Femicidio de Loida: Juzgado sí podía dejar en prisión preventiva a sujeto que la agredió y terminó matándola
Sospechoso fue detenido en julio tras supuestamente amenazar de muerte a la mujer, pero lo dejaron en libertad
En julio anterior, el Juzgado Penal de La Fortuna dejó en libertad a un sujeto de apellidos González Salazar de 36 años, quien inicialmente fue detenido por -al parecer- maltratar y amenazar de muerte a Loida Villalobos Gamboa. Mes y medio después de ser liberado, el hombre mató de un disparo en la cabeza a la joven, quien era su esposa y con quien tuvo 3 hijos.
De acuerdo con un análisis del caso que realizó crhoy.com en conjunto con la abogada penalista especialista en temas de género, Daniela Vargas, el Juzgado tenía razones suficientes para acoger la petición de prisión preventiva y dejar encerrado temporalmente al sospechoso de agresión, previo a que cometiera el femicidio.
Siempre se dice que las víctimas no están denunciando o vuelven con la pareja, pero en este caso tenemos a una víctima que va al Poder Judicial, pide protección y aun así, el Poder Judicial no la da y la matan. Me parece que incluso podríamos hablar de un feminicidio, que es cuando hay responsabilidad estatal en alguna manera.
La Fiscalía de La Fortuna confirmó que el 14 de julio pasado, el sujeto fue detenido por un aparente delito de maltrato. En ese momento, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, sin embargo, el Juzgado Penal rechazó el requerimiento y ordenó otro tipo de medida cautelar.
Consultado por este medio, el Juzgado de la Fortuna confirmó que atendió el pasado 15 de julio la audiencia de medidas cautelares por este caso, en la cual Fiscalía pidió la medida cautelar más gravosa, es decir, la prisión preventiva. La Defensa Pública en representación del imputado González Salazar se opuso.
"El juez penal que conoció en su momento la situación jurídica del imputado, consideró procedente imponer otras medidas cautelares", replicó el Poder Judicial ante las insistentes consultas de crhoy.com.
De esta forma, al agresor detenido le ordenaron salir de la zona donde vivía Loida, en San Carlos, así como no acercarse a ese cantón. También le impusieron mantener su domicilio en la provincia de Guanacaste, no acercarse, ni mantener contacto y comunicación de forma alguna con la víctima ni con los testigos, así como firmar cada quince días en la Fiscalía de Cañas.
No obstante, estas restricciones impuestas por el juez, cuya identidad no ha sido relevada por el Poder Judicial, no fueron suficientes para impedirle a González Salazar que se mantuviera alejado y no agrediera a su expareja, dado que finalmente, el martes pasado terminó asesinando a la mujer de 34 años.
Juzgado sí podía imponer prisión preventiva y no lo hizo
Según explicó la abogada Daniela Vargas, el Código Procesal Penal permite imponer prisión preventiva mientras una causa judicial se tramita. Si las víctimas de un delito estén en riesgo, el juez está en la obligación de tomar en cuenta este factor, especialmente si se trata de mujeres. Así lo indica el artículo 239 inciso D, de dicha ley:
Exista peligro para la víctima, la persona denunciante o el testigo. Cuando la víctima se encuentre en situación de riesgo, el juez tomará en cuenta la necesidad de ordenar esta me ida, especialmente en el marco de la investigación de delitos previstos de la Ley 8589, Penalización de la Violencia contra las Mujeres, de 25 de abril de 2007, así como otros delitos donde la persona investigada mantiene o haya mantenido con la víctima una relación o vínculo de pareja, sea matrimonial, unión de hecho, noviazgo, convivencia, de no convivencia, casual u otra análoga, aun cuando medie divorcio, separación o ruptura.
La ley es clara que en casos donde el investigado haya mantenido una relación de pareja con la víctima, entonces el juez debió analizar la posibilidad de dejar a González Salazar bajo prisión preventiva.
La jurista explicó que, aunque el sospechoso tuviera arraigos de trabajo y familiares para mantenerse apegado a la investigación, si ya existía un ciclo de violencia, tener un trabajo o vivienda fija no disminuye el peligro del agresor vuelva a atacar a la mujer.
Lo que tenemos que ver también es el razonamiento que utiliza el Juzgado Penal, porque perfectamente lo que pasa que la defensa argumenta que él tiene todos los arraigos. Sin embargo, si ya venía un ciclo atrás sumamente violento, el hecho que él tenga todos los arraigos como domicilio o trabajo estable, eso no va a disminuir el peligro que la mate.
Me parece que el Juzgado Penal falla. Ahora bien, no podríamos decir definitivamente que la culpa la tiene el Juzgado Penal, porque habría que ver cómo lo fundamentó la Fiscalía.
