Esquivel responsabiliza a la Caja por ganar de más de manera ilegal
Ejecutiva tendrá que devolver más de 20 millones de colones
La exmagistrada y actual presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, responsabilizó a la institución por el salario ilegal que devenga desde que fue designada.
La Contraloría General de la República (CGR) determinó que la ejecutiva violó la Hacienda Pública al recibir más pago de lo establecido por ley. Debido a eso, ordenaron que la Junta Directiva instruya la devolución de lo devengado de más.
La Caja emitió la posición de la jerarca en medio de sus vacaciones. Según dijo, cualquier cambio en los salarios solo podrá efectuarse tras la presentación de un nuevo estudio salarial por parte de la unidad técnica competente a la Junta Directiva, máximo órgano y con competencia para estas modificaciones.
"En 2019, la Junta Directiva tomó la decisión de fijar el salario de la Presidencia Ejecutiva, basándose en un informe técnico de la Dirección de Administración y Gestión de Personal. Con la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en mayo de 2022, se hizo necesario ajustar los salarios correspondientes.
Sin embargo, es crucial señalar que la unidad técnica no ha presentado a la Junta Directiva el estudio requerido para estos ajustes. Esta omisión no fue informada a la Junta Directiva por la auditoría interna, lo que resultó en el mantenimiento del acuerdo salarial previo", dijo en su defensa solicitada el mismo día que se publicó la nota.
Así las cosas, aseguró que el recibir un salario ilegal no fue una acción deliberada y afirmó que incluso el expresidente ejecutivo, Álvaro Ramos, recibía la misma cantidad.
Salario ilegal
Desde que fue nombrada, en setiembre de 2022, Marta Esquivel se echa a la bolsa ₡7.158.848,00 por mes, cuando el tope máximo establecido por ley para puestos como el suyo, es de ₡5.565.000,00.
O sea, la exmagistrada devenga ₡1.593.848,00 de más desde hace un año y 3 meses, cuando llegó a la Caja.
La Contraloría determinó que esto viola la Hacienda Pública "toda vez que implica una erogación de fondos públicos superior a la establecida".
El ente explicó que las reformas al sistema remunerativo para el sector público, hechas en diciembre de 2018 con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, disponen a la Administración Central y descentralizada, una serie de restricciones y estándares relativas al gasto público en el ámbito salarial.
De acuerdo con la CGR, con el cambio del gobierno, el 8 de mayo de 2022, los salarios de los nuevos jerarcas, en especial aquellos bajo la modalidad de salario único, debían ajustarse a la limitación del mérito, "toda vez que se activó la restricción al salario mensual equivalente a 20 salarios base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública, que para el caso particular corresponde a la suma de ₡5.565.000,00".
"En razón de lo anterior, al momento de realizar una nueva designación en el puesto de la Presidencia Ejecutiva, máxime considerando que le corresponde un salario único, el cálculo salarial debía ajustarse al marco legal vigente al momento del nombramiento. En el caso concreto, la Presidencia Ejecutiva fue nombrada el día 19 de setiembre, momento para el cual ya se encontraba vigente el tope salarial de ₡5.565.000,00, y no resultando jurídicamente posible establecer un salario superior", explicó la CGR.
Devolución
Así las cosas, el ente ordenó al máximo órgano colegiado de la Caja que tomara los acuerdos necesarios para ajustar el salario de la Presidencia al establecido por ley y al mismo tiempo, instruir la devolución del dinero pagado de más de manera ilegal.
De acuerdo con la Caja, esta instrucción está en proceso de revisión por las autoridades.
"En respuesta a la orden reciente de la Contraloría de la República para recuperar salarios pagados de más, la Junta Directiva está en proceso de revisar y tomar las medidas necesarias para cumplir con lo que corresponda, garantizando siempre la transparencia y el respeto a las normativas vigentes", señaló el Seguro Social.