Fiscalía de Fraudes investiga inversión de ahorros de policías en bonos del PAC
Otras inversiones que superaron los ¢800 millones también son objeto de análisos por el Ministerio Público.
La Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen de San José confirmó que está investigando, bajo la sospecha de presunta administración fraudulenta, las inversiones que hizo la Asociación Solidarista de Empleados del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública (Asegosep) en bonos de deuda política del Partido Acción Ciudadana (PAC) y otras 3 sociedades anónimas.
Informes que fueron aportados a ese despacho judicial detallan que la asociación, aparentemente usando como intermediario al excandidato a diputado de ese partido, Rogis Bermúdez, compró esos certificados puestos a disposición por el entonces partido de gobierno para impulsar a sus aspirantes en la campaña política del 2022.
El informe, acogido para la investigación por parte del Ministerio Público, señala que se tienen bajo estudio esta compra y otras inversiones que superan los ¢800 millones (más de $1,5 millones).
El Ministerio Público confirmó que abrió la causa 23-000320-1220-PE, que la oficina de Fraudes mantiene una investigación "por el aparente delito de administración fraudulenta. El caso se sigue en contra de una persona de apellidos Méndez Hernández".
Acción Ciudadana no figura como parte investigada en esta causa, tampoco otros exmiembros de la junta directiva o miembros de las sociedades que se vieron beneficiadas con el dinero de los oficiales y funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Correo lo confirma
Tal como lo dio a conocer CRHoy.com la semana pasada, el expresidente del Consejo Nacional de Producción (CNP) compró 4 certificados serie B, con un valor cada uno de ¢5 millones, usando dinero que fue otorgado por la solidarista.
Asegosep tenía la intención de invertir en la campaña para tener una retribución en caso de que el PAC obtuviera el mínimo de votos establecidos para poder liquidarlos, sin embargo, no pudieron recuperar ese dinero debido al bajo apoyo que tuvo esa agrupación política en la contienda electoral.
Bermúdez tramitó la compra de los bonos como propios, pero los pagó con fondos que le giró la Asociación Solidarista por un total de ¢18 millones, tomando en cuenta el descuento que tenían.
Este medio tuvo acceso a los correos que intercambiaron representantes de la Asociación y el propio candidato a diputado, donde se confirma la cancelación de los bonos.
"El suscrito, Rogis Bermúdez Cascante, con cédula de identidad número **********, Ingeniero Industrial, en mi condición de Candidato Primer lugar por San José, por medio de la presente hago constar que el día de hoy he recibido la suma de dieciocho millones de colones de ASEGOSEP, institución que usted representa, mediante transferencia bancaria a mi cuenta IBAN CR*****************, con el propósito de emitir Bonos de Deuda política con un descuento de un diez por ciento (…)", se lee en la comunicación.
Una auditoría anexada al expediente judicial confirma "la existencia de debilidades en los análisis de inversión y apoyo documental relacionados con las inversiones" que se realizaron "para los bonos de Deuda Política del Partido Acción Ciudadana".
Al ser una asociación solidarista, Asegosep debe recibir un 5% de aporte patronal por cada funcionario y en este caso, al ser personeros de un ministerio de la República, los fondos salen de las arcas del Estado.
Es decir, un porcentaje de la partida estatal que se le entrega a la administración de los fondos de los asociados se destinó a una campaña política y se hizo sin la autorización de la junta directiva, según revela el informe de auditoría incluido en el expediente judicial.
De acuerdo con un fallo de la Sala Constitucional, de hace 11 años, las asociaciones solidaristas tienen prohibida la compra de bonos de deuda política, según informó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
"Sí existe impedimento. Las asociaciones solidaristas no pueden comprar certificados de sesión de la contribución estatal a los partidos políticos (conocidos como bonos) porque son personas jurídicas y, de acuerdo con la sentencia de la Sala Constitucional n.° 15.343 del año 2013, los bonos sólo pueden ser adquiridos por personas físicas nacionales, bancos del Sistema Bancario Nacional y medios de comunicación colectiva; las asociaciones al no ser ningún tipo de esas tres personas, no están facultadas para hacerlo", respondió Sandra Mora, directora ejecutiva del TSE.
