Fiscal que llevó casos del cemento chino renuncia al Poder Judicial

(CRHoy.com) El abogado José Pablo Miranda Hurtado renunció a su puesto como fiscal, puesto en el que tuvo a su cargo investigaciones como varias de las relacionadas con el escándalo de presunta corrupción conocido como el cemento chino.

Su dimisión fue confirmada el 28 de abril de 2023 por la oficina de prensa del Ministerio Público ante una solicitud de CRHoy.com. Ese mismo día, el jurista se despidió de sus compañeros, toda vez que su preaviso terminaba el 1.° de mayo de 2023, que es feriado en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores.

Dos abogados consultados por este medio apuntaron que el exfuncionario dio el paso al sector privado, donde se unió a la firma BLP, que tiene 20 años de haber sido fundada en Costa Rica, con operaciones en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua

Miranda Hurtado era uno de los funcionarios de mayor confianza de la otrora fiscala general Emilia Navas Aparicio. Con ella fue trasladado a la Unidad Especializada, donde tuvo a su cargo importantes investigaciones contra políticos, servidores públicos y empresarios.

Dentro de las causas que en algún momento tramitó destacan las relacionadas con aparentes irregularidades en la otorgamiento de millonarios créditos por parte de los bancos de Costa Rica (BCR) así como el Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), en favor del importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas.

La primera de las pesquisas se sigue bajo la sumaria 16-000013-0033-TP, por el cual se formuló acusación y solicitud de auto de apertura a juicio (pendiente de resolverse), como lo dio a conocer CRHoy.com el 13 de julio de 2022.

En ese expediente, se persiguen los supuestos de peculado, tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública, falsedad ideológica, uso de documento falso, falsificación de documento público, captación indebida de manifestaciones verbales, así como receptación y legalización de bienes.

La causa persiguió presuntas irregularidades en la negociación, aprobación, desembolsos y posterior renovación de dos líneas de crédito por más de $30 millones ($20 millones para la compra y el equivalente a $10 millones para la nacionalización del producto) para que Bolaños Rojas -en representación de Sinocem Costa Rica- importara al país cemento desde China. Las aparentes anomalías de la alta administración de la institución financiera -ocurridas entre 2015 y 2017- permitieron el otorgamiento y continuo desembolso de fondos públicos en detrimento de los intereses del banco y en favor de la compañía.

En la pieza del Ministerio Público figuran, además de Bolaños Rojas, la expresidenta del Banco de Costa Rica, Paola Mora Tumminelli; así como otros cinco personeros de la entidad financiera, de apellidos Ramírez Rodríguez (director de Gestión de Créditos), Víquez Lizano (ex subgerente de Banca Mayorista), Barrantes Campos (exgerente corporativo de Riesgos y Control de Crédito), Corrales Barboza (ex subgerente de Banca Minorista), Acuña Alvarado (ex subgerente de Finanzas y Riesgo). También fueron acusados los gerentes de la empresa Sinocem de apellidos Rojas Segura y Cortés Zúñiga.

Hechos similares se persiguieron en la causa 17-000013-0033-PE. Allí se dispuso la realización de un debate oral y público en contra del importador de cemento chino, su esposa Laura Suárez Aguiar y sus empleados Rojas Segura y Cortés Zúñiga. También destacan los exfuncionarios Bogantes Brenes (analista de crédito), Gómez Barrantes (ejecutivo de Negocios Corporativos), Thompson Camacho (analista de crédito) y Delgado Negrini (jefe de la División de Banca Institucional Corporativa), además el perito Arias Silesky.

En el caso del Popular se tiene que los servidores en apariencia analizaron y recomendaron un producto financiero, a pesar de que conocían que la empresa beneficiada no tenía la capacidad para atender las obligaciones de pago. Mediante una investigación, se determinó que -en apariencia- Bolaños Rojas, Bogantes Brenes y Gómez Barrantes acordaron ser socios comerciales en la venta de cemento chino, mientras se estudiaba y aprobaba un crédito revolutivo por $5 millones.

Los delitos acusados incluyen influencia contra la Hacienda Pública y falsedad ideológica.

Sin embargo, desde que se ordenó el contradictorio el 3 de noviembre de 2021, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública tiene pendiente el señalamiento de las fechas en las que se celebrará el juicio.

Este medio consultó al fiscal general Carlo Díaz Sánchez que sucederá con ambas causas, tras la salida de Miranda Hurtado, ante lo cual destacó que ninguno de los dos permanece en investigación. Agregó que, en todo caso, se realizaron las coordinaciones necesarias para que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) asuma lo correspondiente en las siguientes etapas procesales, como audiencias preliminares y juicios.

Derivaciones y otros

Producto de las revelaciones periodísticas e investigaciones asociadas al caso del cemento chino surgieron pesquisas adicionales. Algunas de esas quedaron en manos del fiscal José Pablo Miranda Hurtado.

Entre ellos destaca, por ejemplo, la acusación formulada bajo el número de referencia 17-000015-0033-PE contra Juan Carlos Bolaños Rojas y el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez por un viaje que ambos hicieron a Panamá.

Ambos afrontarán un juicio, junto al exgerente de Sinocem de apellidos Rojas Segura, por los aparentes de penalidad del corruptor en la modalidad de cohecho propio, cohecho propio, tráfico de influencias y perjurio. Pero en esa está pendiente de resolverse una apelación formulada en contra de un sobreseimiento dictado en favor del importador de cemento por un cargo de falso testimonio.

También intervino en el expediente 15-000022-0033-PE, aún sin ser conocido en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. En él se achacó a Bolaños Rojas y el exdiputado Víctor Hugo Morales Zapata de los presuntos de tráfico de influencia y aceptación de dádiva por acto cumplido.

Este se relaciona con supuestas acciones realizadas por el exlegislador del Partido Acción Ciudadana (PAC) en procura de aparentes ventajas indebidas para el importador de cemento en la Casa Presidencial, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el Banco Popular.

Dos casos en los que Miranda Hurtado fue parte durante el debate son los correspondientes a las causas 17-000039-033-PE y 18-000040-0033-PE.

El primero se sigue contra Gamboa Sánchez, así como el alcalde de San José, Johnny Araya Monge, y la exfiscala de Probidad, Berenice Smith Bonilla. En ese, los tres sospechosos fueron absueltos por duda el 24 de marzo de 2021.

Pero recién el 8 de mayo de 2023, esa resolución fue anulada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José.

En el otro contradictorio logró el 29 de noviembre de 2022 la condena del excongresista y excandidato presidencial Otto Guevara Guth, a 1,6 años de cárcel e inhabilitación para ocupar cargos públicos, por omisiones en cuatro declaraciones de bienes correspondientes a su último periodo en la Asamblea Legislativa (2014-2018).

Antes de su paso a la Unidad Especializada, Miranda Hurtado estuvo destacado en la Fiscalía Adjunta de Fraudes, donde se encargó del juicio en el que resultó sentenciado el 26 de agosto de 2015 a tres años de prisión el exsecretario de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense (LDA), de apellidos Chamberlain Arias, por estafa.