Estudios y consultorías: los millones consumidos por el tren que quedó en nada
Estudios de factibilidad, elaborados por IDOM, costaron más de $1.1 millones y fueron financiados por BCIE
(CRHoy.com). En el fracasado plan del Tren Rápido de Pasajeros (TRP), conocido como tren eléctrico, se consumieron miles de dólares que, finalmente, quedarán en nada.
Durante la Administración Alvarado Quesada (2018-2022), la mayoría de los recursos que se usaron en el pago de estudios y consultorías provinieron de cooperaciones no reembolsables otorgadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En el estudio de factibilidad, ampliamente cuestionado por las autoridades actuales del gobierno, se destinaron más de $1.1 millones que fueron pagados a la empresa consultora española IDOM.
Sobre ese análisis, el ministro Luis Amador, titular de Obras Públicas y Transportes, cuestionó que existían graves deficiencias. Como ejemplo, citó los planos propuestos para el proyecto.
"Un millón de dólares por un estudio y ese consultor puso el norte hacia el sur. El plano está al revés. Y, ese consultor no hizo un estudio detallado de las presas que se iban a hacer y ese consultor hizo un montón de cosas, no tuvo que hacer. No hizo cosas", señaló Amador, en una entrevista televisiva emitida este martes 28 de junio en el canal 36 de Guanacaste.
Otro aspecto cuestionado por el jerarca radicó en que, bajo su óptica, el TRP no es un "tren rápido", sino un tranvía "lento" que circularía a velocidades de hasta 20 km/h por áreas urbanas
Desde el 10 de junio de 2020, CRHoy.com publicó análisis y reportes sobre las dudas existentes con el estudio de factibilidad del TRP promovido por el gobierno pasado. Por ejemplo, se citan las siguientes publicaciones:
Estudios costos-beneficios del tren eléctrico generan más dudas que respuestas
Incofer destina casi ₡100 millones a consultoría para "analizar" estudio del tren eléctrico
Consultoría ve "complicaciones" en conexión de tren eléctrico con otros sistemas
Mediante "interacción verbal" fiscalizaron estudios de factibilidad del tren eléctrico
Tren eléctrico: empresa española ya tuvo señalamientos por otros trabajos en Costa Rica
Una de las principales voces que cuestionó los estudios de factibilidad elaborados por IDOM fue Luis Enrique Loría Salazar, doctor en economía y miembro investigador en transporte de la Universidad de Aberdeen, en Escocia.
Además del estudio de factibilidad, el BCIE otorgó $570 mil para contratar a 3 consultores "internacionales" que se encargarían de asesorar a la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) que estuvo conformada por Mario Durán (gerente), José Antonio Quirós (ingeniero) y María José Brenes (asistente).
Esos consultores, contratados desde 2019 y por 36 meses, con opción de 12 meses prorrogables, fueron: Carlos Camacho, Juan Gabriel Sauma Rossi y Carlos Arguedas. Ellos devengaban salarios de entre $3.500 y $6.000 al mes con recursos facilitados a Incofer por el banco regional. Así se desglosan esos montos: Carlos Arguedas recibía un salario mensual de $3.500, Marcos Camacho unos $6.000 y Sauma alrededor de $4.700.
En el caso de Durán, Quirós y Brenes, eran funcionarios de planta del Incofer. Sin embargo, al primero se le venció el nombramiento el pasado 8 de julio.
La oficina de prensa del instituto confirmó que, con el freno al plan del tren eléctrico, la UEP quedaba totalmente desmantelada. En caso de que se decida impulsar un nuevo proyecto, se podría conformar una nueva unidad.
"Se ha tomado la decisión de no prorrogar los contratos de todos los miembros de la actual UEP, por lo que, una vez cumplidas las fechas de vencimiento de estos, se dará por terminado dicha relación contractual, según corresponda para cada caso concreto.
" En el supuesto de que se decida continuar con la propuesta actual, o bien se acuerde realizar un replanteamiento para la implementación del TRP, se deberá analizar por parte de la institución las diferentes posibilidades para su concreción, dentro de las cuales se incluye, entre otras, la conformación de una nueva UEP", puntualizó el Incofer.
El gobierno de Alvarado propuso un trazado en sentido este-oeste que abarcaría desde Paraíso de Cartago hasta El Coyol de Alajuela, en 5 líneas independientes.
La pasada Administración planteó desarrollar la obra bajo la vía de la concesión por 35 años, con una inversión estimada de $1.400 millones. De esa cantidad de dinero, los $550 millones aportados por el BCIE fungirían como inyección estatal a la obra.
Este planteamiento obligaría a un subsidio anual de entre $50 millones y $150 millones. El origen de esos recursos nunca estuvo claro. En este se incluían 15 cantones, en un trazado de 84 kilómetros, el cual enlazará Paraíso de Cartago con El Coyol de Alajuela.

