Fiscalía investiga a Rodrigo Chaves por condicionar obras públicas en Turrúcares

Por Daniel Córdoba y Carlos Castro
17 de Nov. 2026 | 9:52 am
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Gobierno condiciona obra pública de Turrúcares a permitir relleno sanitario

La Fiscalía General abrió una causa contra Rodrigo Chaves Robles, ministro de Hacienda y de la Presidencia, luego de que condicionara una serie de obras públicas en Turrúcares a que el gobierno local dejara de oponerse a un relleno sanitario.

El Ministerio Público recibió una denuncia e inició una investigación por presunto tráfico de influencias.

El 4 de noviembre, Chaves participó en una actividad en el Liceo de Turrúcares. También asistieron Leonardo Sánchez, ministro de Educación; Efraím Zeledón, ministro de Obras Públicas y Transportes; Alexander Sánchez Cabo, ministro de Salud, y Arianna Arce Camacho, ministra a. i. de Comercio Exterior.

Además, estuvieron presentes Kennly Garza, directora del Conapam; María Marta Carballo, directora de Cen-Cinai; Ricardo Quesada, director del Inder, y Charlyn Sánchez, viceministra de la Presidencia.

Durante la actividad, Chaves ofreció invertir cerca de ₡6.000 millones en obras públicas a cambio de que el Concejo Municipal retirara las acciones judiciales contra el relleno sanitario que la empresa canadiense EBI pretende construir en San Miguel de Turrúcares, Alajuela.

Entre las obras ofrecidas figuran un colegio técnico profesional (CTP), un Cen-Cinai con redes de cuido, un centro de atención para personas adultas mayores con servicios diurnos y de larga estancia, y la construcción de dos puentes.

El Gobierno también ofreció mejorar las rutas 721 y 136, así como construir un acceso desde la ruta 27 hacia Los Tajos de Cebadilla, para evitar que los camiones vinculados al relleno pasen por la comunidad.

La propuesta incluye espacios comunitarios y deportivos. Chaves explicó que el Inder podría ayudar a comprar los terrenos para el colegio y que el Icoder podría encargarse de las instalaciones deportivas.

Conflicto por el relleno sanitario

En 2016, el alcalde Roberto Thompson inició gestiones para anular los usos de suelo otorgados a los terrenos del proyecto. La decisión se basó en criterios técnicos y legales relacionados con el Plan Regulador de Alajuela.

La Municipalidad acudió a los tribunales mediante procesos de lesividad, un procedimiento que permite a una institución pública solicitar a un juez que anule una decisión propia que considera perjudicial para el interés público. Los tribunales aún no han resuelto los procesos.

Durante la actividad, los vecinos expresaron su descontento y le dijeron a Chaves que, si quería, podía depositar la basura en "Monterán". Ante la negativa de la comunidad, Chaves afirmó que entonces no tenía nada que hacer en la reunión.

Thompson aseguró a este medio que el relleno sanitario no tiene permisos municipales de construcción ni de movimiento de tierra. Según explicó, la empresa reactivó recientemente una solicitud ante la Municipalidad, después de ocho o nueve años sin realizar esa gestión. El Departamento de Control Constructivo la rechazó por razones técnicas y legales.

Costa Rica enfrenta un arbitraje internacional

En 2025, EBI inició un arbitraje internacional contra Costa Rica porque considera que las decisiones de las autoridades afectaron sus inversiones. El reclamo incluye proyectos de rellenos sanitarios en Turrúcares de Alajuela y Montes de Oro de Puntarenas.

La empresa estimó posibles pérdidas superiores a los $125 millones.

¿Qué pasará con el proyecto?

La decisión de mantener o retirar los procesos judiciales corresponde al Concejo Municipal de Alajuela. Thompson aseguró que la Alcaldía no encuentra fundamentos para retirarlos.

Aunque el Concejo retire las acciones judiciales, esa decisión no autorizaría automáticamente la construcción del relleno sanitario. La empresa todavía debe obtener los permisos municipales correspondientes.