Estado recibió un promedio de 28 demandas por día durante 2017
Cantidad de casos aumentó un 300% desde el año 2011
Solo en 2017 el Estado costarricense se vio envuelto en un promedio de 28 procesos judiciales cada día, en donde privados le reclamaron el pago de millonarias indemnizaciones.
Los reclamos son tan variados como la cantidad misma: un total de 10.231 juicios "fenecidos"; es decir cuyo proceso concluyó con alguna sentencia en favor o en contra de los intereses públicos. No toma en cuenta procesos judiciales activos cuyo trámite no habían concluido al finalizar el año.
Las cifras, obtenidas a partir de datos de la Procuraduría General de la República, evidencian que el Estado se ha convertido en un blanco de demandas cada año más apetecido. El promedio de 28 casos diarios de 2017 toma mayor notoriedad si se compara con los juicios esgrimidos seis años antes: un promedio de apenas 6,9 por día.
El paso de los 2.553 casos a 10.231 representa un incremento del 300% en solo seis años.
El aumento en la cantidad de casos conlleva también un incremento en los recursos económicos que el Estado debe destinar año con año para hacer frente a las sentencias.
En 2011 hubo que desembolsar del Erario público la suma de ₡4.062 millones; para 2017 la cifra subió a ₡36.745 millones; es decir, una variación del 804%.
2015 fue el año en que el Estado más tuvo que sacar de su tesoro para hacer frente a procesos perdidos. Ese año se llegó al récord de ₡20 mil millones.
Sin embargo, el monto es muy inferior a lo que los demandantes han pretendido.
Desde 2011 a 2017 las resoluciones impidieron a los demandantes hacerse con cerca del 95% de los recursos reclamados.
Esto equivale a poco más de ₡675 mil millones que el Estado no tuvo que desembolsar gracias a fallos a su favor.
Consultada sobre el tema, la Procuraduría General de la República expresó su preocupación por el hecho de que en efecto cada año hay más casos, pero los recursos los consideran limitados.
Para atender todos estos casos la Procuraduría cuenta con un total de 64 procuradores A y 30 procuradores B, además del procurador director, procurador general y procurador adjunto, además del personal técnico y profesionales. En total son 337 funcionarios; sin embargo, la atención de los casos recae específicamente sobre cada procurador.
"La urgencia de contar con más plazas ha estado motivada por cambios provocados en la legislación y en el entorno institucional", indicó la entidad.
En específico se refieren a la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo a partir de 2008, el voto 9928 del 9 de junio de 2010 de la Sala Constitucional y la vigencia de la ley 8720 de protección a víctimas y testigos, las cuales han propiciado que se dispare la cantidad de casos.
Otro elemento que se suma a esta mayor presión es la vigencia de la Reforma Procesal Laboral en julio del año pasado que según la entidad "impactó considerablemente la labor de la Procuraduría, en virtud de nuestra competencia de representante legal del Estado ante los Tribunales de Justicia".
La Procuraduría atiende expedientes judiciales relativos a procesos que el legislador define como no contenciosos, en los cuales el Estado tiene un interés predominante o bien, es demandado.
