Fideicomiso sanciona por $4.6 millones a contratista por pugna en ruta San José-San Ramón
Ruta Uno alega incumplimiento en informes con correcciones solicitadas
La Unidad Administradora del Proyecto (UAP) del fideicomiso Ruta Uno, gestionado por el Banco de Costa Rica (BCR) para la ampliación de la ruta San José-San Ramón, acordó aplicar una multa de más de $4.6 millones al consorcio H.Solís-TPF Getinsa Euroestudios, adjudicado para la construcción de 2 obras viales contempladas en ese plan.
La sanción está relacionada con el lote 2a del paquete de "obras impostergables" (obis) que impulsó Ruta Uno como antesala a la ampliación global de la carretera.
Las intervenciones contemplaban la ampliación del intercambio del Monumento al Agua, que enlaza Circunvalación con la autopista General Cañas (San José-Alajuela), y la mejora del puente sobre el río Torres (cercanías del Hotel San José Palacio).
La decisión de aplicar la multa consta en el documento RES-2024-1-5, de 133 páginas, firmado el 22 de enero de 2024 por Roy Benamburg Guerrero, representante legal del fideicomiso Ruta Uno.
Ruta Uno adjudicó el proyecto desde 2020 al consorcio H.Solís-TPF Getinsa Euroestudios. Pese a tener el contrato firmado, la orden de inicio para arrancar las tareas estimadas en $15 millones nunca se concretó debido a múltiples pendientes.
Con el Acuerdo de Terminación Anticipada (ATA) acordado entre el BCR y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para cerrar el fideicomiso Ruta Uno a más tardar diciembre de 2024, se dispuso que el lote 2a de "obis" se limite solo a la fase de diseño y no a la de construcción.
El ATA fija una fase de transición en la que la UAP de Ruta Uno finiquitará los contratos vigentes o elaborará los acuerdos de cesión para que el Conavi asuma los contratos que se mantendrían en ejecución.
Fue a partir de esas tareas que Ruta Uno emitió un oficio el 23 de noviembre de 2023 a los representantes de H.Solís y de TPF Getinsa Euroestudios indicando la apertura del procedimiento para establecer la posible sanción económica por aparentes incumplimientos contractuales.
¿Qué es lo que reclama el fideicomiso? Un presunto incumplimiento del contratista con la presentación de las correcciones en los informes de estado de avance de obras, correspondientes a los periodos comprendidos entre agosto 2021 y febrero 2022. Así como entre mayo 2022 y abril de 2023, de conformidad con lo establecido en el contrato.
Los más de $4.6 millones corresponden al 25% del monto total de la posible sanción, pues ese porcentaje es lo que el contrato permite fijar como multa. Es decir, el monto integral supera los $7.5 millones.
En mayo de 2023, ante una advertencia hecha por el fideicomiso sobre la posibilidad de girar multas por estos aspectos, el contratista rechazó la sanción pretendida y refutó cualquier responsabilidad en lo señalado.
Benamburg reiteró que el contratista tiene la posibilidad de interponer recursos de revocatoria y de apelación en subsidio contra la resolución.
La sanción se resolvió luego de que Douglas Soto Leitón, gerente general del BCR, fiduciario del fideicomiso, rechazara el 18 de enero de 2024 una recusación planteada por el contratista contra Benamburg al considerar que adelantó criterio sobre el asunto en disputa y que no podía participar en la resolución del reclamo.
Proyectos fallidos
Pese a que se procuraba iniciar los trabajos desde 2021, eso no ocurrió ante múltiples pendientes. Entre ellos destacaron: un trámite de expropiación para liberar 1 predio y que la Unidad Ejecutora del Proyecto San José-San Ramón (UESR), adscrita al Conavi, determinó que para la aprobación de los estudios y los diseños finales el contratista debía presentar en esos documentos la totalidad de los componentes de las obras.
Según el sitio web de Ruta Uno, la ampliación del puente sobre el río Torres requeriría una inversión estimada de $4.3 millones, mientras el intercambio con Circunvalación costaría aproximadamente $10.8 millones.
En Circunvalación, a la altura del Monumento al Agua, se planteó construir 2 nuevas vías colectoras de 2 carriles, a ambos lados de la carretera actual. Cada una con el respectivo puente, así como la construcción de la conexión necesaria (rampa de ingreso y salida) a la autopista.
En tanto, las intervenciones en el puente sobre río Torres contemplan la demolición y la ampliación de la obra existente, que cuenta con 4 carriles (2 por sentido), para acondicionar una sección de 8 carriles (4 por sentido).
Para la ampliación global, el gobierno apuesta por un financiamiento de entre $500 millones y $550 millones otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). No obstante, el proyecto se retomaría hasta finales de 2027 y estaría concluido en 2030.
El ATA suscrito entre el BCR y Ruta Uno sí establece la continuidad del lote 3 (intercambio de El Coyol), el cual está en fase de análisis de ofertas a la espera del aval de la Contraloría General de la República (CGR).
De igual forma, con el lote 4 se pretende licitar la construcción de los nuevos intercambios en Grecia, Naranjo y San Ramón.
Las "obis", distribuidas en 5 lotes, contemplaban intervenciones específicas que se ejecutarían en 17 puntos de interconexión entre la vía principal y otras rutas. También, se desarrollarían trabajos en puntos que enfrentaban estrechez para los vehículos debido a aspectos como las barreras naturales (puentes, en este caso).
Con base al plan trazado por Ruta Uno, era la fase previa a la ampliación global del corredor entre la capital y el cantón alajuelense, ubicado en el occidente del Valle Central.
Las obras estaban valoradas en $115 millones: $65.75 millones aportados por el Conavi y $50 millones financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).


