Experto responsabiliza a presidente Alvarado por caso UPAD

El presidente, Carlos Alvarado

(CRHoy.com).- El abogado experto en protección de datos Mauricio París responsabilizó al presidente, Carlos Alvarado por la creación del decreto y el funcionamiento de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

París dijo que la Casa Presidencial y el presidente de la República son los responsable por el manejo de los datos, dado que el decreto fue claro en decir que la UPAD dependería y respondería al Mandatario.

"El presidente de la República es el responsable. Técnicamente hablando el responsable quien decide con respecto a la base de datos ", dijo el experto este jueves ante la comisión investigadora de este caso en el Congreso.

En dicha audiencia también compareció Esteban Jiménez, experto en ciberseguridad.

Ambos expertos coincidieron en que en la elaboración del decreto presidencial que dio paso a la formación de esta oficina  existen problemas de interpretación  de la Ley de Protección de Datos, específicamente en lo relacionado a la terminología de información pública y datos sensibles.

A la vez, señalaron que la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) no ha podido cumplir con su objetivo de resguardo de la información de los datos sensibles de los ciudadanos, esto por limitaciones presupuestarias y de recurso humano.

Añadieron que desde su perspectiva la Prodhab debería salir del dominio del ministerio de Justicia para que pueda desarrollarse con independencia de criterio.

En su comparecencia dijeron que datos e información sobre el funcionamiento de la UPAD pudieron ser borrados antes del allanamiento de la Fiscalía  a la Casa Presidencial el pasado 28 de febrero.

Además señalaron que en la oficina de la UPAD no garantizaba un manejo adecuado de la información y afirmaron que no hubo un protocolo para el manejo de la información, lo que consideraron "grave".

Añadieron que se cometieron "errores de calado" no solo en la creación del decreto, sino al tratamiento de los datos sensibles que hicieron sus funcionarios por meses, a pesar que dicho decreto apenas rigió por 4 días.

"No se podía válidamente limitar un derechos fundamental de los costarricenses por medio de un decreto de los costarricenses"  , dijo París al respecto.

Este jueves la comisión investigadora conoció además el criterio del Colegio de Abogados en relación a que la Ley del Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) en ningún momento autoriza al gobierno a  realizar convenios con instituciones públicas para facilitar las bases de datos del sistema y menos aquellos que sean datos sensibles.

En su el pronunciamiento JD-08-666-20 del pasado 29 de julio los abogados aseguraron además  que dicha  ley autoriza a instituciones que forman parte del sistema a dar información, incluso sin el consentimiento informado del titular, exclusivamente para nutrir las bases de datos del Sinirube y para cumplir sus fines.

Añadieron que no hay contradicción entre la ley del Sinirube  y la ley de Protección de Datos.