Expresidente: "no vimos impedimento"
El expresidente de la Asociación James Williams explicó que la decisión de dar los ¢18 millones al candidato del PAC tenía un trasfondo exclusivamente económico.
"Era una oportunidad de negocio porque se trata de un elemento financiero netamente. Nosotros vimos una oportunidad financiera, vimos un partido que estuvo dos veces consecutivas en el gobierno, y sucedió una situación inédita en la historia, que en una tercera vez no tuvo ni un solo ni un solo diputado, o sea, eso es una situación inédita, entonces en una inversión o se gana o se pierde, son riesgos, pero hablando en el tema político 0%, nosotros no entramos por eso", dijo.
Al indicarle que el TSE confirmó que las Asociaciones solidaristas tienen impedimento para comprar este tipo de certificados, tomando en cuenta la sentencia N.° 15.343 del año 2013 de la Sala Constitucional, Williams señaló que se asesoraron antes de la compra y la recomendación legal que les hicieron fue hacer la inversión sin temor a una futura sanción.
"Eso se analizó, en la ley dice que no se puede participar en aspectos político-electorales y nosotros nunca hicimos eso, por eso le digo, o sea, usted puede preguntarle a uno, dos o tres abogados y te van a dar uno, dos o tres opiniones.
(…) Nosotros en ningún momento vimos ese impedimento, de hecho este se hizo la consulta a nivel legal y en ningún momento se habló de la prohibición de la compra de esos certificados porque son productos financieros. Ahora, si a mí me dicen que nosotros contribuimos con el partido, negativo", recalcó Williams.
Asegosep aportó más pruebas
"Esta Junta Directiva presentó una denuncia en noviembre 2023, ante la Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen de San José, por el delito de Administración Fraudulenta tramitada bajo el expediente 23-000320-1220-PE. Asimismo estamos enfocados en la interposición de otras acciones judiciales en la vía civil.
Respetuosos de nuestro sistema legal, seguiremos el debido proceso y por lo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal, en esta etapa nos está prohibido referirnos a la denuncia penal", informaron.
Añadieron que el 5 de diciembre del 2023 presentaron documentación adicional y el pasado 31 de enero incorporaron nueva prueba para que el órgano acusador tuviera más insumos en el desarrollo de la investigación.
La presidencia de la junta confirmó mediante un comunicado que desde setiembre 2023 trabaja en el resguardo de los ahorros de los asociados y para procurar la maximización de los recursos de la organización de forma segura en entidades financieras públicas, por lo que se tomaron decisiones como la del exponerse a auditorías externas que los ayuden a detectar esas inconsistencias que ya se conocieron.
Anterior junta conocía posible ilegalidad
La Fiscalía de la Asociación Solidarista de Empleados de Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública (Asegosep) conocía de la posibilidad de cometer un acto ilegal al financiar la campaña de Bermúdez Cascante del PAC.
Un informe firmado por Luis Ortega Campos, entonces fiscal 1 y Juan Carlos Méndez Hernández, exfiscal 2, reveló la preocupación que existía en la junta directiva luego de concretarse la inversión, de la cual no tenían certeza de un retorno, y tampoco de que fuera algo amparado en la legalidad.
Incluso los exmiembros de la directiva confirmaron que tuvieron que pagar asesoría legal después de que se había efectuado la compra, pese a que desde un inicio no tenían certeza de si existía prohibición para entrar en ese negocio.
