Este es el delito que se investiga en compra de bonos al PAC con ahorros de policías

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que el financiamiento que recibió el Partido Acción Ciudadana (PAC) por parte de la Asociación Solidarista de Empleados del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública (Asegosep), para las elecciones del 2022, podría constituir un delito electoral, por lo que mantiene una investigación abierta para determinar si se incurrió o no en el ilícito.

Tal como lo dio a conocer CRHoy.com a inicios de febrero, el partido recibió ¢18 millones de parte del entonces candidato a diputado Rogis Bermúdez Cascante, por el pago de cuatro certificados de deuda política, serie B.

El dinero lo habría obtenido por parte de Asegosep, según consta en correos electrónicos a los que tuvo acceso este medio, además el propio expresidente de la asociación, James Williams Serrano, confirmó el negocio que hicieron con Bermúdez con el objetivo de obtener una retribución una vez que cobraran los bonos, algo que nunca sucedió.

Debido a que el Código Electoral establece que los partidos no pueden recibir donaciones o financiamiento de personas jurídicas, el también expresidente del Consejo Nacional de Producción (CNP 2018-2022) habría comprado los bonos a título personal, razón por la cual en un inicio no se detectó ninguna anomalía.

No obstante, una vez que este medio dio a conocer de dónde provenía el dinero que se le pagó al PAC, el TSE ordenó abrir una investigación.

Ronald Chacón Badilla, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, informó que se investiga la posible comisión del delito tipificado en el artículo 274, inciso a) del Código Electoral.

"En este caso, se investiga la posible comisión del delito electoral tipificado en el artículo 274 inciso a) del Código Electoral, que castiga con pena de prisión de 2 a 4 años a "(…) quien, en nombre y por cuenta de una persona jurídica nacional o extranjera, o persona física extranjera, contribuya, done o realice aportes, en dinero o en especie, a favor de un partido político."; artículo que además debe leerse en consonancia con la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia n.° 15343-2013, que recalca, de forma categórica, la prohibición contenida en los artículos 116 y 128 del Código Electoral, en punto la adquisición de certificados de cesión de la contribución estatal por personas jurídicas"

Chacón añadió que a raíz de las distintas notas periodísticas publicadas, su departamento dispuso el 8 de febrero anterior, de forma oficiosa, la apertura de una investigación administrativa preliminar, bajo el expediente n.° DFPP-EE-002-2024.

"Dada su reciente apertura, se aclara que esta investigación se encuentra en proceso de recopilación y análisis de prueba, de forma que no es posible brindar mayor información sobre el particular", detallaron.

Esta institución había indicado en una primera consulta sobre el tema que personas jurídicas no tienen derecho a ejecutar estas compras, según lo dispuesto por la Sala Constitucional hace 11 años.

"Las asociaciones solidaristas no pueden comprar certificados de sesión de la contribución estatal a los partidos políticos (conocidos como bonos) porque son personas jurídicas y, de acuerdo con la sentencia de la Sala Constitucional n.° 15.343 del año 2013, los bonos sólo pueden ser adquiridos por personas físicas nacionales, bancos del Sistema Bancario Nacional y medios de comunicación colectiva; las asociaciones al no ser ningún tipo de esas 3 personas, no están facultadas para hacerlo", respondió Sandra Mora, directora ejecutiva del TSE.

El caso

Asegosep, al ser una asociación solidarista que agremia a funcionarios públicos, debe recibir un 5% de aporte patronal por cada funcionario y en este caso, al ser personeros de un ministerio de la República, los fondos salen de las arcas del Estado.

Es decir, un porcentaje de la partida estatal que se le entrega a la administración de los fondos de los asociados se destinó a una campaña política y se hizo sin la autorización de la junta directiva, según revela el informe de auditoría incluido en el expediente judicial.

Aun así, según lo detalla el documento, el presidente de la asociación, Williams Serrano, autorizó la compra para apoyar a Bermúdez en su pretención de llegar a la Asamblea Legislativa con el PAC.

El mismo texto, que está en poder de la Fiscalía, señala que Williams no tomó en cuenta la posición del resto de la Junta Directiva, puesto que las reglas de Asegosep, permiten a quien la presida, poder hacer inversiones no mayores a ¢20 millones, sin necesidad de aprobación del resto de los directivos.

La semana pasada el Ministerio Público confirmó a CRHoy.com que la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen de San José también investiga penalmente el caso bajo la sospecha de presunta administración fraudulenta.

El ente acusador del Poder Judicial informó que abrió la causa 23-000320-1220-PE, contra de una persona de apellidos Méndez Hernández.

