Fiscalía pedirá medidas cautelares contra exdiputado sospechoso de sustraer $250 de allanamiento
Desaparecieron $250 y cuando le pidieron vaciar sus bolsillos, ahí tenía el efectivo, según Segurid
La Fiscalía de Flagrancia de Alajuela confirmó esta tarde que el exdiputado y abogado Leonel Villalobos Salazar permanece detenido y además solicitarán medidas cautelares contra él, dado que figura como sospechoso de extraer unos $250 de una escena en custodia mientras la Policía de Control de Drogas ejecutaba un allanamiento a una propiedad en la Garita de Alajuela.
Cerca de las 4:00 p.m., el Ministerio Público indicó ante la consulta de crhoy.com, que solicitaron una audiencia inicial al Tribunal de Flagrancia para pedir que el imputado se procese por esa vía y en caso de aprobarse el trámite, solicitará restricciones, aunque todavía no aclararon cuáles.
Los hechos ocurrieron la noche del martes, cuando los agentes antinarcóticos detectaron la presencia de dinero en efectivo durante un operativo, donde posteriormente se extravió el efectivo y no había rastro de él.
Mario Zamora, ministro de Seguridad, detalló cómo fue que los agentes de la PCD confirmaron que el exlegislador tomó el efectivo.
La primera puesta de información que hace la Policía una vez que domina el lugar, es el recuento de las evidencias que se encuentra, se encontraron $20 mil.
Aparece el señor Villalobos en condición de abogado defensor de los sujetos sobre los cuales se estaba recopilando esa evidencia que serviría posteriormente como evidencia en su contra y se pone en conocimiento de él, la existencia de esas probanzas.
Cuando se procede a almacenar y hacer la cadena de custodia para el envío de esas evidencias a sedes judiciales, quienes están a cargo del recuento observan el faltante de $250. Se ordena a las personas que están en ese lugar vaciar sus bolsillos, y cuando el señor los vacía es donde se detectan los $250 que hacían falta del conteo previo.
La grabación de cámaras corporales (bodycams) de los oficiales, permitió identificar que fue él quien se acercó al recinto, presentándose como abogado defensor. El caso se tramita por presunta infracción a la ley de psicotrópicos, bajo la causa 24-004068-0057-PE.
Recurrente
Villalobos fungió como viceministro de Seguridad Pública, durante el Gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986). Además, es abogado penalista.
De acuerdo con los registros del Partido Liberación Nacional, fue diputado en la legislatura de 1986 a 1990, cuando Óscar Arias Sánchez fue presidente de la República por primera vez. Formó parte de la primera comisión legislativa antidrogas.
En aquella ocasión, incluso estuvo cerca de alcanzar la presidencia de la Asamblea Legislativa, sin embargo, supuestos ligámenes con un narcotraficante argentino Roberto Fiona le alejaron del directorio de Cuesta de Moras.
Años después de ser funcionario público, el 27 de febrero de 1997, fue detenido en Tibás por supuestamente negociar con un agente encubierto, la venta de kilogramo y medio de cocaína, según reportaron periódicos de la época como Al Día y La Nación.
Dicho operativo lo realizó la Policía de Control de Drogas en conjunto con agentes de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, conocida como DEA por sus siglas en inglés.
Al parecer, Villalobos se movilizaba frecuentemente hacia Panamá para reunirse con miembros de organizaciones narco colombianas. La investigación inició en 1995.
Por esos hechos, el 14 de setiembre de 1997 fue sentenciado a 12 años de cárcel por organización para tráfico internacional de drogas. Salió de prisión el 6 de mayo del 2002, tras recibir un beneficio de ejecución condicional de la pena.
Su excarcelación fue bajo ciertas condiciones, como mantener un domicilio fijo y trabajo permanente, no andar armas, horas de trabajo comunal, firmar una vez al mes, no salir del país y no consumir drogas.
Posteriormente, en diciembre del 2008, el exdiputado fue detenido como parte de una investigación de dos meses llevada a cabo por la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico, relacionada con supuestos delitos de legitimación de capitales y falsificación de documentos para supuestamente eludir el decomiso de propiedades, ante una sentencia por narcotráfico internacional contra un español y un cubano.
En ese entonces, al exdiputado lo capturaron en el edificio de los Tribunales de San José, cuando salió de un juicio donde defendió como abogado a una pareja acusada de tráfico local de drogas. Sin embargo, tras 5 años de trámite, se dictó un sobreseimiento definitivo a favor del exdiputado.