Dos mujeres de EE. UU. denunciaron que médico tico aprovechó cargo para agredirlas sexualmente

El médico Alberto Román Cabezas habría aprovechado su puesto como doctor en un hospital de Washington, EE. UU., para acosar sexualmente a dos pacientes que buscaban atención por problemas renales, según un informe de causa probable elaborado por autoridades estadounidenses.
Los hechos, que acabaron en acusaciones de violación y actos indecentes, ocurrieron cuando Román laboraba en el Virginia Mason Memorial Hospital, en Yakima.
Según la investigación policial, el médico realizó exámenes vaginales que no estaban relacionados con las condiciones médicas de las pacientes y que, además, se apartaban de los procedimientos habituales de la práctica médica.
Actualmente, Román Cabezas cumple seis meses de prisión preventiva mientras enfrenta investigaciones por presuntos delitos sexuales en el Hospital de Grecia.
Uno de los casos documentados por la Policía de Yakima corresponde a una paciente que ingresó al hospital el 17 de diciembre de 2017 debido a un fuerte dolor abdominal.
La paciente tenía antecedentes de cálculos renales y creía que su padecimiento estaba relacionado con esa condición. Posteriormente fue hospitalizada bajo la sospecha de una infección urinaria severa.
Durante su estancia fue atendida por Román.
Según la declaración incluida en el informe policial, el médico ingresó a su habitación el 19 de diciembre de ese año para examinarla. La paciente relató que inicialmente le palpó el abdomen y luego desplazó sus manos hacia la parte interna de sus muslos.
Después, según denunció, introdujo sus dedos en la vagina y realizó movimientos repetitivos durante varios segundos. La mujer indicó a los investigadores que ese mismo día el médico regresó y repitió el procedimiento. También, afirmó que al día siguiente volvió a realizarle exámenes similares en dos ocasiones distintas.
La situación continuó el 21 de diciembre, cuando, según su relato, el médico ingresó tres veces a la habitación y efectuó nuevamente los mismos procedimientos.
La paciente declaró que comenzó a sospechar que algo no estaba bien porque el médico no utilizaba guantes durante los exámenes y porque nunca había otra persona presente en la habitación mientras ocurrían.
Su preocupación aumentó cuando el doctor se presentó nuevamente el 22 de diciembre, pese a que le había indicado que no volvería a verla porque estaría libre ese día.
Fue entonces cuando decidió consultar al personal de enfermería si ese tipo de exámenes eran normales.
Según el informe policial, personal del hospital le indicó que esos procedimientos no eran habituales para la condición que presentaba y que debía haber un acompañante durante una evaluación íntima. Posteriormente, la mujer presentó una denuncia ante la Policía de Yakima.
Durante una entrevista con investigadores de la Unidad de Agresiones Sexuales, la paciente explicó que llevaba cerca de 20 años recibiendo tratamiento por cálculos renales y que había sido sometida a múltiples hospitalizaciones y cirugías. Sin embargo, aseguró que nunca antes había recibido exámenes pélvicos como parte de la atención relacionada con esa enfermedad.
Los investigadores obtuvieron los expedientes médicos correspondientes a la hospitalización. En esos registros no aparecía documentado ningún examen pélvico realizado a la paciente durante su internamiento.
La policía también consultó a otros profesionales de la salud sobre los procedimientos descritos por la denunciante.
De acuerdo con el documento, los especialistas señalaron que los exámenes pélvicos no forman parte de las evaluaciones rutinarias para diagnosticar cálculos renales o infecciones urinarias.
Además, indicaron que la realización de siete exámenes de ese tipo carecía de una finalidad médica aparente.
Los profesionales consultados también señalaron que el uso de guantes y la presencia de un acompañante durante exámenes íntimos son prácticas estándar. Asimismo, indicaron que cualquier procedimiento de esa naturaleza debe quedar registrado en el expediente clínico.
Otra víctima
La investigación tomó un nuevo rumbo meses después.
El 17 de octubre de 2018 una segunda paciente presentó denuncias tanto ante el hospital como ante la Policía de Yakima.
La mujer también había acudido al centro médico por problemas relacionados con cálculos renales. Según declaró, Román la examinó en tres ocasiones distintas.
Afirmó que en cada una de esas consultas el médico realizó exámenes pélvicos, pese a que ninguno de los otros doctores que participaron en su atención efectuó procedimientos similares.
La paciente aseguró que tampoco hubo acompañantes presentes durante los exámenes y que el médico no utilizó guantes.
En su declaración, relató que incluso comentó con una enfermera que esperaba que Román volviera a practicarle un examen vaginal porque eso había ocurrido en visitas anteriores. La enfermera, según indicó, reaccionó con sorpresa y le preguntó por qué sucedería algo así.
Posteriormente, la mujer relató que el médico le pidió bajar la ropa y comenzó a examinarla. Según denunció, de manera inesperada introdujo sus dedos en la vagina.
La paciente afirmó que pudo percibir que no llevaba guantes porque sintió directamente el contacto de sus manos. También relató que, tras el procedimiento, se sintió tan afectada que fue al baño a llorar y vomitar.
La investigación reveló que el hospital había cerrado inicialmente una pesquisa interna relacionada con la denuncia de la primera paciente al considerar que no existían elementos suficientes para sustentarla.
No obstante, la aparición de una segunda denunciante llevó a nuevas diligencias. Documentos obtenidos mediante una orden judicial muestran que el hospital inició posteriormente acciones para poner fin al contrato laboral-
Según el informe policial, el centro médico tomó esa decisión el 19 de noviembre de 2018. Diez días después, el médico presentó su renuncia.
Al cierre de la declaración de causa probable, el investigador concluyó que existían elementos para considerar que los procedimientos no tenían justificación médica, no fueron documentados y se realizaron sin seguir las prácticas clínicas habituales.
Además, indicó que la descripción realizada por la paciente era incompatible con la forma en que normalmente se lleva a cabo un examen pélvico.
Por esa razón, las autoridades estadounidenses consideraron que existía causa probable para atribuirle delitos de violación en segundo grado y actos de libertinaje indecente.

