Fiscalía analiza posible entrega de becas de Open English a empleados públicos
La Fiscalía determinará si funcionarios públicos, jerarcas, asesores y personal de confianza recibieron becas o licencias de inglés de Open English pagadas con fondos públicos, y si cumplían los requisitos para acceder a ese beneficio. La solicitud consta en una ampliación de la denuncia que pide investigar el contrato entre el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la empresa, presentada por el abogado José Eduardo Vargas Rivera.
Vargas pide al Ministerio Público obtener la lista completa de beneficiarios y cruzarla con las nóminas del sector público, para determinar cuántos funcionarios trabajaban para el Gobierno Central, instituciones autónomas, empresas públicas, municipalidades u otras entidades estatales cuando recibieron las licencias.
La denuncia aclara que trabajar para el Estado, ejercer una profesión o contar con un título universitario no representa, por sí mismo, una irregularidad. Sin embargo, busca esclarecer si esas personas cumplían las condiciones socioeconómicas establecidas por el INA, en caso de que el programa estuviera dirigido a población vulnerable.
CR Hoy reveló el martes que la denuncia incluye al expresidente Rodrigo Chaves Robles, al expresidente ejecutivo del INA Christian Rucavado Leandro y al actual jerarca de la institución, Edgar Oviedo Blanco, quien asumió el cargo en mayo de 2026, como personas que el denunciante solicita investigar por las anomalías señaladas en la gestión.
Funcionarios por recomendación
La ampliación también pide investigar si existieron listas de personas recomendadas, cupos especiales o mecanismos distintos al procedimiento ordinario para acceder a las licencias de Open English.
Vargas solicita determinar si ministerios, despachos gubernamentales, jerarcas, partidos políticos, asesores, funcionarios del INA o de Radiográfica Costarricense S. A. (RACSA), representantes del proveedor privado o terceras personas recomendaron beneficiarios. Para comprobarlo, pide revisar correos electrónicos, oficios, chats institucionales, hojas de cálculo, agendas y otras comunicaciones relacionadas con la selección de participantes, con el fin de detectar posibles recomendaciones, instrucciones, excepciones o reservas de cupos.
La gestión también busca establecer si alguna persona obtuvo acceso al programa mediante relaciones políticas, personales, profesionales, familiares o contractuales con funcionarios o personas vinculadas con la administración del programa.
¿Personas vulnerables quedaron fuera?
La denuncia plantea otra interrogante: si el INA otorgó licencias a personas que eventualmente no cumplían los criterios, ¿otras que sí estaban en condición de pobreza, desempleo o vulnerabilidad quedaron fuera?
Para responder esa pregunta, Vargas solicitó a la Fiscalía obtener los registros de solicitantes rechazados, en listas de espera o con solicitudes atrasadas. También pide establecer cuánto dinero público costó cada licencia, cuántas se activaron, cuántas registraron un uso efectivo y cuántas personas concluyeron los cursos u obtuvieron alguna certificación.
Con estos datos pretende determinar si el INA sufrió algún perjuicio económico o si la asignación de licencias desplazó a personas que sí cumplían los criterios para recibir el beneficio.
Revisar condición socioeconómica
La ampliación busca esclarecer qué tipo de beneficio entregó realmente el INA: becas, ayudas económicas, cupos de capacitación, licencias gratuitas abiertas a la población general u otra modalidad, dato relevante para establecer qué requisitos debía cumplir cada beneficiario.
Si el INA dirigió el programa a personas de escasos recursos o en condición de vulnerabilidad, Vargas pide revisar si la institución comprobó esa condición antes de entregar las licencias, mediante estudios socioeconómicos o psicosociales, consultas al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), valoraciones de Trabajo Social u otros procedimientos objetivos.
Además, pide obtener los reglamentos, acuerdos, estudios técnicos, formularios y protocolos mediante los cuales el INA definió la población meta y las condiciones para acceder al programa.
Denuncia original incluye a Chaves
La gestión original incluye al expresidente Rodrigo Chaves Robles y cuestiona la planificación, contratación, ejecución, supervisión y pago de los servicios de enseñanza de inglés que el INA financió mediante el consorcio Say Pura Vida! by Open Education & RACSA. También incluye al expresidente ejecutivo del INA Christian Rucavado Leandro y al actual jerarca de la institución, Edgar Oviedo Blanco.
Vargas mencionó en su gestión original como posibles delitos el tráfico de influencias, favorecimiento real y peculado, aunque aclaró que corresponde al Ministerio Público determinar si los hechos tienen relevancia penal y quiénes podrían tener alguna responsabilidad.
Su petición busca que la Fiscalía determine si existieron asignaciones deliberadamente contrarias a las reglas, manipulación de listas, estudios falsos, pagos por licencias improcedentes, favorecimientos o influencias indebidas. En caso de comprobar alguna de esas conductas, Vargas solicita al Ministerio Público identificar a los eventuales responsables y determinar si corresponde atribuirles algún delito.