Exploración de oro: Esto proponen proyectos en el Congreso
El Poder Ejecutivo y 5 de las 6 fracciones legislativas de la Asamblea Legislativa coincidieron en evaluar y discutir una reforma legal para permitir la explotación de oro en Crucitas a través de la minería a cielo abierto.
El poner este tema sobre la mesa de la discusión nacional se tomó luego de que trascendiera el fin de la disputa con Infinito Gold, que exigía el pago de $394,8 millones más intereses por la fallida explotación de yacimientos de oro en Cutris de San Carlos.
La discusión está apenas arrancando. El acuerdo al que se llegó el jueves anterior, tras una encerrona en la Casa Presidencial entre el Ejecutivo y los jefes de fracción, fue que en las próximas semanas a través de una mesa de diálogo se empezaría, como primer paso, con el análisis de 2 proyectos de ley que ya están en la corriente legislativa.
Si estos textos legislativos no llegasen a cumplir con las expectativas del Gobierno y los diputados, la siguiente opción sería la redacción de un nuevo texto con el aporte de los distintos sectores con resorte en el tema.
Así las cosas, los 2 proyectos actuales en la corriente legislativa serán las primeras propuestas para crear la legislación para que el país pueda incursionar en esta industria.
Las iniciativas de ley iniciales de esta discusión se tramitan bajo los expedientes legislativos 21.584 y 24.285. El primero fue presentado por los exdiputados del Partido Liberación Nacional (PLN) en el pasado período, María José Corrales y Jorge Fonseca, entre tanto el segundo es autoría de la fracción del Partido Nueva República (PNR).
La propuesta liberacionista
El proyecto de ley presentado por los exdiputados Corrales y Fonseca es el que está más adelantando en su tramitación en el Congreso. La propuesta se presentó en septiembre de 2019 y fue dictaminada afirmativamente por la Comisión de Ambiente de la Asamblea en marzo de 2022. En septiembre del año anterior los actuales diputados aprobaron una ampliación del plazo cuatrienal a la propuesta para evitar su archivo.
El proyecto plantea 3 tipos de minería que se podrían desarrollar en el país, con un marco regulatorio: la minería artesanal, la pequeña y la mediana minería. La propuesta señala que para llevarlo a cabo, las personas o empresas interesadas deberán contar con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Además, deberá cumplir con los requisitos que establece la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Para cada proyecto que se otorgue una concesión se conformará una Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (Comima) con participación de funcionarios del Minae, las municipalidades donde se realice el proyecto, asociaciones comunales y de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que ven temas ambientales, quienes darán seguimiento al trabajo que desarrolle el concesionario.
El proyecto establece la prohibición del uso del mercurio tanto en los procesos de exploración como de explotación de recursos. También prohíbe y el otorgamiento de permisos en parques nacionales, reservas biológicas o forestales y refugios estatales de vida silvestre.
En materia de cánones e impuestos, señala que la empresa que reciba una concesión deberá cancelar un canon anual. Si se trata de un permiso de exploración pagará medio salario base por hectárea.
En el caso de explotación se establecen 3 escalas: minería artesanal, un tercio de salario base por hectárea; pequeña minería, medio salario base por hectárea y mediana minería, tres salarios base por hectárea.
Además, los proyectos aprobados deberán cancelar un 20% de impuesto sobre las ventas brutas que realicen los concesionarios. Ese monto ingresaría al Estado con esta distribución:
- 20% para el fortalecimiento y ampliación de las pensiones del Régimen no Contributivo
- 10% para el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
- 10% para la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil
- 10% para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación
- 20% para las municipalidad en cuya jurisdicción se realice la concesión
- 10% para las municipalidades donde se realice la planificación
- 10% a la Dirección de Geología y Minas del Minae
- 10% a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco)
En el siguiente enlace puede ver el expediente completo 21584
El proyecto de los fabricistas
El expediente del PNR es relativamente nuevo y está empezando su tramitación. La propuesta se presentó en abril anterior y aún no tiene una comisión legislativa asignada para su análisis.
El expediente es relativamente corto. Impulsa promover la titularización de los flujos futuros provenientes de las concesiones de la explotación, o de derechos de no explotación, de recursos minerales y energéticos de Costa Rica para pagar la deuda pública y bajar la tasa de interés.
Añade que el Ministerio de Hacienda deberá reportar, al menos, una vez al año a la Asamblea Legislativa y a la Contraloría General de la República (CGR), un estado de origen y aplicación de los fondos, señalando expresamente lo que se cancela con dichos recursos en términos de la cancelación de la deuda.
"Para efectos de la estructuración de los flujos futuros, estos serán provenientes de las expectativas asociadas a los cánones, impuestos, pagos por servicios ambientales o cualquier otra prestación económica que se generen para el Estado por los derechos económicos que se desprenden de la explotación de recursos minerales, hídricos y energéticos, siempre y cuando no tengan un uso o destino específico asociado. Los flujos probables serán determinados por un verificador externo reconocido y certificado por la Controlaría General de la República (CGR)", dice el texto.
Añade que, en caso de la venta de servicios ambientales por los derechos de no explotación de recursos minerales y energéticos, a solicitud del Ministerio de Hacienda, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) realizará las estimaciones correspondientes a los derechos de no explotación de recursos minerales y energéticos traducidos en toneladas de carbono u otra medida que sea utilizada en los mercados de carbono internacionales.
El texto del proyecto del PNR puede verlo acá 24285
¿Por qué se abrió la discusión?
El Poder Ejecutivo y los diputados acordaron valorar opciones para extraer el oro en Crucitas, pero también propusieron alcanzar una solución a los problemas de seguridad y ambiental en esa zona que está tomada por coligalleros.
El presidente, Rodrigo Chaves Chaces y su Administración son del criterio de que Crucitas debe de explotarse "de manera responsable". Así lo sostuvo el gobernante esta semana cuando trascendió el fin de la disputa con Infinito Gold.
Antes que se tome una decisión final, el Ejecutivo dijo que se dictará una moratoria de concesiones en Crucitas mientras se determina que proyecto legislativo se impulsará para el aprovechamiento de ese recurso que yace en la finca Vivoyet y sus alrededores.
Además, se anunció que el Ministerio de Seguridad aumentará la presencia policial en la zona de Crucitas para combatir la extracción ilegal y proteger los recursos naturales.
La minería a cielo abierto quedó prohibida por ley desde el año 2011.
En el pasado grupos ambientalistas rechazaron el proyecto minero de Crucitas. Distintos sectores apuntaron que la minería a cielo abierto provoca elevados impactos ambientales por daño a la superficie de la tierra.