Expertos refutan proyección del Gobierno sobre reducción en homicidios
Analistas urgen acciones inmediatas
Las proyecciones realizadas por el Gobierno de la República en cuanto a una posible baja en los indicadores de asesinatos para 2024 fueron refutadas por analistas en materia de seguridad consultados por CRHoy.com.
El 6 de diciembre de 2022, el Gobierno de la República presentó el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2023-2026 en el cual se propuso reducir los crímenes hasta 521 al término de su gestión, sin embargo, el instrumento no precisó el cómo.
Las autoridades del Poder Ejecutivo trazaron su hoja de ruta en relación con la cantidad de homicidios e irla bajando paulatinamente hasta el 2026, periodo en que el mandatario Rodrigo Chaves deberá entregar la banda a su sucesor en mayo.
La meta establecida por el Gobierno para 2023 fue de 545 homicidios, sin embargo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) precisó una cifra final de 907, es decir, hubo 362 crímenes más de los que el Ejecutivo se había trazado.
La proyección del Gobierno para 2024 en el Plan Nacional de Desarrollo es de 533, es decir, se le sigue apostando a una rebaja.
Lo anterior contrasta con la presentación de la Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica Segura Plus 2023-2030, en la cual que planteó la cifra de 480 homicidios para ese año, una cifra de 9,5 por cada 100 mil habitantes.
En la presentación del 22 de noviembre de 2023, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) planteó reformar el modelo de gestión de la Policía de Control de Drogas (PCD), la integración a los cuerpos policiales especializados, y el diseño de una estrategia de intervención de frente policial para luchar el fenómeno de los préstamos gota a gota.
No obstante, los especialistas aseguran que las acciones planteadas se requieren hacer de manera urgente y no posponer los resultados hasta el año 2030, tal y como se refleja que está ocurriendo en la actualidad.
Gerardo Castaing, exjefe del Organismo de Investigación Judicial, afirmó a CRHoy.com que tomando en cuenta el estudio fáctico de 2023 se debe analizar los factores como la falta de presupuesto en el Ministerio de Seguridad Pública en materia de prevención primaria del delito.
Castaing indicó que el MSP no cumple su función precisamente por la ausencia de recursos financieros para atender sus planes estratégicos.
En cuanto a la prevención secundaria del delito, afirmó que a la fecha existe un control casi nulo en las redes sociales y en la información patológica de los menores, por lo que calificó como un fracaso las acciones realizadas por el Ejecutivo.
De igual forma precisó que la Asamblea Legislativa también tiene su cuota de responsabilidad y que se requieren acciones articuladas.
De acuerdo con Castaing, las leyes están fuera de época y que si no se corrigen las acciones, el escenario para 2024 se vislumbra peor de lo que ocurrió en 2023.
Gerardo Castaing, exjefe del OIJ
Francisco Dall'Anese Ruiz, exfiscal general de la República, indicó a CRHoy.com que la discusión no es si la meta es o no realista, sino de que no hay claridad en cuanto a las proyecciones trazadas por las autoridades del Poder Ejecutivo para entrarle de lleno a la inseguridad.
El exjefe del Ministerio Público declaró que la actitud del Gobierno no ayuda y que si eso no cambia podría verse un panorama más complicado para el año 2024.
Añadió Dall'Anese que el comportamiento del Poder Ejecutivo denota como si hubiese alguna renuncia a sus intenciones o planteamientos de contrarrestar la situación de seguridad de la cual hoy en día es la principal preocupación ciudadana de los costarricenses.
Indicó además que no es de recibo tomar una actitud de atacar a la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial por los problemas existentes y que el Ejecutivo simplemente no asuma sus responsabilidades en la atención primaria de este tema.
Francisco Dall'Anese Ruiz, exfiscal general de la República
Tras la presentación del programa de seguridad, el presidente Chaves ordenó al Ministerio de la Presidencia desconvocar todos los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo en seguridad, los cuales recibieron cuestionamientos sobre roces con la constitucionalidad.
El pasado 30 de noviembre de 2023 se reunieron las autoridades de los tres poderes de la República y se acordó conformar una comisión para analizar los textos en seguridad. Aún no se tiene certeza del plazo de su finalización y los avances de las mismas.