Fiscalía descubre en Interpol que imputados en “Madre Patria” tenían causas abiertas en España

Detenidos en caso Madre Patria. OIJ/Archivo CRH

La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada detalló que los 2 ciudadanos españoles sospechosos de liderar una presunta agrupación dedicada a perpetrar fraudes registrales con propiedades de alto valor tendrían causas penales en España por aparentes delitos de estafa.

Se trata de 2 sujetos de apellidos León y Gómez, quienes tienen varios años de residir en Costa Rica y que son señalados como los supuestos cabecillas de la organización investigada en el caso "Madre Patria".

La información consta en las exposiciones que hizo la Fiscalía en la audiencia de solicitud de medidas cautelares contra los imputados. Ambos extranjeros cumplen 1 año de prisión preventiva por orden del Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José.

La investigación penal sobre este caso señala que, presuntamente, los dueños reales (extranjeros y adultos mayores) eran despojados de las propiedades a través de maniobras registrales perpetradas por abogados afines a la agrupación encabezada por los extranjeros.

La existencia de causas penales en España por presuntos delitos de estafa fue revelada por la fiscalía durante la audiencia de medidas cautelares contra los imputados. Según el Ministerio Público, existe el riesgo de fuga de León y Gómez, tomando en cuenta la debilidad de arraigos que tienen en Costa Rica y los recursos económicos que poseen para desplazarse con facilidad.

La fiscalía indicó en la audiencia que a través de Interpol hicieron consultas sobre los antecedentes de los españoles y constataron la existencia de 3 órdenes de detención por supuestos delitos de estafa en el país europeo. No se aportaron detalles sobre los hechos y la fecha en la que habrían ocurrido.

Las compañeras sentimentales de León y Gómez, ambas de nacionalidad costarricense, también cumplen 1 año de prisión preventiva por presuntamente cumplir roles claves en la estructura criminal. Al parecer, habrían fungido como testaferros y aparecen en varias de las sociedades investigadas por los supuestos fraudes registrales.

En Costa Rica, los españoles vivían en casas de alto valor y se desplazaban en vehículos de alta gama. Presuntamente, habrían reclutado a empresarios y a funcionarios públicos (de entes como el Consejo de Transporte Público) para obtener beneficios y legitimar capitales provenientes de las supuestas actividades delictivas.

Por el caso "Madre Patria", la fiscalía investiga presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho.

"Respecto a la capacidad económica, es importante resaltar que se conforma en la investigación que ostenta un elevado poder económico, el cual se observa con la casa de lujo que tiene, el cual no es coincidente con el salario que indica ganar como empresario de bienes raíces. Los distintos vehículos de lujo que posee de cara al salario reportado y la cantidad de propiedades que tiene a su nombre y que indica poseer, siendo que ante dicha condición le permitiría movilizarse no solo a cualquier parte del país, sino fuera de él, ya que su poderío económico es fuerte y hasta podría manejar sus negocios desde cualquier parte del país o en otros países. Véase que es una situación posible, pues dejo su país para empezar una nueva vida en este país y ello no obsta para que teniendo aparentemente estas facilidades económicas, lo pueda hacer nuevamente, máxime ante la debilidad de sus arraigos", estableció el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José, sobre la imposición de prisión preventiva en el caso del español León.

Allanamientos por el caso Madre Patria. Archivo CRH/OIJ

En este caso, el OIJ y el Ministerio Público también imputaron en la causa a un juez del Tribunal Penal de Desamparados, de apellidos Venegas Marín, quien habría legitimado capitales para el grupo a través de las tiendas tipo outlets.

Además, el español Gómez  habría buscado al empresario Herrera González para incorporarlo como testaferro del grupo y legitimar capitales provenientes de la actividad ilícita a través de empresas autobuseras.

Dichas compañías operaban rutas concesionadas por el Consejo de Transporte Público (CTP) en sectores como Barrio San José de Alajuela, Tambor de Alajuela, Caldera de Esparza, Puntarenas, entre otros.

Para evitar dejar rastro, las sociedades anónimas que gestionaban las empresas de transporte eran registradas a nombre de terceros allegados a los imputados principales (esposa de Gómez e hija de Herrera). Sin embargo, la policía judicial sostiene que Herrera y Gómez tenían pleno dominio de las compañías.

Asimismo, en el proceso figura como imputado un hombre de apellidos Rosales Apú, jefe del departamento de Concesiones y Permisos del CTP, quien presuntamente también colaboraba con la organización criminal con la inclusión de documentos alterados para beneficiar a las empresas autobuseras que se habrían usado para legitimar capitales ligados a la organización y por brindar asesoría para los diferentes trámites que requerían.

De igual forma, 5 oficiales de la Policía de Tránsito fueron detenidos por presuntamente evitar sanciones en carretera contra los buses de las empresas autobuseras ligadas a los imputados a cambio de supuestas dádivas.