Fiscal solicita a juez trasladar Caso Turesky a Jurisdicción de Delincuencia Organizada
Carlo Díaz, fiscal general de la República, solicitó al Juzgado Penal de San Joaquín de Flores de Heredia trasladar uno de los casos de lavado de dinero y narcotráfico más mediáticos de los últimos años a la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada (JEDO).
El documento al que tuvo acceso CRHoy.com, firmado por el jerarca del Ministerio Público, sostiene que el Caso Turesky cuenta con todas las características necesarias para ser tramitado en ese nuevo despacho, creado precisamente para ser juzgados por su naturaleza de estructuras criminales organizadas.
"Quien suscribe, Carlo Díaz Sánchez, en mi condición de Fiscal General de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 8 y 9 y transitorios I de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, número 9481, artículo 1 de la Ley 8754, por mandato legal, solicito se arrogue la competencia para conocer la presente causa identificada con el número de expediente 18-000092-1219-PE, al considerar que los hechos investigados cumplen con todos los requisitos para ser conocidos en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada", dice el documento.
La banda fue desarticulada por la policía judicial y el Ministerio Público en el 2021 mediante 40 allanamientos ejecutados en San José, Alajuela, Heredia y Limón.
El presunto líder Alejandro James Wilson y otros 22 sujetos fueron detenidos por la presunta participación en la exportación de cocaína a Europa desde Costa Rica.
Asimismo, se les achaca el supuesto tráfico de esa droga desde el sur de América hasta el territorio nacional, donde la almacenaban hasta incluirla en contenedores de mercancías lícitas posteriormente enviados al extranjero.
En aquel operativo fueron capturados tres agentes y un exfuncionario de la Policía Judicial, sospechosos de suministrar información delicada a la estructura.
También fueron capturados encargados de logística de la banda, testaferros, abogados y notarios que legitimaban capitales de la organización.
El grupo además resaltó por las visitas que lograron al menos tres de sus miembros a la Asamblea Legislativa, así como a la Casa Presidencial.
Los argumentos del fiscal
Según Díaz, los imputados se asociaron de manera ilícita y conformaron una agrupación delictiva que se dedicó entre julio del 2018 y abril del 2021 "a delinquir de manera constante y permanente en el tiempo, dedicados al tráfico, almacenamiento, distribución, preparación y venta de drogas de uso no autorizado, específicamente clorhidrato de cocaína y su posterior exportación a países europeos".
El funcionario señaló que los miembros de la organización criminal crearon una estructura a través de la conformación e inscripción de empresas fachada, para legitimar las ganancias obtenidas de la actividad del narcotráfico, por medio de las cuales adquirieron y en algunos casos vendieron bienes muebles e inmuebles.
Según el documento firmado por Díaz, estas personas inscribieron esas propiedades a nombre de las sociedades anónimas que habían creado, de algunos miembros de la organización criminal o bien a terceros mediante la figura de testaferros.
"El modelo operativo adoptado por la organización criminal, consistió en recibir la droga de un país suramericano, de forma inmediata transportarla, almacenarla y dosificarla, para posteriormente, transportarla en pequeñas cantidades por vía terrestre, esto, por medio de vehículos con compartimentos ocultos hasta diferentes zonas geográficas de Costa Rica, especialmente la provincia de Limón", detalló sobre las operaciones.
Añadió que los cargamentos eran enviados a Francia y España, principalmente mediante la "contaminación de contenedores" que llevaban productos lícitos desde Moín, Limón.
Según lo señalado por el jefe del Ministerio Público, los acusados ejecutaron acciones, de manera conjunta o separada, para transportar alijos de droga a distintas provincias del país donde se ubicaban sus propiedades y posteriormente realizaron la distribución de dichos paquetes a nivel nacional e internacional.
"Cada miembro de la organización criminal tenía una función determinante para una correcta ejecución de las actividades delictivas llevadas a cabo por la agrupación, misma que tenía una estructura piramidal, por lo cual cada uno de los miembros realizaba una función específica con la finalidad de almacenar, comercializar, distribuir, transportar, vender y exportar las sustancias ilícitas y posteriormente legitimar las ganancias obtenidas con la finalidad de darle una apariencia de licitud a las mismas", explicó el jerarca del ente acusador.