El ordenamiento jurídico ofrece un montón de medidas cautelares, como por ejemplo la prohibición donde dice que la persona no se puede acercar a la víctima, pero una sabe que con estas personas tan violentas, por supuesto que no la van a respetar.
Cabe destacar, que crhoy.com solicitó al Juzgado de La Fortuna cuál fue el razonamiento detrás de la resolución que justificó no imponer prisión preventiva, pero se limitaron a detallar las medidas cautelares impuestas y no dio detalles de por qué tomó esa decisión, dado que el artículo 295 del Código Procesal Penal ordena mantener la privacidad de las actuaciones.
De la misma manera, este medio consultó al Ministerio Público qué justificación recibieron por parte del juez que les rechazó la petición, pero también se apegaron a la misma norma que les impide brindar detalles a fondo de las resoluciones, dado que las audiencias son privadas.
¿Actuó bien la Fiscalía?
Según la abogada consultada por crhoy.com, la Fiscalía de La Fortuna en primera instancia actuó bien, solicitando prisión preventiva para evitar la muerte de Loida Villalobos Gamboa a manos de su expareja apellidos González Salazar.
No obstante, en el caso de que el Juzgado rechazó la petición y la Fiscalía no apeló, también pudo haber incurrido en una falta, si no insistió en tratar de dejar al imputado bajo prisión preventiva. En ese caso, podría ser un error tanto del juez como del fiscal.
"Al final, podríamos estar frente a una cadena de errores. Puede ser por ejemplo que la Fiscalía fundamentó bien la solicitud de prisión preventiva y pese a ello, el Juzgado Penal rechace. Pero puede ser que el Ministerio Público no apelara. Entonces la responsabilidad estatal es aún mayor", señaló Vargas.
Desde el pasado martes consultamos al Ministerio Público si apelaron en julio pasado la resolución que liberó al ahora supuesto femicida, pero la consulta continúa en trámite.
El asesinato se remonta al pasado martes 27 de agosto. Al parecer, cerca del mediodía la mujer estaba en una casa, donde vivió previamente con su expareja. González habría llegado hasta el lugar en un taxi informal, ingresó y presuntamente disparó en la cabeza de su víctima.
Tras el incidente, otros dos hombres que se encontraban en la vivienda forcejearon con el supuesto asesino y le quitaron el arma de fuego. El sospechoso es un hombre de apellidos González Salazar de 36 años, quien fue capturado poco después de que al parecer cometió un delito de femicidio.
Ambos estaban separados desde hace meses por maltratos y violencia sufridos por ella. Loida tenía dos niñas de 5 y 11, y un adolescente de 14 años, todos hijos también del sospechoso. Ellos permanecen bajo el cuidado de los abuelos maternos.
Familiares relataron que el imputado estuvo a punto de dispararle también a una de las pequeñas, quien vio morir a su mamá.
Él le disparó a Loida y después le estaba apuntando a la hija para matarla también. La menor, la de 5 añitos, vio todo. Yo vivo como a 20 metros, ahí fue cuando escuché los disparos, me tiré afuera y llegué y alguien me pasó a la chiquita y yo me la llevé para la casa.
Un primo, la hermana y un hombre quien arreglaba la refrigeradora, fueron testigos de lo ocurrido. Según dijo la prima de Loida, que ellos no pudieron evitar la situación "porque fue algo de inmediato". No obstante, sí lograron impedir que asesinara a la menor de edad.
El caso se mantiene en investigación, dentro de la causa 24-000664-0799-PE.
Poco más de un mes previo al asesinato, González elevó amenazas de muerte contra Loida, según confirmaron allegados de la víctima. Se presume que el sujeto incluso utilizó un cuchillo para amedrentarla.
La Fiscalía de La Fortuna confirmó que el 14 de julio pasado, el sujeto fue detenido por un aparente delito de maltrato. En ese momento, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, sin embargo, el Juzgado Penal rechazó el requerimiento y ordenó otro tipo de medida cautelar.
El Poder Judicial confirmó que el imputado ya tenía abierto un proceso por violencia doméstica, medidas de protección y orden de auxilio policial. Sin embargo, la orden de alejamiento no fue suficiente y el hombre volvió a intentar nuevamente matarla.
Ahora el caso por femicidio se tramitará mediante un proceso judicial más expedito de flagrancia, el cual se espera que se resuelva en los próximos 15 días. Mientras tanto, el sospechoso permanecerá en prisión preventiva.
El expediente por supuesto maltrato previo al femicidio se tramita bajo el numeral 24-000415-1185-PE.