Exalcalde de Santa Ana tiene 4 causas penales abiertas y afrontó 6 investigaciones ante Procuraduría
Gerardo Oviedo está bajo medidas cautelares por una de las causas penales
Gerardo Oviedo, exalcalde que figura como sospechoso de desviar fondos públicos a la asociación deportiva que administraba el equipo de fútbol Municipal Santa Ana, afronta al menos otras tres causas penales adicionales, según confirmó la Fiscalía de Pavas días atrás.
El político aparece en tres expedientes más por supuestamente incurrir en enriquecimiento ilícito, prevaricato y peculado. Todos los casos aún están bajo investigación, al menos hasta mediados de este año.
Las causas penales se tramitan bajo los numerales 21-000024-0283-PE, 22-014850-0042-PE y 22-000676-0283-PE.
A esta se suma la más reciente, por la cual el Ministerio Público lo detuvo y realizó 10 allanamientos en despachos del municipio, en tres casas y en el Comité de Deportes, en conjunto con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para un total de 4.
La Fiscalía Anticorrupción (FAPTA) investiga por el supuesto delito de peculado al exalcalde Oviedo y 12 funcionarios más, por presuntamente usar dineros del gobierno local, pagar gastos del equipo de fútbol de Santa Ana, que recién ascendió a la primera división del fútbol costarricense bajo otra administración. Esta es la causa 23-000014-1218-PE.
De acuerdo con la FAPTA, los hechos ocurrieron entre el 2017 y el 2021, cuando un grupo de funcionarios municipales se encargó de la administración fondos públicos de esa institución y del Comité Cantonal de Deportes. Se presume que, al mismo tiempo, estas personas formaban parte de una asociación deportitva privada.
Por este caso, el exfuncionario descuenta medidas cautelares, las cuales fueron extendidas de forma reciente por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
Al liberacionista no le impusieron prisión preventiva y tampoco le prohibieron que abandone Costa Rica, únicamente debe informar a la autoridad judicial si lo hace.
Las medidas cautelares aplicadas son presentarse a firmar cada 15 días, no acercarse ni entrar al Municipio de Santa Ana, ni comunicarse con testigos, víctimas, denunciantes y otras personas vinculadas a la investigación.
Inicialmente, sobre Marilú Sánchez Venegas, esposa del alcalde hace 38 años y directora administrativa, además otro sospechoso apellidos Solís Vargas de 54 años, también se habían dictado estas directrices.
Denuncias en Procuraduría de la Ética
En los registros de la Procuraduría de la Ética consultados por crhoy.com, existen al menos 6 denuncias contra Gerardo Oviedo que fueron recibidas y tramitadas. Todas ellas ya fueron resueltas, según confirmó la entidad.
El liberacionista fue alcalde de Santa Ana por 18 años, entre el 2016 y el 2024. Las denuncias aportadas por la Procuraduría datan de entre 2019 y 2022. Dos de las denuncias ante esta entidad terminaron en denuncias penales, mientras que la mayoría fueron reenviadas con un informe a la Municipalidad de Santa Ana.
La denuncia fue por la contratación de un familiar de forma irregular, dado que el Código Municipal prohíbe que cónyuges o parientes, en línea directa o colateral hasta el tercer grado del alcalde sean empleados del ayuntamiento.
La denuncia contra Gerardo Oviedo se tramitó bajo el expediente DEP-104-2019 y culminó con la resolución AEP-RES-96-2019.
También se denunció la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Estos hechos terminaron con una denuncia penal ante el Ministerio Público. El expediente fue tramitado bajo el expediente DEP-81-2020.
Ese mismo año se denunció al alcalde por presuntas faltas al deber de probidad al emitir una directriz el 25 de junio de 2020. El caso DEP-109-2020 se cerró porque la denuncia era reiterativa.
Hace 4 años, señalaron al alcalde de haber girado recursos por concepto de cesantía a la Asociación Compañeros Unidos por el Municipio (Acumuni) desde el 2003.
Estos mismos hechos fueron puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República (CGR) y de la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF). Esas supuestas violaciones al deber de probidad tramitadas en la denuncia DEP-132-2020, terminó con una resolución.
Producto de esos mismos hechos, la Procuraduría de la Ética detectó un presunto conflicto de intereses del Alcalde Gerardo Oviedo Espinoza, razón por la que asumió de oficio otra investigación, bajo el numeral DEP-168-2022.
Tras concluir las indagaciones previas, se emitió un informe y se presentó una denuncia penal por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y legislación o administración en provecho propio.
Adicionalmente, en el 2021 el funcionario al parecer emitió una directriz con la cual eliminó requisitos para el otorgamiento de licencias comerciales. Esa denuncia se tramitó con el numeral DEP-165-2021 y la Procuraduría culminó la gestión con una resolución y una acción de recomendación.
Cabe destacar que los casos resueltos o terminados por la Procuraduría que no culminan en una denuncia penal, suelen ser remitidos a la institución que supervisa al funcionario denunciado. En este caso, la Municipalidad de Santa Ana.
Sanción
El 9 de octubre de 2023, la Contraloría General de la República emitió una sanción de treinta días naturales de suspensión sin goce de salario contra el alcalde Gerardo Oviedo, quien fue declarado responsable de irregularidades.
Así se determinó la resolución N.° 14151-2023 (DJ-1549) en el expediente CGR-PA-2022007908:
Declarar a Gerardo Oviedo Espinoza, (…) responsable administrativamente en grado de culpa grave, por lo que se recomienda de forma vinculante sancionar con TREINTA DÍAS naturales de suspensión sin goce de salario, conforme lo establece el artículo 39 inciso b) de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
En la misma resolución se determinó la sanción de Marilú Sánchez Venegas, la esposa y directora administrativa, también fue sancionada por estos hechos:
Declarar a Marilú Sánchez Venegas, (…) responsable administrativamente en grado de culpa grave, por lo que se recomienda de forma vinculante sancionarla con VEINTE DÍAS naturales de suspensión sin goce de salario, conforme lo establece el artículo 39 inciso b) de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Ambos investigados fueron absueltos de la responsabilidad civil. Pese a que presentaron un recurso de apelación contra la sanción, la Contraloría lo declaró sin lugar.
¿Qué responde el alcalde?
Crhoy.com logró conversar por primera vez con el alcalde desde que afronta el proceso penal.
Honestamente le digo: si la Contraloría en ese momento hubiera considerado que eso era un tema del Ministerio Público, ellos mismos lo hubiesen mandado. (…) Nosotros lo que pretendemos es esperar si al final pueden o no pueden acusar.
La persecución que tenemos aquí en este cantón por algunas personas que están en sobre todo en la palestra política es tremenda. Yo no puedo ni siquiera un restaurante porque mandan la información a la Fiscalía
No quiero hacer de pronto más grande esto. Siempre estaremos presentes a responder todo lo que sea. Tengo que pagar abogados para defenderme, hasta los recursos que medio tenía ahorrados ya los gasté.
Yo no sé de dónde saca la gente que yo me tomé dinero. Nunca hice nada indebido entonces yo estoy muy tranquilo con las cuestiones. Si cometí un error, ya la Contraloría hizo el análisis, me sancionaron un mes por una situación de una falta grave administrativa, pero nunca nunca un tema penal.