Fiscalía analiza si apelará absolutoria de exdiputado Víctor Hugo Víquez

El Ministerio Público se encuentra analizando si apelará la absolutoria dictada sobre el exdiputado Víctor Hugo Víquez, que le quitó la responsabilidad de influencias por supuestas gestiones indebidas en favor del importador de cemento Juan Carlos Bolaños.

Inicialmente, en marzo del 2023 el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública condenó a 2 años y 8 meses de prisión al exlegislador.

Pero el pasado lunes 17 de junio de 2024, el Tribunal de Apelación de Goicoechea declaró con lugar el recurso de apelación presentado por Víquez y declaró la ‘nulidad total la sentencia impugnada (en lo penal y en lo civil), absolviéndolo directamente de toda pena y responsabilidad'.

Ante este panorama, ahora le corresponde al Ministerio Público determinar cómo proceder. Consultados por CRHoy, esto fue lo que indicaron:

La Fiscalía de Impugnaciones informó que el 18 de junio fue notificada sobre el voto, por lo que, a partir de ese momento, cuenta con 15 días para analizarlo y determinar lo correspondiente.

Los hechos

Víquez fue señalado años atrás de enviar unos mensajes a Vanessa Rosales, expresidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), en donde le hablaba sobre gestiones del empresario de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, para que presuntamente descalificaran a un oferente en una contratación para evitar deslizamientos en un camino que se dirigía hacia el Rodeo de Mora.

Tras los mensajes, la expresidenta de la CNE denunció que había recibido presión por los mensajes del político y se inhibió del proceso de contratación.

En el juicio del año pasado, Víctor Hugo Víquez señaló ante el Tribunal que nunca trató de influir en la jerarca de la CNE y se declaró inocente ante los jueces. Calificó el mensaje enviado a Rosales como coloquial y nunca estaba buscando una ventaja ni para él ni para Bolaños.

"Nunca conocí el despacho de Vanessa Rosales (…) ante ustedes reitero mi inocencia y les pido que se absuelva de toda pena y responsabilidad (…) Nunca en mi vida he cometido un acto de corrupción", manifestó en aquel momento.

Por este caso, el Ministerio Público había solicitado una condena de 4 años. Al final de ese debate, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública lo condenó a 2 años y 8 meses de prisión, además de pagar una indemnización de ₡2 millones por el concepto de daño social solicitado por la Procuraduría y se le inhabilitó de ejercer cargos públicos por 3 años.

Sin embargo, recibió el beneficio de ejecución de la pena y posteriormente apeló la resolución, lo que llevó a anular la sentencia y ser absuelto.