Financiamiento de campaña 2022 en Costa Rica bajo la lupa por lavado de dinero

(CRHoy.com) El origen de los fondos que habrían usado varios partidos políticos para la campaña electoral que está por terminar, está en los ojos de Washington.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, divulgó que existe preocupación por la posible penetración del crimen organizado en  las finanzas de algunas agrupaciones.

Así lo deja ver el Reporte de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2022, donde hay un apartado específicamente para hablar sobre legitimación de capitales en Costa Rica, operaciones y sectores que son más vulnerables a este delito y otros relacionados, en el que hacen un señalamiento directo a las últimas elecciones.

"El financiamiento de campañas es motivo de especial preocupación dadas las elecciones nacionales de 2022", especificó el documento en el espacio llamado "Vulnerabilidades y Metodologías de Lavado de Dinero", refiriéndose a lo analizado en nuestro durante los últimos dos años.

Las investigaciones surgieron desde la Oficina de Operaciones Nacionales, Sección de Investigaciones Financieras (ODF) coordinada por la DEA.

Esa institución gubernamental tiene como objetivo informar y educar regularmente funcionarios y diplomáticos del gobierno de los Estados Unidos, funcionarios de gobiernos extranjeros y militares y contrapartes policiales con respecto a las últimas tendencias en lavado de dinero, narcoterrorismo financiación, banca internacional, corporaciones extraterritoriales, transferencias electrónicas internacionales de fondos y herramientas y técnicas de investigación financiera.

Debido a que Costa Rica es un "país importante para el lavado de dinero" a criterio de Estados Unidos, ese país -según el informe- lo incluyó dentro de las capacitaciones y talleres de lavado junto a Colombia, Panamá, Guatemala, México y Canadá, las cuales están vigilancia de la Casa Blanca por su vulnerabilidad a blanqueo de activos desde diferentes flancos.

TSE asegura que ha alzado la voz

El Tribunal Supremo de Elecciones se pronunció sobre e informe, señalando que desconocen el detalle del mismo, pues de momento no han tenido acceso, pero fueron enfáticos al decir que no es tema nuevo.

"El TSE no ha sido formalmente notificado del  documento emitido en Estados Unidos en relación con el lavado de dinero en la región y puntualmente algunas dudas acerca del financiamiento de campañas políticas. Sin embargo, en esa temática el TSE ha sido especialmente proactivo. Por ejemplo en el año 2013 se presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que no tuvo mayor acogida por parte de ese poder de la República donde se establecían varias medidas, entre ellas, la eliminación de certificados de cesión de la contribución del Estado, conocidos como Bonos de Deuda Política, por ser un mecanismo perverso que podría generar inequidad en la contienda y además ser utilizado para la eventual legitimación de capitales", explicó Andrei Cambronero, letrado del Tribunal.

El funcionario amplió sobre las propuestas al indicar que también entre los años 2015 y 2016 se quiso llevar otras opciones para vigilar el financiamiento pero en ese momento no tuvieron buen ambiente en el Congreso.

"(…) también prever las franjas electorales que es un mecanismo indirecto que permitiría dar un piso de visibilización a todas las agrupaciones políticas, lo cual reduciría su dependencia de capitales externos en el momento de la campaña , muy ligado a esto, un adelanto muy jugoso del anticipo que está establecido en la legislación al cual los partidos pueden echar mano durante la fase de campaña y esperar hasta el reembolso del gasto como es el modelo costarricense, para que cuando más lo necesitan que es justamente en el periodo que va de octubre hasta el día de la elección tengan la posibilidad de acceder a estos recursos de origen lícito", destacó.

Investigaciones en curso

Cambronero confirmó que actualmente se mantienen abiertas 10 investigaciones en curso por denuncias ciudadanas que corresponden a aspectos relacionados con la financiación de campaña del año 2018, las municipales del 2020 y la última del 2022.

También aseguró que hay 22 investigaciones iniciadas de oficio, por parte del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, relacionadas con eventuales incorrecciones con el dinero recibido por parte de algunas agrupaciones que involucran procesos electores del 2022 y los anteriores.

Pese a que hasta ahora EEUU hace un pronunciamiento tan grave como este, en el ámbito local fue un tema muy concurrido el año pasado, principalmente en la  Asamblea Legislativa en comisiones como la Seguridad y Narcotráfico y una especial creada para investigar la penetración del narco en estas lides.

Los diputados emitieron el pasado mes de diciembre, una serie de recomendaciones para las autoridades, con el objetivo de frenar estas posibles incidencias criminales con apoyo a algunos candidatos a cualquier puesto de elección pública.

Entre otras propuestas, se sugirió implementar juzgados especializados en delincuencia organizada, fortalecer las Fiscalía de Legitimación de Capitales, fortalecer el ICD, OIJ y DIS y mejorar la regulación sobre el financiamiento de las campañas políticas que ejerce el Tribunal Supremo de Elecciones.

Por su parte, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, también a finales del año pasado, dictaminó un proyecto de ley (22.560) para que las donaciones a partidos políticos, superiores a un salario base, deban ser realizados por medio de alguna de las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

La medida se optó para frenar las donaciones en efectivo que ingresan a los partidos sin control, mismas de las que se tiene poco seguimiento, por lo que no existe certeza si provienen de algún negocio ilícito como el narcotráfico.

Cuando empiece a regir esta nueva regla, el TSE debe fijar un plazo no menor a 3 meses, para acumular el valor de los múltiples aportes hechos por personas físicas a un partido político.

Luis Antonio Sobrado, expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), compareció el año pasado ante la Comisión Investigadora del Narcotráfico y  afirmó que el modelo actual de financiamiento estatal de partidos políticos "eleva la tentación de recurrir a capitales delictivos".

Guillermo Araya, exdirector del ICD, en el mismo foro de discusión insistió en la necesidad de prohibir las donaciones de dinero en efectivo a los partidos políticos, pues lo catalogó como un portillo para la filtración de recursos del crimen organizado y lavado de activos.