Entierran millonario plan para multar a choferes con cámaras en carretera

Es oficial. El plan que impulsó el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) para sancionar imprudencias en carretera a través de cámaras quedará en nada.

Se trata del Sistema Integrado para el Control de la Movilidad (Sicom). En febrero de 2020, durante la Administración Alvarado Quesada (2018-2022), el Cosevi y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunciaron un proyecto ambicioso:

La iniciativa, adjudicada al consorcio Gestión Tecnológica ITS, requería una inversión total cercana a los $54 millones. Con contrato firmado, estaba pactado para ejecutarse entre 2020 y 2021, pero las limitaciones en trámites presupuestarios, derivadas del coronavirus COVID-19, provocaron que el plan se quedara atascado.

Un nuevo capítulo se sumó en semanas recientes: la junta directiva de Cosevi optó por rescindir de manera unilateral el contrato. Eso sí, eso no significa que la intención de instaurar sistemas de control vial a través de cámaras o dispositivos tecnológicos sea descartada.

Cindy Coto Calvo, directora ejecutiva de Cosevi, confirmó a CRHoy.com que la decisión se sustenta en asuntos presupuestarios.

"Se rescindió porque no había contenido presupuestario. Era un proyecto muy grande y cuando se hizo era porque había superávit y ya con la reforma de la ley, el Cosevi no tiene los superávits. Entonces, es imposible con el flujo presupuestario pagarlo. Se rescindió y hasta se sacó la resolución con el monto que hay que pagarles a ellos (al consorcio Gestión Tecnológica ITS)", relató la funcionaria.

¿Por qué sucede esto? Antes de entrar a lo que era la Ley de Presupuesto, el Cosevi mantenía saldos acumulados de años anteriores. Lo que se hacía era que el año siguiente se presupuestaban esos recursos y se atendían necesidades institucionales.

Con la incorporación de Cosevi a la ley de presupuesto, en atención a la Ley 9524, los superávits acumulados de los órganos desconcentrados del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deben ser devueltos al fondo general de gobierno.

Entonces, lo que hace el Ministerio de Hacienda es que lo que queda en cuentas a final de año, lo recupera esa cartera y al siguiente vuelven a asignar recursos.

El consorcio Gestión Tecnológica ITS está conformado por Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), la empresa de matriz sueca Sensys Gatso US y la compañía Lanprosa S.A. Entre 2021 y 2022, esa asociación empresarial planteó un recurso de amparo contra el Cosevi por dejar sin contenido presupuestario el contrato administrativo, pero fue rechazado de plano.

"El tema no es que lo hemos dejado. La vigilancia automatizada es un tema en el que hay que trabajar porque es la forma de fortalecer la Policía de Tránsito. No lo hemos dejado. Estamos trabajando y buscando la forma para sacarlo (…) Lo vamos a sacar, pero estamos viendo cuál es la forma", insistió Coto.

CRHoy.com supo que el consorcio ya está enterado de la rescisión contractual unilateral decidida por el Cosevi. No obstante, estarán a expensas de conocer el mecanismo con el que la Administración reconocerá el monto indemnizatorio que se definirá.

El concepto del Sicom iba más allá que un sistema de monitoreo y sanción a través de cámaras en carretera. Permitiría aplicar la foto-multa, pero también otras acciones remotas para el control vial: control de carril exclusivo para buses, video-vigilancia con un centro de analítica, sistemas de control de velocidad, irrespeto a semáforos en rojo, control e irrespeto a la restricción vehicular, control de piques, generación de foto-multas y control de virajes no permitidos, entre otras acciones.

Imagen de la ruta de Circunvalación a la altura de Hatillo. Cortesía Conavi

El Sicom contemplaba la instalación de 100 equipos en distintos puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM), principalmente en la ruta de Circunvalación y en las zonas más transitadas de la capital.

Los dispositivos serían monitoreados desde un centro que se construiría en Cosevi, en La Uruca, y que compartirá la información con otros cuerpos policiales e instituciones. En una segunda fase, se preveía la inclusión de las municipalidades del Valle Central.

Ante la incertidumbre con el proyecto, Edwin Herrera, entonces director ejecutivo del consejo, reconoció en 2021 que existían riesgos con el adjudicatario y estaban a expensas de la existencia de eventuales reclamos legales al no poder ejecutar el contrato firmado.

Herrera dijo en esa oportunidad que más allá del aspecto económico, con la eficiencia para generar multas por malas conductas al volante, procuran atacar los malos hábitos que disparan las muertes en carretera.

Los recursos provenían del fondo libre del Cosevi y la normativa señalaba que se debían usar en proyectos de seguridad vial.