Fiscalía acusó a novia, familiares y allegados de Diablo por lavado de dinero
Diablo y novia
La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos presentó esta semana la acusación formal contra familiares y colaboradores de Alejandro Arias Monge, Diablo, por la participación en una estructura dedicada a legitimar capitales provenientes, supuestamente, de las actividades de narcotráfico atribuidas al líder criminal. Así lo confirmó una fuente judicial a este medio.
La organización en apariencia lavaba dinero con negocios como puestos de lotería clandestinos, cigarros de contrabando y minisupers, entre otros.
El trámite se hizo luego de que el Tribunal de Apelación de Sentencia Especializado en Delincuencia Organizada ordenara al Ministerio Público concluir la investigación y presentar el requerimiento conclusivo a más tardar el 18 de julio, además de ampliar por un mes la prisión preventiva de ocho imputados del conocido caso Colorado.
Consultado al respecto, durante una conferencia brindada este viernes, el fiscal general Carlo Díaz dijo que debía revisar el estado del expediente, debido a que no conocía la actualización del expediente durante esta semana.
La ampliación de la medida cautelar benefició el plazo otorgado a la Fiscalía para concluir la acusación, la cual ya fue presentada ante el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada.
Los imputados que permanecen en prisión preventiva por esta causa son:
- Andry Brenes Jácamo.
- Anyersson Villalobos Ocampo.
- Jafet Steven Murillo Cano.
- Yohel Fabián Gutiérrez Cisneros.
- Jorge Antonio Portuguez Ferreto.
- Marlon Parra Parra.
- Michael Raúl Jiménez Zúñiga.
- Yerlin Sánchez Guzmán.
Según la investigación, cada uno habría desempeñado un rol específico dentro de la estructura que, presuntamente, administraba recursos provenientes del narcotráfico liderado por Diablo.
Los roles de subordinados de Diablo
El expediente atribuye a Andry Brenes Jácamo la venta de droga a consumidores finales y la custodia de dinero obtenido de esa actividad ilícita.
A Anyersson Villalobos Ocampo lo señalan como uno de los mandos medios encargados de coordinar la distribución de drogas en Pococí, mientras que Jafet Steven Murillo Cano figura como supuesto responsable de almacenar, distribuir y vender estupefacientes.
Por su parte, Yohel Fabián Gutiérrez Cisneros habría colaborado en el transporte de droga y dinero, presuntamente proveniente del narcotráfico.
Dentro de la causa también sobresale el nombre de Jorge Antonio Portuguez Ferreto, oficial de la Fuerza Pública, a quien la Fiscalía atribuye haber utilizado su cargo para favorecer a la organización criminal. Además, lo vincula con robos de ganado ejecutados mediante violencia y privación de libertad de las víctimas.
Por esos mismos hechos también figura Marlon Parra Parra, mientras que Michael Raúl Jiménez Zúñiga aparece como uno de los mandos medios encargados de supervisar la distribución de droga en Pococí y Cariari.
Finalmente, Yerlin Sánchez Guzmán es señalado como el presunto responsable de comercializar ganado bovino y bufalino utilizado para legitimar dinero del narcotráfico. La investigación también lo vincula con la venta de droga obtenida mediante el llamado "basureo", práctica que consiste en recuperar cargamentos de droga abandonados en el mar por otras organizaciones criminales.
La acusación también comprende a familiares de Arias Monge. No obstante, el padre, Rafael Arias; la pareja sentimental, Charlyn Jiménez Villalobos; y una hermana del líder criminal continúan en libertad, luego de que el Tribunal rechazara ampliar por seis meses la prisión preventiva, como lo había solicitado el Ministerio Público.
¿Qué investiga el caso Colorado?
El caso Colorado constituye una de las investigaciones más importantes desarrolladas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contra la estructura financiera de Arias Monge.
La causa no se centra en el narcotráfico o el sicariato, sino en el supuesto mecanismo utilizado para ocultar y legalizar recursos mediante la compra de propiedades, ganado, vehículos, negocios y otras inversiones.
La investigación comenzó a tomar fuerza el 18 de diciembre de 2023, cuando más de 600 agentes del OIJ ejecutaron allanamientos en Limón, Heredia, Alajuela y San José para detener a 29 sospechosos, entre ellos familiares, allegados, excuñados, personas de confianza y exfuncionarios policiales que, presuntamente, colaboraban con la administración del patrimonio de la organización.
Durante esos operativos, las autoridades decomisaron armas de fuego, vehículos, motocicletas, ganado, dinero en efectivo y abundante evidencia financiera que ahora forma parte del expediente presentado por la Fiscalía.