Fiscalía pide 236 años de cárcel para hijo de “El Indio” y otros tres sospechosos

(CRHoy.com) La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos solicitó 236 años de cárcel en contra de cuatro sospechosos -incluido uno de los hijos del temido narcotraficante "El Indio", de apellidos Zamora Campos- de un doble asesinato en Desamparados.

El pedido fue planteado durante las conclusiones del Ministerio Público en el juicio que se celebra desde el 1° de junio en los tribunales de San José, confirmaron a CRHoy.com los defensores Nickole Molina Chaves, Luis Cubillo Pacheco y Rafael Quesada Lemaire. Se prevé que el debate acabe la tarde de este viernes con la exposición del último de los abogados.

Los hechos juzgados se relacionan al crimen de Alonso Ibarra Hernández y Jorge Alberto Porras Valenciano, que tuvo lugar entre el 19 y 20 de abril de 2019.

El asesinato de los jóvenes se le atribuye a cuatro hombres, de apellidos Zamora Campos (hijo de narcotraficante nicaragüense-costarricense Marco Antonio Zamora Solórzano, actualmente en prisión), Obregón Rivera (conocido como "El Flaco") y dos hermanos de apellidos Quesada Gutiérrez ("Chino" y "Palmera").

La acusación les achaca haber citado -bajo engaño- a los ofendidos a Lomas de Salitral, en Desamparados, el 19 de abril de 2019. Se cree que, después de una conversación, los encartados usaron bolsas plásticas para asfixiarlos.

Aparentemente los sujetos -por común acuerdo- trasladaron los cuerpos a una finca de abundante vegetación en el sector de Los Portones de Jericó, en el cantón josefino, donde les rociaron acelerante y les prendieron fuego. En ese sitio fueron hallados los cadáveres un día después.

Los sospechosos presuntamente aprovecharon los hechos para sustraer un Honda Civic negro, perteneciente a Ibarra Hernández.

Ese vehículo fue grabado en cámaras en un recorrido entre Desamparados y Naranjo la noche del crimen, de acuerdo con información ventilada en el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante el primer juicio. Un día después, el auto fue visto salir del territorio alajuelense en dirección a La Carpio de La Uruca, en San José.

La entrevista de familiares de las víctimas permitió determinar que el carro tenía un sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés). Mediante este último, se desplazó a personal de la Fuerza Pública a la última ubicación que marcó.

Con esa acción, la policía frustró la venta del Honda Civic, que se iba a llevar a cabo el mismo día en que se encontraron los cuerpos.

Sin prueba

La barra de la defensa, en cambio, sostuvo en sus conclusiones que la Fiscalía contra el Narcotráfico carece de evidencias suficientes para conseguir una condenatoria como la pretendía. Así lo indicaron a este medio los defensores Nickole Molina Chaves y Luis Cubillo Pacheco, representantes de Zamora Campos y Obregón Rivera, respectivamente.

"La defensa de Marcos y de toda barra de la defensa se apoya en que la Fiscalía no tiene prueba, ni material, ni testimonial ni documental en contra de los imputados. Incluso, contra la prueba recabada esta representación presentó una actividad procesal defectuosa para que se declare la ilegalidad de la prueba", destacó la jurista.

Esa gestión, que consiste en un alegato con el que se cuestionan actuaciones judiciales por posibles violaciones a las garantías procedimentales, será resuelta con la sentencia, indicó la abogada.

"Yo pedí absolutoria a favor de mi cliente porque realmente no hay un solo testigo que lo apunte en los hechos del homicidio, porque hay que recordar que también se le acusa de un robo. Y si bien es cierto hay una testigo que lo ubica cerca del vehículo porque él no iba manejando otro carro, sino un coencartado el que llevaba el vehículo del fallecido, esta acción no los liga al homicidio", agregó.

Su colega mantiene una línea similar. "En realidad ha quedado demostrado después del debate que para mi cliente no hay posibilidad ligarlo con los hechos acusados. Por eso esta defensa pidió la absolutoria de Jorge Steven y creemos que así debería de ser porque no hay absolutamente nada, no hay prueba directa y mucho menos indicios que lo liguen con los hechos", dijo.

Por eso se mostró tranquilo, aunque reconoció que le sorprendió la petición del Ministerio Público.

"Dentro de lo que yo alegué, es que en el artículo 63 del Código Procesal Penal se habla del principio de objetividad que debe regir las actuaciones del Ministerio Público y honestamente, si el Ministerio Público fuera objetivo, debió haber pedido la absolutoria para Jorge Steven. Sin embargo, fueron adelante y solicitaron condena sin haber elementos, sabiendo que no tenía elementos para condenar", manifestó.

CRHoy.com también procuró un comentario del defensor de los hermanos Quesada Gutiérrez, Rafael Quesada Lemaire, pero este explicó que podría referirse una vez concluida su exposición de este 2 de setiembre.