Femicidios en el país se concentran en zonas costeras

En lo que va del año, 15 mujeres han sido clasificadas por la Fiscalía Adjunta de Género como víctimas de femicidio y aún quedan 44 muertes violentas más pendientes de clasificar. Una de ellas fue Anielka Silva Salazar, quien murió el 27 de marzo en un bar en Santa Cruz, Guanacaste, cuando su expareja sentimental le habría propinado un balazo en la cabeza luego de que, al parecer, la observara disfrutando y compartiendo con otras personas.

A la lista también se suma Thyra Quirós Jiménez, una joven madre de 29 años que falleció el 10 de agosto, luego de que discutiera con su pareja y en apariencia, este la asesinara en el baño de la casa donde convivían en Guápiles de Pococí, Limón.

Estos casos tienen en común que ocurrieron en zonas costeras y no son los únicos, de las cifras que registra el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, 12 se registraron fuera de la gran Área Metropolitana, cinco en Guanacaste, cuatro en Puntarenas y tres en Limón.

Entre las razones que podrían explicar este comportamiento, de acuerdo con Jeannette Arias Meza, de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, están la autonomía económica y la falta de oportunidades de empleo presentes en estas zonas, en especial, cuando se trata de femicidio de pareja.

"Es mucho más difícil romper el ciclo cuando la víctima depende económicamente ella y sus hijos del agresor, por supuesto que hay todo un fenómeno social y multidimensional, pero la autonomía económica de las mujeres, las posibilidades de ingreso al mercado laboral que tienen y la depresión económica que pueden estar teniendo son factores que inciden. Sumado a la pobreza que existe en algunos de estos cantones y la falta de redes de apoyo", explicó Arias.

Precisamente, si los datos se visualizan por cantón Limón, Corredores, Liberia y Santa Cruz son los que más concentran femicidios durante el 2023.

Perfil de las víctimas

Siete de los 15 femicidios registrados se agrupan en la categoría de femicidio artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contras las Mujeres, que incluye a quienes den muerte a una mujer con la que mantengan o hayan mantenido una relación o vínculo de pareja, sea matrimonial, unión de hecho, noviazgo, convivencia, de no convivencia y casual, aun cuando medie divorcio, separación o ruptura.

Otros ocho se clasificaron como femicidio en otros contextos, una categoría incorporada en la reforma de la Ley de Violencia contra Las Mujeres en 2021 y que recoge las muertes violentas, por género, ocurridas en contextos donde la persona autora se aprovecha de un vínculo de amistad, confianza o parentesco, sea explotador sexual, tenga antecedentes de violencia en el ámbito familiar, entre otros.

Por edad, la víctima más longeva tenía 70 años y la más joven fue una bebé de nueve meses. Sin embargo, el promedio de edad de las fallecidas oscila entre 30 a 40 años, como el caso de Aura Velásquez Rocha de 38 años, que fue encontrada dentro de una cabina en Nicoya, Guanacaste. 

Un nuevo conteo de casos podría elevar el número al cerrar el año, si las 44 muertes pendientes se clasifican como femicidios, no obstante, Arias sostiene que es un proceso que requiere tiempo, pues se trata de investigaciones judiciales aún en proceso.

"Estas muertes no es que no se han clasificado por cuestiones burocráticas, es que para que llegue al seno de la subcomisión tiene que estar hecha toda la investigación por parte del OIJ, por lo que tiene que haber un informe final que incluya la autopsia y toda la evacuación de la prueba que se pidió, son informes que tardan bastante y hasta que llegan al Ministerio Público es que la Fiscalía nos los pasa para la clasificación. Entonces estas 44 que están sin clasificar es porque todavía no hay informe", comentó.

La Subcomisión Interinstitucional para la Prevención de Femicidios toma en cuenta para clasificar un femicidio criterios como vínculos de pareja y socio afectivos actuales entre la víctima y el victimario, componentes sexuales entre las partes como ataques sexuales, acoso sexual, secuestro o privación de libertad, relación de poder, negación a establecer una relación con el atacante, entre otros. 

Busque ayuda

En los Juzgados de Violencia Doméstica ingresan alrededor de 50.000 denuncias de medidas de protección al año, de esas 5.000 son por incumplimiento de medidas de protección y en promedio al año ocurren 30 femicidios, de los cuales, solo uno o dos tenían medidas de protección vigentes. 

"La gran mayoría de víctimas de femicidio no habían acudido al sistema a pedir las medidas de protección. Es importante hacer un llamado para que se rompa el silencio, se soliciten las medidas y se ponga la denuncia", puntualizó Arias.

En el país existen distintas formas de solicitar mecanismos de ayuda ante una agresión, violencia doméstica o violación. La más conocida es el Sistema de Emergencias 9-1-1, pero también destacan el Equipo de Respuesta Rápida del Poder Judicial que atiende denuncias junto con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otras instituciones en las primeras 72 horas de ocurrido el ataque. 

"Todas las mujeres que llegan a solicitar medidas se les hace una valoración del riesgo para saber qué tipo de medidas le vamos a brindar. En la parte penal tenemos la oficina de atención y protección a víctimas, de apoyo psicológico y el programa de protección con personal del OIJ donde se le hace un plan de seguridad que incluye, incluso, una coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) en casos más severos donde necesitan acceso a un albergue", añadió Arias.

El protocolo de las primeras 72 horas consiste en atención de crisis, tratamiento antirretroviral contra infecciones de transmisión sexual, anticoncepción de emergencia, evitar la revictimización y obtener evidencias médico-legales para el proceso judicial. 

Datos del Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género, divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec), revelan que en 2022 211 mujeres menores de edad recibieron atención con el protocolo de las primeras 72 horas por violación, mientras que en mayores de edad el dato fue de 228.