Exministro y asesor de Fernández impulsaron plan para privatizar inspección laboral
Representante sindical afirmó que ambos exjerarcas promovieron el borrador en el Consejo Superior de Trabajo y pretendían enviarlo rápidamente al Congreso
El representante del sector de los trabajadores ante el Consejo Superior de Trabajo, Olman Chinchilla, aseguró que fue el exministro Andrés Romero y el actual asesor de la presidenta Laura Fernández, Alexander Astorga, quienes presentaron e impulsaron el plan de dejar en manos de privados la inspección laboral en centros de trabajo.
El proyecto no avanzó en la administración anterior y el pasado 23 de junio, con la nueva administración, se volvió a someter a discusión en el Consejo (cuerpo conformado por el Gobierno, sindicatos y el sector empresarial). En dicha sesión el sector empresarial y sindicalista criticaron el proyecto al considerarlo "una ocurrencia", mientras que el exministro Roy Thompson dijo que iba contra el principio de legalidad y la ministra de Economía María del Milagro Solórzano lo calificó con un "propósito escondido".
Chinchilla relató que el borrador de la iniciativa fue presentado al Consejo Superior de Trabajo en diciembre de 2025, pocas semanas después de un encuentro organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con representantes del Gobierno, trabajadores y empresarios.
Según el dirigente sindical, fue Romero quien llevó el borrador al órgano tripartito y solicitó que se aprobara con rapidez para remitirlo cuanto antes a la corriente legislativa.
Querían aprobarlo antes de la campaña
Chinchilla afirmó que durante esa sesión el entonces ministro insistió en acelerar el trámite del documento.
Según relató, Romero argumentó que era necesario aprobar el texto cuanto antes porque el proyecto podía "pegarse" o complicarse con el avance de la pasada campaña electoral.
El representante sindical indicó que se opuso a esa pretensión al considerar que un cambio de esa magnitud debía ser consultado previamente con las organizaciones sindicales antes de recibir el aval del Consejo Superior de Trabajo.
De acuerdo con Chinchilla, la oposición del sector trabajador impidió que el borrador avanzara durante la administración de Rodrigo Chaves.
Astorga era una de las contrapartes del Gobierno
Chinchilla aseguró que, durante toda la discusión del borrador, sus interlocutores por parte del Poder Ejecutivo fueron el entonces ministro Andrés Romero y el viceministro Alexander Astorga.
Consultado sobre el papel de Astorga, afirmó que el entonces viceministro mostró un interés particular en la iniciativa, debido a que tenía bajo su responsabilidad los asuntos relacionados con la inspección laboral.
"Él tenía un interés marcado porque era el viceministro que llevaba esos temas. Era una de nuestras contrapartes en las discusiones sobre el proyecto", señaló.
Astorga ocupó el cargo de viceministro de Trabajo durante la administración de Rodrigo Chaves y actualmente integra el equipo de asesores de la presidenta Laura Fernández en Casa Presidencial.
Chinchilla explicó que, tras la oposición de los sindicatos, la propuesta quedó sin avanzar y fue retomada hasta junio de este año, durante la primera sesión del Consejo Superior de Trabajo de la administración de Laura Fernández.
En esa reunión, el entonces ministro de Trabajo, Roy Thompson, manifestó que el texto presentaba problemas de constitucionalidad porque trasladaba a particulares competencias que corresponden al Estado.
A su vez, la ministra de Economía, María del Milagro Solórzano, pidió desechar la propuesta al afirmar que debía quedarse "en la basura donde debe estar", pues, a su juicio, respondía a un "propósito escondido".
El borrador proponía crear la figura de asesores privados acreditados por el Ministerio de Trabajo para verificar el cumplimiento de la normativa laboral en empresas e instituciones. También planteaba un sistema de certificaciones laborales, nuevas facultades para la Inspección de Trabajo y un régimen de sanciones con multas de hasta 50 salarios base, equivalentes actualmente a ₡23,1 millones.
La propuesta ha generado una creciente ola de cuestionamientos desde distintos sectores. En la Asamblea Legislativa, las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA) pidieron al Gobierno de Laura Fernández no presentar un proyecto de ley basado en ese borrador.
El jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramos, calificó la iniciativa como una "idea peligrosa" y solicitó aclarar el supuesto "propósito escondido" al que hizo referencia la ministra Solórzano. Por su parte, el frenteamplista José María Villalta la describió como una "ocurrencia muy peligrosa" y advirtió que implicaría privatizar una función esencial del Estado.
A esas críticas también se sumaron los exministros de Trabajo Roy Thompson, Víctor Morales Mora, Sandra Piszk y Olman Segura. Thompson sostuvo que el borrador presentaba problemas de constitucionalidad al permitir que particulares ejercieran competencias reservadas al Estado.
Morales rechazó cualquier intento de trasladar la inspección laboral a manos privadas y recordó que esa función está respaldada por el Código de Trabajo y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Piszk afirmó que lo procedente es fortalecer y profesionalizar la Inspección de Trabajo, mientras que Segura consideró que las debilidades del sistema deben atenderse reforzando la capacidad institucional del Ministerio de Trabajo y aplicando las recomendaciones de la OIT, en lugar de delegar esas funciones en actores privados.
CR Hoy intentó obtener la versión del exministro Andrés Romero y del exviceministro Alexander Astorga mediante llamadas telefónicas. Sin embargo, al cierre de esta publicación ninguno de los dos atendió las comunicaciones.
