Fiscalía General y MEIC se unen para combatir estafas con casas
Fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, y la ministra del MEIC, Victoria Hernández Mora. Foto de MSP.
Evitar que el delito se cometa es lo que pretenden las autoridades del Ministerio Público y el de Economía, Industria y Comercio (MEIC), para que las personas que pretendan invertir en la compra de un proyecto habitacional no tengan perjuicios económicos y no se conviertan en víctimas de una estafa millonaria.
Sin embargo, si el delito ya se cometió, las instituciones trabajarán de la mano, colaborando con información y pruebas que permitan fortalecer el proceso penal que dirija la Fiscalía.
Ese fue el acuerdo al que llegaron esta mañana la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, y la ministra del MEIC, Victoria Hernández Mora, en una reunión sostenida en la Fiscalía General, en compañía del fiscal adjunto de fraudes, Miguel Navarro Cordero.
También participaron la viceministra del MEIC, Laura Pacheco Ovares, la jefa del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, Kattia Chaves Matarrita, y el jefe del Departamento de Procedimientos Administrativos de la Dirección de Apoyo al Consumidor, Carlos Andrés Sanabria.
"No hay ninguna organización pública que no haya interiorizado que tenemos que trabajar de la mano. Independientemente de que el Ministerio Público interviene en el momento en que el delito se consuma, lo importante es que colaboremos con la parte preventiva, pues el objetivo es que haya menos víctimas de fraudes y, que en caso de que acontezcan los delitos, que trabajemos de la mano en traer la prueba para que estos hechos delictivos se tramiten debidamente", explicó la Fiscala General.
La jerarca dijo que los fraudes inmobiliarios son más que un delito que afecta la economía de las víctimas. "Este tipo de fraudes son una prioridad para la Fiscalía General, pues no se trata de un bien cualquiera, sino de bienes que afectan la dignidad humana.
Comprar una casa significa construir un hogar, hacer un proyecto de vida, y para muchas familias eso implica deudas por hasta 30 años con entidades bancarias", aseguró la fiscala Navas.
La Ministra se mostró complacida con la primera mesa de trabajo realizada con el Ministerio Público, en la cual ambas instituciones asumieron compromisos.
"Estamos haciendo una modificación de los reglamentos de ventas a plazo, específicamente en temas relacionados con compras de inmobiliarias y otros servicios como los funerarios, por ejemplo.
A partir de lo ocurrido recientemente con una empresa inmobiliaria y la insatisfacción de los consumidores, buscamos la forma de coordinar esfuerzos con la Fiscalía y, desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, reforzar lo que corresponda para apoyar el trabajo de la Fiscalía", afirmó Victoria Hernández.