 millones metidos en un maletín, con ropa encima para ocultarlo dentro de una lavadora.
Una de las hipótesis apunta a que los imputados supuestamente sustraían y desviaban dinero público en efectivo, con el fin de realizar viajes personales y comprar terrenos.
La Fiscalía de La Unión además investiga la muerte de 22 de los 25 pacientes que estaban en cuidados de la Fundación Manos Abiertas, pero que posterior a los allanamientos e intervenciones de los albergues de esta organización en marzo, fueron trasladados a otras residencias y centros médicos.
Homicidio culposo es específicamente lo que indagan las autoridades judiciales, pese a que todavía no tienen personas que figuren como imputados o sospechosos.
Las pericias iniciaron luego de que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) presentó 22 denuncias penales ante el Ministerio Público, para indagar todo el entorno alrededor del fallecimiento de los pacientes adultos, bajo su supervisión.
Las causas penales giran únicamente sobre la muerte de los 22 pacientes mayores de edad, dado que el fallecimiento de los menores de edad no fue denunciado por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).