Falta de recursos frena uso de base policial integrada
Imagen con fines ilustrativos
En el 2009, con el afán de luchar contra el crimen organizado, se publicó una ley que incluía la conformación de una Plataforma de Información Policial (PIP) en la que diferentes grupos policiales tendrían acceso a una base integrada para agilizar investigaciones y bases de datos.
Sin embargo, la ley no indica quién debe pagar el monto que cuesta la conexión a la plataforma que hoy se encuentra a un 50% de progreso.
Según Michael Soto, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO), la plataforma está dividida en dos grandes hemisferios que incluye una consulta integrada, en donde están todas las bases públicas de Costa Rica, y una segunda parte que consiste en un correlacionador de identidades.
En esta base contempla la información que está en las bases del OIJ y la idea era que las demás policías como la Policía de Control de Drogas (PCD), Migración, Control fiscal y Dirección de Inteligencia en Seguridad se incorporaran y tuvieran acceso a los datos claves para investigaciones.
Sin embargo, a la fecha, únicamente la PCD está incorporada a la base, ya que el Poder Judicial paga la conexión para tener acceso a la base del Ministerio de Seguridad, pero el resto de entidades no tienen acceso.
"La línea debe ser dedicada por aspectos de seguridad y cuesta $4500 por mes, pero la ley no dice quién debe pagarlos", expresó Soto, quien indicó que las demás entidades deberán asumir el costo pues el OIJ no tiene recursos para esto.
En principio, la ley establecía que la plataforma de información policial va a ser financiada con los recursos que se generen de la ley contra el crimen organizado, pero a la fecha no se ha generado ni un solo colón, pues según Soto, el crimen organizado en Costa Rica tiene que ver con narcotráfico y ya existe una ley que capta esos dineros, los cuales van directo a los fondos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Ante esta situación, las autoridades de la Contraloría General de la República (CGR) han girado disposiciones para que se elabore una estrategia para fortalecer y consolidar la plataforma de la ley que entró en vigencia a mediados del 2011. Otro de los inconvenientes es que varias entidades no han podido incorporarse o no han querido entregar la información.