Fiscal General Carlo Díaz resalta necesidad de ley de ejecución de la pena

El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez resaltó la importancia de que el país cuente con una ley sobre ejecución de la pena en medio de la lucha que se libra en contra del narcotráfico y el crimen organizado.

El proyecto de ley presentado en octubre anterior por el Poder Judicial no ha sido convocado por parte del Poder Ejecutivo para el actual período de Sesiones Extraordinarias, esto a pesar del llamado desde la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia para que se ponga a conocimiento de los diputados para su discusión. La Presidencia dijo que antes de su envío al Congreso consultaría la propuesta con distintos sectores. 

El proyecto de ley de Ejecución de la Pena regularía los beneficios carcelarios que reciben los privados de libertad. El plan fue elaborado por la Sala de Casación Penal, la Fiscalía General de la República y la Defensa Pública, con el apoyo de jueces especializados en ejecución de la pena.

En declaraciones enviadas a este medio, el fiscal Díaz recordó que en 2015 la Sala Constitucional ordenó a la Asamblea emitir una ley sobre ejecución de la pena. 

Establece que las personas que sean condenadas por crimen organizado, tráfico de drogas, homicidio o femicidio no podrán solicitar esos beneficios. A la vez, describe los derechos y deberes de las personas sentenciadas, para brindar un marco de seguridad jurídica a ese procedimiento, y plantea un desarrollo sobre las funciones del Sistema Penitenciario Nacional, como dependencia del Ministerio de Justicia y Paz que tiene a su cargo el control y vigilancia de la efectiva ejecución de la sanción penal.

"Va a regular el sistema penitenciario. Se va a establecer la salida de las personas de una manera anticipada del sistema penitenciario, tanto por la vía administrativa como judicial. Además, es importante porque establece como se deben realizar las audiencias, pues actualmente no está regulado", comentó Díaz.

En el Poder Judicial otros jerarcas se han manifestado acerca de la necesidad de empezar con esta discusión cuanto antes. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, señaló que al aprobar esta ley se procura garantizar el cumplimiento de penas impuestas a las personas condenadas y dar una seguridad jurídica al debido proceso.

Según Aguirre, esto se logra mediante una clara definición de las competencias de las personas juzgadoras y del Poder Ejecutivo. "Esta propuesta da certeza y seguridad jurídica a los actores encargados de la administración de la justicia, además establece parámetros para uniformar los criterios a la hora de ejecutar sanciones penales y medidas de seguridad impuestas por los tribunales", manifestó Aguirre semanas atrás.