Esto propone plan de intervención de comunicaciones
Legisladores eliminaron posibilidad de que DIS participe en este tipo de acciones
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó, de manera afirmativa, el primero de cinco proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo para intentar contener el crimen y la inseguridad en el país. Se trata del expediente 23.690, Ley para la Modernización de las Intervenciones de Comunicaciones.
El proyecto dictaminado no fue la propuesta original del Poder Ejecutivo. Los diputados decidieron aprobar antes un texto sustitutivo al planteamiento original del Gobierno para corregir lo que a su parecer iba a provocar que la ley fuera inconstitucional.
Fuera la participación de la DIS
Archivo CRH
La principal corrección que los diputados le hicieron a la propuesta del Gobierno fue eliminar una reforma al artículo 10 de la Ley 7425 sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones. Con esa reforma el Ejecutivo pretendía permitir a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) participar en escuchas telefónicas.
El artículo mencionado decía que los jueces podían delegar "en cualquier otro cuerpo policial" la participación en escuchas telefónicas.
Este era uno de los aspectos sobre los cuales habían más cuestionamientos sobre posibles roces con la Constitución, por lo que antes de dictaminar la iniciativa los diputados dejaron claro en el nuevo texto que la DIS, que está adscrita a la Presidencia de la República, no tendrá participación en estas acciones de intervenciones.
Además de la DIS, también se dejó claro que no podrán realizar este tipo de intervenciones las policías municipales.
Así las cosas, estas intervenciones a las comunicaciones seguirán a cargo de los jueces y en algunas excepciones, según el criterio de estos, delegadas en jerarcas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público.
"Este proyecto de ley contenía roces con la Constitución Política. El hecho de que hoy se esté dictaminando un texto sustitutivo que recoge las observaciones del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que señaló serias inconsistencias dentro del proyecto, dice mucho sobre la voluntad de la oposición de corregir el proyecto y permitirle que avance. Esto denota la voluntad de la Asamblea Legislativa de trabajar en el desarrollo de una agenda de seguridad que verdaderamente sirva, en apego a los derechos de todos los costarricenses", comentó el legislador Gilberto Campos Cruz de la fracción del Partido Liberal Progresista.
Otras propuestas
Al proyecto además se incorporaron cambios para que se ampliara la posibilidad de intervenciones a otras tecnologías más allá de las telefónicas fijas y móviles, inalámbrica y digital.
Los diputados también dejaron claro en el nuevo texto que, además del delito de trasiego de drogas, estas intervenciones se podrán realizar para investigación de delitos como la venta de órganos y delitos sexuales, entre otros.
"Dentro de los procedimientos de una investigación policial o jurisdiccional, los tribunales de justicia podrán autorizar la intervención de comunicaciones orales, escritas o de otro tipo, incluso las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas, digitales y por cualquier otro medio tecnológico, cuando involucre el esclarecimiento de los siguientes delitos: extorsión, secuestro extorsivo, corrupción agravada, proxenetismo agravado, fabricación, producción o difusión de pornografía y delitos sexuales contra personas menores de edad; trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y tráfico de órganos; homicidio calificado, homicidio simple, femicidio, genocidio, terrorismo y los delitos previstos en la ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo", dice la propuesta.
A su vez, en la nueva propuesta se fija que estas intervenciones podrán realizarse hasta por 4 meses en cada autorización. La ley actual otorga 3 meses.
"La intervención ordenada se autorizará por un lapso máximo hasta de cuatro meses, salvo en los casos de extrema gravedad o de difícil investigación, en los que el Juez, mediante resolución fundada, disponga una prórroga. Excepcionalmente, se podrán ordenar, por igual plazo, hasta dos prórrogas como máximo. En todo caso, la intervención no podrá exceder el plazo máximo de un año", dice el texto aprobado.
Horacio Alvarado Bogantes, diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC) dijo que el dictamen de la propuesta demuestra el interés del Congreso en priorizar el combate a la criminalidad.
CRHoy.com intentó obtener una reacción del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial alrededor de la propuesta dictaminada, sin embargo no se logró obtener una respuesta.
El resto de las 4 iniciativas convocadas por el Poder Ejecutivo se delegaron a subcomisiones para que, en el plazo de un mes, rindan un informe a la Comisión. También se aprobaron audiencias para conocer la opinión de varios sectores.