Fiscal General critica liberación de Turesky y sospechosos de caso Azteca
Considera que los jueces han actuado casi amenazando a los fiscales
Carlo Díaz, el Fiscal General de la República, fue contundente en cuestionar a los jueces que han aprobado la liberación de los sospechosos de narcotráfico y legitimación de capitales, que se investigan bajo los casos Turesky y Azteca.
La cabeza del Ministerio Público reprochó a los juzgadores las presiones que emiten por no tener lista la acusación de estas causas penales, pese a que han transcurrido años desde los allanamientos y los imputados han estado largos plazos en prisión preventiva o bajo otras medidas cautelares.
Díaz criticó a la judicatura e indicó que existe falta de comprensión ante la complejidad de estos casos.
Creo que los jueces no han entendido que estos casos son de crimen organizado, que son casos gigantescos y que no tienen el volumen de los casitos ordinarios que ellos reciben.
Esto lo comprendo en los jueces que no trabajan en la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada (JEDO). Pero no lo comprendo en la Jurisdicción Especializada, porque ellos deberían entender que estos casos no son los ordinarios: son los más grandes, específicos y diferentes que se pueden presentar.
Ellos sí deberían comprender la magnitud de este tipo de casos.
Las críticas del fiscal son una réplica ante el llamado de atención que recibió el Ministerio Público el pasado martes 25 de junio, en una resolución en la cual decidieron no extender las medidas cautelares impuestas contra las 22 personas capturadas en mayo del 2021.
En el voto, los jueces del caso señalaron que el motivo de la liberación era la falta de rapidez de los fiscales del caso. Entre otras cosas manifestaron:
(…) No se vislumbra una fecha cierta, ni siquiera aproximada de cuándo se contará con una acusación formalmente incorporada a los autos, ya que el Ministerio Público no cumplió con la prevención (…), tampoco consta agregada de manera formal al expediente, con lo cual, se mantiene la misma incertidumbre de hace un año, no existiendo justificación entonces para sostener las medidas cautelares, más que convertirlas en una pena anticipada.
En una entrevista con CRHoy días atrás, Carlo Díaz refutó la decisión del Juzgado. Aseguró que se reunió con los fiscales del caso y allí corroboró un ‘mal actuar' de los jueces. Según el jerarca judicial, los jueces no usaron el proceso adecuado para apurar al Ministerio Público.
Hubo de alguna manera, un mal procedimiento por parte de los jueces. El Juzgado de Apelación de San Ramón, cuando se solictaba las prórrogas de la prisión preventiva, venía fijándole erróneamente un plazo, porque ese no es el mecanismo legal para hacerlo.
Cuando el Ministerio Público se tarda en formular un requerimiento, las partes pueden solicitarle a un juez que fije un plazo, haciendo ver que nos hemos excedido en el tiempo y que ya tenemos que formular el requerimiento.
Pero los jueces no lo hiceron a esa solicitud de partes, sino que lo vienen haciendo en las prórrogas de prisión preventiva, prácticamente como es una amenaza: "si ustedes no formulan el requerimiento conclusivo, vamos a soltar a estas personas".
Pero ese no es el mecanismo correcto para liberar a una persona o, en este caso, cambiar las medidas cautelares.
Según el fiscal general, los jueces no deberían tomar en cuenta si la acusación está lista o no, y deberían limitarse a analizar si todavía permanecen los riesgos contra la investigación, tales como si existe peligro de obstaculización, peligro que se fuguen los sospechosos o bien, que haya pruebas suficientes para vincular a los imputados con delitos graves.
Carlo Díaz manifestó que él se reunió con los fiscales del caso para verificar su actuar. Aseguró que, aunque los jueces no podían exigir de esa forma que la acusación estuviera lista, los funcionarios del Ministerio Público ya tenían la investigación terminada.
En ese momento me explican los fiscales también que la acusación estaba formulada, que ellos incluso la tenían en el escritorio. Si los jueces no creyeron eso, le hubieran podido pedir al fiscal que enseñaran el documento, que está firmado y concluido, y eso no lo hicieron.
Posteriormente, cuando yo leo la resolución, prácticamente ese es el argumento que utiliza el Tribunal para ponerlos en libertad. Obviaron el peligro de obstaculización, los elementos suficientes de convicción y el riesgo de fuga.
Simplemente se decantaron por decir que ya han pasado tres años y no está la acusación, pero no verificaron eso y lo pusieron en libertad.
Díaz fue enfático en que los jueces no consideraron que las condiciones iniciales para pedir la medida cautelar no variaron y tampoco verificaron si la acusación estaba lista o no.
Diputados se sumaron
El fiscal general, Carlo Díaz, compareció la mañana de este jueves ante la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico en la cual explicó a los diputados el trámite del caso y el actuar de los jueces, dadas las recientes noticias en torno al caso Turesky.
Luego de una extensa audiencia, el Ministerio Público defendió su posición y varios diputados se sumaron a las preocupaciones sobre cómo procedieron los juzgadores. Una de ellas fue Gloria Navas, diputada, abogada y exjueza, emitió cuestionamientos.
Lo entiendo ahora muy claro, en el sentido que era una condición para efectos de la prisión preventiva y que un Tribunal por lo general, ofrece algunas posibilidades para sustentar la continuación de la prisión preventiva.
Es decir, hace advertencias pero no son vinculantes 150% ni nada por el estilo, sino sugerencias porque hay una persona que está en prisión y está el principio de justicia pronta y cumplida.
Pero me parece a mí que es totalmente exagerada la forma en que se resolvió eso, en un caso tan delicado de tanto tiempo de investigación y todos los atrasos que hay.
Jalones de orejas
No es la primera vez que un juez le llama la atención al Ministerio Público sobre cómo administran los casos importantes de narcotráfico y crimen organizado. Semanas atrás, 3 jueces del Tribunal de Apelación de Goicoechea advirtieron las graves falencias que han cometido funcionarios al llevar el caso Azteca.
En ese expediente se investigó a una supuesta estructura de tráfico internacional de drogas que en apariencia logró conseguir contratos con Acueductos y Alcantarillados (AyA) para lavar sus ganancias, pero la prosecución estaría en el limbo debido a fallas constantes.
En una resolución emitida el 13 de mayo pasado, cuatro supuestos líderes narco quedaron en libertad: no se extendieron las medidas cautelares, al parecer, por presuntos errores de dos fiscales que manejaron el caso.
En esencia, se pidió el sobreseimiento del sospechoso que al inicio aparecía como cabecilla de la banda, tras 9 meses de prisión preventiva. Se trata de un sujeto de apellidos García Junior, que quedó en libertad pese a que supuestamente era quien giraba órdenes dentro de la agrupación. Luego, se trató de atribuir el liderazgo del caso Azteca a otro sujeto.
Otra presunta inexactitud de los fiscales es que en varias ocasiones dijeron que tenían la acusación en un 50% lista, cada vez que pedían extender la prisión preventiva, provocando que los imputados estuvieran más de 2 años en la cárcel.
CRHoy intentó conocer la posición de los sindicatos de la Judicatura sobre estos cuestionamientos del fiscal general, pero al cierre de esta nota, no se recibió respuesta.