Exigencia del Ministerio de Trabajo pone en riesgo liquidez y pago de pensiones del IVM
El Ministerio de Trabajo (MTSS) condiciona el pago de las facturas al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a que se le entregue información de los beneficiarios. Esto pone en riesgo la liquidez del sistema y el pago oportuno de las pensiones.
Desde el 7 de abril, el Ministerio exige que toda factura de la Cuota Estatal cuente con esa información o no procede con los pagos.
Una auditoría de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indica que la estabilidad financiera del IVM depende del ingreso oportuno de esos recursos. Por ello, cualquier atraso, interrupción o condicionamiento en los pagos genera efectos directos sobre el flujo de efectivo, la liquidez y la capacidad de atender el pago de las pensiones.
El MTSS justificó el requerimiento en un informe del Ministerio de Hacienda que cuestionó "debilidades para verificar a los beneficiarios vinculados a distintas cuentas especiales administradas por la CCSS".
Ante ese escenario, la Dirección Financiero Contable de la CCSS informó que existían limitaciones legales, técnicas y relacionadas con la confidencialidad de los datos para atender el nuevo requerimiento.
Por esa razón, solicitó un plazo de tres meses para analizar integralmente la petición y desarrollar los mecanismos necesarios para suministrar la información requerida.
La Dirección Financiero Contable también advirtió que, debido a la necesidad de liquidez del IVM para cumplir sus compromisos, principalmente el pago oportuno de las pensiones, era necesario que el requisito adicional no se convirtiera en un obstáculo para el giro de los recursos.
La Gerencia de Pensiones respaldó la solicitud y alertó a las autoridades del Ministerio de Hacienda y del MTSS que una interrupción en los pagos compromete la liquidez del régimen y afectar el pago oportuno de las pensiones.
Posteriormente, la Caja realizó coordinaciones con ambas instituciones y avanzó en la revisión técnica y jurídica del tema.
Un criterio emitido por la Dirección del Sistema Centralizado de Recaudación concluyó que sí es viable remitir listados auxiliares de beneficiarios, incluso de manera retroactiva, siempre que se respeten las normas de protección de datos personales y que la información se utilice únicamente para los procesos de verificación y conciliación.
Riesgo para el flujo de efectivo
Al cierre de abril 2026 hay una creciente presión sobre la estabilidad financiera del régimen por la estrecha diferencia entre ingresos y egresos y a la fuerte dependencia de los aportes estatales.
Según el análisis, aunque el IVM mantiene saldos de caja positivos, las estimaciones de ingresos para el período comprendido entre mayo y diciembre de 2026 proyectan en cero las cuotas estatales.
Ese escenario incrementa el riesgo de liquidez, limita la capacidad de pago de pensiones y restringe la posibilidad de capitalizar la cartera de inversiones, lo que afecta la sostenibilidad del régimen en el corto y mediano plazo.
Además, el informe técnico advierte que eventuales retrasos o la falta de recepción de esos recursos tendrían un impacto negativo en el flujo de efectivo del IVM.
El órgano fiscalizador señaló que el ingreso de las cuotas estatales y complementarias constituye un factor crítico para la estabilidad financiera del régimen.
Por ello, el incumplimiento o retraso en esos pagos, derivado de la entrega incompleta o tardía de la información exigida por las autoridades, representa un riesgo operativo adicional para el sistema.
Riesgo para la reserva del régimen
La Auditoría también alertó que los problemas en la recepción de estos recursos podrían afectar la gestión de la reserva del IVM.
Según el informe, una disminución en el flujo oportuno de ingresos limitaría las posibilidades de capitalización e inversión y reduciría la generación de rendimientos financieros.
Incluso advirtió que, en determinados escenarios, la institución podría verse obligada a utilizar intereses o recursos provenientes de inversiones para atender necesidades de financiamiento temporal.
A criterio de la Auditoría, esa situación comprometería el crecimiento de la reserva y su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.
El documento agrega que la Superintendencia de Pensiones (Supen) también identificó debilidades estructurales en la generación y recuperación de ingresos del régimen, asociadas principalmente a los altos niveles de morosidad, especialmente por parte del Estado.
Por ello, la Supen recomendó fortalecer la recaudación y definir estrategias para recuperar la deuda estatal y otras obligaciones pendientes.
