Fiscalía pide suspender permiso para tala masiva de árboles en playa Panamá
La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental solicitó una medida cautelar para suspender de forma inmediata el permiso otorgado por el Área de Conservación Tempisque que autoriza la tala de 751 árboles en una finca ubicada en playa Panamá, Sardinal de Guanacaste.
La gestión fue presentada el 15 de mayo ante el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José y se encuentra pendiente de resolución.
Según el Ministerio Público, la solicitud responde al riesgo de una afectación irreversible al ecosistema. Por ello, pidió ordenar a la empresa concesionaria y a cualquier tercero abstenerse de realizar labores de tala, eliminación de cobertura vegetal, movimientos de tierra, construcciones o cualquier otra intervención en el sitio mientras la investigación permanezca abierta.
Además, requirió la anotación registral del proceso penal sobre la finca concesionada para advertir sobre la existencia de la investigación y garantizar la efectividad de las medidas cautelares. También solicitó comunicar la gestión al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y otras entidades competentes para reforzar la protección del área investigada.
La causa se relaciona con el proyecto turístico Bahía Papagayo, impulsado por Enjoy Hotels & Resorts S.A., y busca determinar la posible comisión de delitos relacionados con cambio de uso de suelo en terrenos boscosos, incumplimiento de deberes, prevaricato y falsedad ideológica.
De acuerdo con la Fiscalía, existen elementos técnicos y periciales que indican que el inmueble presenta características propias de un ecosistema boscoso protegido por la Ley Forestal, pese a que el permiso de corta fue aprobado mediante la figura de inventario forestal.
Magistrado había frenado permisos
El pasado 17 de abril, el magistrado Fernando Cruz, de la Sala Constitucional, ordenó suspender el otorgamiento de permisos para la tala de árboles destinados a proyectos hoteleros en el Polo Turístico Golfo de Papagayo. La medida también frenó autorizaciones de construcción y modificaciones de densidad dentro de ese desarrollo turístico.
El accionante, Sergio Ortiz, cuestionó una reforma que permite trasladar derechos de construcción entre fincas no colindantes, lo que, según alegó, podría superar los límites de densidad autorizados para cada concesión.
En ese momento, su abogado, Juan Pablo Xatruch Ovares, indicó a CR Hoy que en el Polo Turístico Golfo de Papagayo se había solicitado la tala de aproximadamente 3.600 árboles.
Ante ese escenario, presentaron una acción de inconstitucionalidad el 14 de agosto de 2025 con el objetivo de proteger el medio ambiente.
Gobierno derogó decreto cuestionado
Posteriormente, el Poder Ejecutivo derogó las disposiciones que permitían la compensación de densidad y cobertura en las concesiones del Polo Turístico Golfo de Papagayo, incorporadas durante la administración de Rodrigo Chaves Robles.
La normativa autorizaba trasladar capacidad de construcción entre fincas concesionadas pertenecientes a un mismo titular, incluso cuando estas no fueran colindantes.
Sin embargo, la derogatoria no elimina la posibilidad de talar árboles, ya que las disposiciones que permiten esa práctica permanecen vigentes, según explicó el abogado ambientalista Álvaro Sagot.
En el proyecto turístico Golfo de Papagayo existen dos restricciones principales: una cobertura máxima del 30% del terreno concesionado y una densidad máxima de 20 habitaciones por hectárea.
Con la figura de compensación de densidad y cobertura, un concesionario podía trasladar a otra finca el remanente de habitaciones o área constructiva no utilizada en una propiedad bajo su titularidad, aumentando así la capacidad de desarrollo en otro terreno.
La eliminación del decreto impide ahora esas transferencias. No obstante, corresponderá a la Sala Constitucional determinar si la acción de inconstitucionalidad presentada por Ortiz mantiene vigencia o pierde objeto tras el cambio normativo.
Debate continúa
Pese a la derogatoria, sigue pendiente una segunda acción de inconstitucionalidad presentada por Sagot. Esta cuestiona el decreto que permitiría la tala rasa en Patrimonio Natural del Estado y la norma que autoriza construir hasta 20 habitaciones sin definir un área específica por hectárea.
Según el abogado, esa disposición permitiría concentrar hasta un 30% de ocupación en determinadas zonas y favorecer la eliminación de cobertura boscosa.
La decisión que adopte la Sala Constitucional también podría influir en el futuro del proyecto Bahía Papagayo. En caso de que la acción de inconstitucionalidad pierda objeto tras la derogatoria del decreto, Enjoy podría solicitar el levantamiento de la medida cautelar que actualmente impide la tala de más de 700 árboles para el desarrollo turístico.
De ocurrir ese escenario, la medida cautelar podría debilitarse o incluso quedar sin sustento jurídico.