"Inversión compra de bono de deuda política al Partido Acción Ciudadana. Esta inversión, de reciente gestión, por solicitud de ésta Fiscalía, la Junta Directiva autorizó la contratación de una firma de abogados para que la asista en el proceso de revisión que en este momento esta en curso, a fin de verificar la legalidad de la compra, establecer si existe o no posibilidad real de recuperar esa inversión, y además validar el aparente incumplimiento de las prohibiciones expresas que tienen las Asociaciones Solidaristas, conforme el artículo 8 de la ley 6970. Esta Fiscalía advierte que la posible comisión del acto prohibido por ley, se considera una falta sumamente grave por los legisladores, por lo que la sanción a éste posible hecho tiene como consecuencia la destitución inmediata de los asociados que resultaren responsables", señala el informe.
Los entonces miembros de la directiva se comprometieron, una vez concluida la investigación, a brindar un informe a la junta y asociados, sobre los "hallazgos encontrados y toma de decisiones que correspondan", sin embargo, un año después no han hecho público dicho documento.
Se desligaron
Rogis Bermúdez, expresidente ejecutivo del CNP. Foto: PAC
Consultado sobre el pago de los bonos, Rogis Bermúdez, expresidente del Consejo Nacional de Producción en la administración Alvarado Quesada (2018-2022), puso en tela de duda que la Asegosep haya comprado los bonos.
El exjerarca del CNP indicó que "lo mejor es consultarle a tesorería del partido, yo renuncié y no sé quiénes están ahora".
El Partido Acción Ciudadana se desligó por completo de esa transacción, asegurando que ellos no recibieron dinero de ninguna asociación.
"No sé cual habrá sido la negociación de carácter privado entre Rogis y la asociación, imagino que un préstamo, porque el dinero de los bonos entró por medio del sistema bancario nacional, no nos entró dinero desde la asociación a nuestra cuentas, no hay depósitos de la asociación, contratos ni documentación. Si hubo alguna negación fue de don Rogis con la asociación, una relación de carácter privado con la que el partido no tiene nada que ver", dijo Fabián Solano, presidente del PAC.
Otras inversiones bajo la lupa
La auditoría había revelado la presunta situación grave a la que fueron sometidas las finanzas Asegosep entre el 2021 y el 2022 por inversiones "dudosas" y "sin análisis de riesgo".
Los montos destinados a 3 sociedades anónimas superaron los ¢800 millones al tipo de cambio de ese momento ($1,5 millones).
Se trata de varios desembolsos a 3 empresas con diferente razón social, que según el documento donde se expone el análisis de las operaciones, se ejecutaron sin mecanismos tangibles que respaldaran los dineros para evitar una futura pérdida financiera para los asociados.
Los dineros aportados por los más de 4.000 asociados, entre los que figuran miles de policías, principalmente y otros funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), fueron girados a Mi Farmacia En Linea.com S.A. ($326 mil), Mi Vete.com S.A. ($319 mil) y TRT Interactive S.A. (548 mil).
Todas las sociedades se conformaron entre 2018 y 2019, por lo que a la hora de aprobar el traslado del dinero, las mismas tenían menos de 3 años de vigencia, algo que la auditoría señala como un aspecto que no se tomó en cuenta, ya que al ser tan nuevas las garantías de que el negocio fuera rentable, eran menores.
Según el Registro de la Propiedad, las 3 tienen un común denominador: Jonathan Madrigal Blanco. Este hombre de 39 años figura como presidente en dos de las directivas y secretario en una.
La Fiscalía de Legitimación de Capitales le había pedido a Asegosep, el año pasado, rendir cuentas sobre sus inversiones en la empresa Hidrobag Costa Rica SRL, por la participación de un hombre de apellidos Gutiérrez Castro, a quien investigaban por presunto lavado de dinero, pero que fue asesinado el pasado 30 de junio en Moravia.
CRHoy.com ha intentado desde el lunes pasado conversar con Madrigal por varias vías, para pedirle una reacción sobre estos hechos, sin embargo, no ha sido posible localizarlo.
La Asociación agremia a más de 4.000 funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y resguarda los ahorros y cesantía de miles de policías, principalmente, y funcionarios de esas dependencias gubernamentales.