Fiscalía insistirá en pedir restricciones contra funcionarios del PANI
Nuevamente solicitarán impedimento de salida del país, entrega del pasaporte y la prohibición de contactar a testigos
El Ministerio Público insistirá en intentar que los funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) sospechosos de adopciones irregulares y alternación de expedientes para quitar menores de edad a sus familias y darlos en adopción a personas con mejores capacidades económicas, tengan medidas cautelares.
Ante la consulta de crhoy.com, la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes confirmó que interpusieron un recurso de apelación ante el Tribunal Penal de Goicoechea, luego de que el Juzgado rechazó la petición inicial.
La noche del martes, los fiscales del caso solicitaron ordenar sobre los trabajadores del Patronato, el impedimento de salida del país, la entrega del pasaporte y la prohibición de contactar a testigos.
No obstante, el Juzgado determinó que la solicitud de la Fiscalía no cumplía con los requisitos de probabilidad necesarios para dictar una medida cautelar de naturaleza penal. Ante esto, el Ministerio Público respondió:
La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes señaló que es respetuosa de la resolución del Juzgado Penal, sin embargo, sostiene que la prueba existente es suficiente para la solicitud de medidas cautelares.
Por esa razón, durante la misma audiencia, interpuso el recurso de apelación correspondiente y ahora espera a que se programe una nueva vista, donde reiterará su petición ante el Tribunal Penal.
El Ministerio Público no solicitó prisión preventiva. Cabe destacar, que los funcionarios están suspendidos de forma administrativa, como una medida cautelar.
Los imputados fueron detenidos el martes, luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó seis allanamientos: cinco en oficinas del Patronato, en Alajuela, Cariari, Orotina y Puerto Viejo, así como en el Hogar Montiel, ubicado en Santa Ana.
El caso se tramita bajo la causa 22-000028-1321-PE. Los hechos investigados ocurrieron entre el 2020 y el 2022, cuando los sospechosos estaban asignados para el PANI, sede Cariari.
Al parecer, estas personas manipularon información con el presunto fin de procurar adopciones irregulares de personas menores de edad. Randall Zúñiga, director del OIJ, brindó más detalles sobre los hechos.
Dentro de la investigación se pudo determinar que en apariencia estas personas incluían información falsa en los dictámenes que se generaban, por ejemplo, decían que las familias consumían drogas a fin de poder excluir a ese menor de edad de la familia y poder llevarlo a un centro de cuido.
El esposo de una funcionaria investigada habló con crhoy.com y aseguró que en esa oficina "venden a los chiquitos a familias pudientes".
"Ahí venden a los chiquitos a diestra y siniestra. Ahí les han quitado a los chiquitos a familias pobres para colocarlos en otras casas de poder y que puedan pagar por el chiquito. Ahí venden a los chiquitos a familias pudientes. Eso es lo que hacen ciertos funcionarios del PANI", explicó el hombre, quien pidió que protegieran su identidad y no revelaran su nombre.
El PANI anunció el miércoles 7 de agosto que presentó una denuncia en el Ministerio Público y dictó medidas cautelares contra 7 funcionarios por supuestas irregularidades en el Proceso Especial de Protección de niños y adolescentes.
Según dijeron, la denuncia judicial fue interpuesta en el 2023 por presuntas anomalías en las acciones psicosociales y legales que se dictan para garantizar la atención integral de los menores de edad.