Expresidente Solís defiende inversiones de su gobierno en Bancrédito
Expresidente Luis Guillermo Solís afronta audiencia para definir si va a juicio por caso Bancrédito
El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, defiende que las intervenciones que hizo su gobierno en el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) -por las cuales se le acusa del delito de influencia contra la Hacienda Pública-, fueron decisiones "adecuadas y responsables con la intención de salvaguardar el interés general".
Así lo indicó a crhoy.com, tras salir al mediodía de este martes de la audiencia preliminar en la cual se definirá si el "caso Bancrédito" se eleva o no a juicio. El exmandatario y cuatro altos exfuncionarios más fueron acusados por el Ministerio Público desde hace más de un año.
Como he dicho tantas veces en el pasado, como ciudadano y como exfuncionario público he venido a rendir cuentas en una audiencia preliminar como debe ser, creyendo firmemente en nuestro sistema de administración de justicia, con toda la libertad y entendiendo que los jueces de la República tienen la integridad para juzgar.
Hemos venido a expresar nuestro caso y nuestro descargo de forma absoluta de todas las acusaciones que se han formulado en el caso Bancrédito. Con mucha serenidad y confianza.
En la causa penal figuran Rivera Solís, así como el entonces vicepresidente y ministro de Hacienda, Helio Fallas, el exministro de Presidencia, Sergio Alfaro, la exviceministra de Egresos y extesorera nacional, Martha Cubillo y Mauricio Arroyo, exsubtesorero nacional, bajo el expediente 20-000115-1218-PE.
Según la hipótesis de la Fiscalía, los imputados habrían convenido el traslado de dinero de la Tesorería Nacional al banco estatal ya extinto, sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja.
Dicha maniobra en apariencia tenía la intención de impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) llegara a decretar la intervención del banco tras serios problemas de liquidez que se enfrentaron y por ende evitar que la imagen del gobierno de entonces tuviera algún tipo de impacto.
El movimiento supuestamente ocurrió con el fin de que la entidad financiera aparentara contar con un índice de liquidez suficiente.
La audiencia preliminar empezó ayer lunes y está para extenderse a lo largo de esta y la semana próxima, se realiza de forma híbrida.
Sobreseimiento
Róger Guevara, el abogado del exmandatario, espera que el caso ni siquiera llegue a juicio. Por el contrario, aguarda que el Juzgado Penal de Hacienda, dicte un sobreseimiento definitivo. Es decir, que el proceso judicial llegue a su fin de una vez.
Todos los elementos objetivos, fácticos y jurídicos están para que el juez pueda tomar una decisión y dictar un sobreseimiento definitivo.
La pieza acusatoria es carente de un montón de elementos relevantes, nos parece que la tesis que ellos tienen no se sustenta con la prueba que consta en el expediente.
Guevara además defendió que las decisiones que tomó el antiguo gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), fueron las apropiadas y en el momento oportuno.
El costo de todas esas decisiones fue cero. Es decir, se hizo un cierre ordenado y correcto del Banco sin afectación a ningún ahorrante, ningún trabajador ni ningún inversionista, ni al Estado.
Al Estado se le devolvieron todos sus dineros con sus respectivos intereses y, por el contrario, se atendió con éxito una situación que pudo ser dramática para el país, para el sistema bancario nacional, el sistema financiero y la economía nacional.
De acuerdo con el abogado defensor, en la audiencia preliminar están aportando pruebas que las decisiones fueron adecuadas en coordinación con las autoridades supervisoras y no hubo daño económico para el país, razón por la cual se mantienen tranquilos.
Una de las piezas claves de la acusación es un informe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR), enviado al Ministerio Público, donde se hizo una relación de hechos de los posibles delitos cometidos al trasladar ¢100 mil millones y $50 millones del Ministerio de Hacienda a Bancrédito.
Así lo dio a conocer crhoy.com, en una serie de reportajes publicados en julio del 2020, momento que fue enviado el informe de la División Jurídica de la CGR a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
En la acusación también figuran Helio Fallas Venegas, exvicepresidente de la República, Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia, Martha Cubillo Jiménez, extesorera Nacional y exviceministra de Ingresos y Mauricio Arroyo Rivera, en su condición de Subtesorero Nacional.
El camino que tomaron ₡100 mil millones y $50 millones que salieron del Ministerio de Hacienda a Bancrédito, entre marzo y abril del 2017 durante la administración de Solís Rivera, con el fin de "salvar" al banco de la quiebra, no habría sido el correcto.
Uno de los aspectos fundamentales del caso es que la forma en la que se justificaron esos traslados y las solicitudes de ampliación de los vencimientos de las llamadas "inversiones" podrían constituir actos ilegales en el ejercicio de los cargos públicos.
El documento de la División Jurídica de la CGR, a la cual crhoy.com tuvo acceso en aquel momento, señala presuntas irregularidades cometidas por el gobierno entre 2016 y 2018 en la compra de títulos al Bancrédito, "gestionados con el objetivo de solventar los problemas de liquidez de este último, lo cual en apariencia repercutió en la afectación del flujo de caja del Presupuesto de la República del año 2018, poniéndose así en riesgo el cumplimiento de compromisos presupuestarios del Ministerio de Hacienda y aumentando el déficit fiscal de dicho período".