Acción Ciudadana no figura como parte investigada en esta causa, tampoco otros exmiembros de la junta directiva o miembros de las sociedades que se vieron beneficiadas con el dinero de los oficiales y funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Conocían riesgo delictivo

La Fiscalía de la Asociación conocía de la posibilidad de cometer un acto ilegal al financiar la campaña de Bermúdez Cascante, pues en el informe de labores del 2022 firmado por Luis Ortega Campos, entonces fiscal 1 y Juan Carlos Méndez Hernández, exfiscal 2, se reveló la preocupación que existía en la junta directiva luego de concretarse la inversión, de la cual no tenían certeza de un retorno, y tampoco de que fuera algo amparado en la legalidad.

Los certificados fueron adquiridos a nombre del candidato a legislador, sin embargo, Williams confirmó a CRHoy.com que fueron ellos quienes pagaron la millonaria suma a Bermúdez. Informes de Williams a los asociados, así como correos electrónicos de Bermúdez, aportados a un expediente que tiene bajo estudio el Ministerio Público, confirman que el miembro del PAC recibió la transferencia a una cuenta de Asegosep tras el pago de los cuatro bonos de segunda emisión serie B.

"El suscrito, Rogis Bermúdez Cascante, con cédula de identidad número **********, Ingeniero Industrial, en mi condición de Candidato Primer lugar por San José, por medio de la presente hago constar que el día de hoy he recibido la suma de dieciocho millones de colones de ASEGOSEP, institución que usted representa, mediante transferencia bancaria a mi cuenta IBAN CR*****************, con el propósito de emitir Bonos de Deuda política con un descuento de un diez por ciento (…)", se lee en el correo aportado en el informe.

Se trata de los certificados con los numerales 388, 389, 390 y 391, mismos que fueron firmados por Fabián Solano, presidente a.i. del partido y Karla Arrunátegui, la entonces tesorera nacional de la agrupación."Validar aparente incumplimiento".

En el informe presentado por Ortega y Méndez ante los asociados, dejan ver que existía la inquietud de lo que podía pasar por el pago al partido político que llevaba 8 años en el poder, pues no tenían claridad de si había legitimidad para comprar los bonos.

Incluso los exmiembros de la directiva confirmaron que tuvieron que pagar asesoría legal después de que se había efectuado la compra, pese a que desde un inicio no tenían certeza de si existía prohibición para entrar en ese negocio.

"Inversión compra de bono de deuda política al Partido Acción Ciudadana. Esta inversión, de reciente gestión, por solicitud de ésta Fiscalía, la Junta Directiva autorizó la contratación de una firma de abogados para que la asista en el proceso de revisión que en este momento esta en curso, a fin de verificar la legalidad de la compra, establecer si existe o no posibilidad real de recuperar esa inversión, y además validar el aparente incumplimiento de las prohibiciones expresas que tienen las Asociaciones Solidaristas, conforme el artículo 8 de la ley 6970. Esta Fiscalía advierte que la posible comisión del acto prohibido por ley, se considera una falta sumamente grave por los legisladores, por lo que la sanción a éste posible hecho tiene como consecuencia la destitución inmediata de los asociados que resultaren responsables", señala el informe.

Los entonces miembros de la directiva se comprometieron, una vez concluida la investigación, a brindar un informe a la junta y asociados, sobre los "hallazgos encontrados y toma de decisiones que correspondan", sin embargo, un año después no han hecho público dicho documento.

Consultado sobre el pago de los bonos, Rogis Bermúdez, expresidente del Consejo Nacional de Producción en la administración Alvarado Quesada (2018-2022), puso en tela de duda que la Asegosep haya comprado los bonos.

El exjerarca indicó que "lo mejor es consultarle a tesorería del partido, yo renuncié y no sé quiénes están ahora".

PAC se desmarca

Mediante un comunicado de prensa emitido este martes, el presidente de Acción Ciudadana, Fabián Solano Fernández, explicó que la organización política no tenía conocimiento de la vinculación de fondos con la Asegosep.

Solano negó que negociaran financiamiento con la solidarista y que el partido cumplió con las normativas legales del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

"En relación con los controles internos, el señor Rogis Bermúdez, afirmó en declaraciones juradas que sus aportes para la compra de bonos provenían de fuentes lícitas, sin mencionar Asegosep. No existen pruebas de financiamiento irregular en nuestras fuentes", aseguró.

Añadió que, cuando la Fiscalía de Acción Ciudadana identificó posibles irregularidades en los fondos aportados por Bermúdez, no se disponía de elementos verificables para cuestionar sus declaraciones juradas.