Estudio: Estado debe hacer más para resguardar seguridad de víctimas de violencia
Según un estudio, el Estado debe hacer más allá de una denuncia para resguardar la seguridad de las víctimas de violencia, donde es importante la magnitud de cada caso particular y, a partir de ahí, proponer los abordajes económicos, de acompañamiento psicológico, laboral, de educación y vivienda que permita un abordaje integral.
El informe fue realizado con el examen periódico universal Costa Rica de abril 2024, por la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres; en Costa Rica en promedio 136 mujeres acuden a instancias judiciales a solicitar medidas de protección ante situaciones de violencia.
Larissa Arroyo, abogada especialista en derechos humanos y académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA), colaboró en la investigación y se refirió al tema.
Caso por caso
Denunciar la agresión siempre será un paso necesario y fundamental, pero también se deben determinar las implicaciones para la víctima.
Si se tratara de mi amiga, de mi vecina, de mi prima, mi consejo es que plantee la denuncia, pero que, en la medida de sus posibilidades, piense en un plan previo, porque no es lo mismo si ella convive con la persona o no, si depende económicamente de él, si tienen hijos o si padece alguna enfermedad. Todas estas variables hay que considerarlas, Larissa Arroyo.
Según, Arroyo, la persona afectada no tiene tiempo para pensar en un plan previo.
Ahí, el consejo es llamar de manera inmediata al 9-1-1, porque ellos tienen el personal entrenado para intervenir y trasladar a la víctima a un lugar seguro que puede ser un albergue o donde un familiar.
Asistencia jurídica
La abogada explica que dentro del abordaje integral, se debe garantizar el patrocinio legal a las mujeres víctimas de violencia doméstica.
Las recomendaciones fueron compartidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en febrero del 2023.
Amplíe los servicios públicos de asistencia letrada debidamente financiados a fin de asegurar la asistencia jurídica a las mujeres que no dispongan de medios suficientes en los procedimientos en materia penal, civil y administrativa relacionados con la violencia de género y la discriminación contra las mujeres.
Para Arroyo, el contexto socioeconómico de las víctimas puede ser fundamental y causar un sentido de "desprotección", en caso de que no cuenten con los recursos económicos para costear la asistencia legal.
Desde el 14 de julio de 2023 rige la ley 10.347, donde se adiciona un artículo a la ley de creación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el cual promueve la suscripción de convenios interinstitucionales para el desarrollo y financiamiento de programas de servicios de información, asesoramiento, acompañamiento y patrocinio legal gratuito a mujeres en el marco de procesos judiciales.
Además, iniciativas como el expediente 24.303, están en discusión en la Asamblea Legislativa, para cumplir con las disposiciones y crear un régimen de reparación integral para familiares que han sobrevivido a un femicidio. Donde se incluya asistencia médica, psicológica y representación jurídica.