Estos son los planteamientos que defenderá la oposición con acuerdo firmado este 1.° de mayo

Las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) suscribieron este 1.° de mayo un acuerdo político para impulsar una agenda legislativa conjunta y coordinar acciones en la Asamblea Legislativa.

El acuerdo fue dado a conocer durante un receso solicitado por el PLN, minutos antes del arranque de las votaciones para la elección del Directorio Legislativo.

El documento plantea como eje central la defensa del Estado social de derecho, la independencia de poderes y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, en un contexto de fragmentación política tras las elecciones nacionales.

Las agrupaciones firmantes indicaron que el acuerdo busca responder al mandato ciudadano de garantizar gobernabilidad, pese a las diferencias ideológicas entre las fracciones.

El plan de trabajo se organiza en varios ejes estratégicos, entre ellos seguridad, desarrollo económico, inversión social, derechos humanos y fortalecimiento institucional.

En materia de democracia, el acuerdo plantea reforzar la independencia judicial, agilizar el nombramiento de magistrados —especialmente en la Sala Constitucional— y garantizar libertades como la de prensa, el acceso a la información, la reunión y la manifestación.

También incluye iniciativas dirigidas a poblaciones vulnerables, como mujeres, la comunidad LGBTIQ+, pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y personas con discapacidad, así como el avance hacia un sistema nacional de cuidados.

En el eje de seguridad, las fracciones proponen medidas contra el crimen organizado, como la implementación de la extinción de dominio, la agilización del levantamiento del secreto bancario en casos específicos y un aumento de recursos para el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y la Fuerza Pública.

El acuerdo también contempla la transformación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad en una unidad de inteligencia estratégica de carácter civil.

En el ámbito económico, plantea reformas para promover el empleo, reducir brechas entre regímenes productivos y avanzar hacia un modelo energético competitivo y sostenible, que incluye la prohibición de la exploración y explotación petrolera.

En educación, el documento propone avanzar hacia una inversión equivalente al 8 % del producto interno bruto (PIB) y fortalecer el financiamiento de la educación superior.

En salud, plantea medidas para reducir listas de espera, atender la escasez de especialistas y definir la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social.

El acuerdo también incluye acciones en materia ambiental, como el abordaje de la situación en Crucitas, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el apoyo al sector agropecuario mediante financiamiento e innovación.

El documento incorpora medidas de transparencia, entre ellas sanciones por faltas al deber de probidad, la regulación del lobby, la apertura de datos públicos y controles en el uso de recursos legislativos.

Además, establece "líneas rojas" que incluyen el rechazo a reformas que debiliten la independencia de poderes, la oposición a la concentración de poder en el Ejecutivo y la defensa de instituciones como el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y los órganos de control.