Empresarios y sindicato se suman a críticas contra reglamento 5G

El sector empresarial y sindical del país expresó su oposición al reglamento de ciberseguridad para redes 5G.

Este miércoles los diputados de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa recibieron en audiencias a representantes de la Junta Directiva de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC), de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM) y de la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía del ICE (ASDEICE) para que se refirieran a esta propuesta del Poder Ejecutivo.

El decreto del Poder Ejecutivo 44196-MSP-Micitt deja a las empresas chinas fuera del desarrollo de las redes 5G en Costa Rica. Los diputados concluyeron que el Gobierno "tomó una decisión política y no técnica" sobre este decreto y su decisión de excluir a las empresas chinas.

Este miércoles por parte de INFOCOM, Ana Lucía Ramírez dijo a los diputados que el grupo empresarial tiene preocupaciones sobre este decreto y aseguró que el Poder Ejecutivo no les consultó al sector de previo a su presentación sobre esta propuesta.

Mencionó que la redacción del decreto tiene un impacto sobre la seguridad jurídica y que en el progreso de las inversiones de los operadores y gestiones de negocios para el despliegue de sus redes. 

Ramírez añadió que semanas atrás enviaron una serie de observaciones sobre el decreto a la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, pero que hasta la fecha no han tenido una respuesta por parte de la jerarca.

"Fue una sorpresa, no conocíamos el texto. Nunca se nos consultó a la industria en un tema tan importante como lo es la ciberseguridad. El decreto nos pone un alto en el camino y nos cambia las reglas de un momento a otro. Es necesario un análisis minucioso para minimizar un impacto negativo", dijo Ramírez.

La representante de INFOCOM también mencionó que hay una preocupación por la propuesta del Ejecutivo y los atrasos en la ruta del proceso 5G. "Habrá un impacto en las inversiones, lo cual irá en detrimento de la economía, las personas y las empresas. Las telecomunicaciones tienen un impacto en todos los sectores de la economía", añadió Ramírez.

Por parte de CAMTIC la representación en la comisión del sector estuvo a cargo de Paul Fervoy, presidente de la cámara.

Fervoy dijo que la organización consultó a los más de 200 afiliados sobre el decreto y que el 3 de noviembre enviaron una nota a la ministra Bogantes con sus apreciaciones. Entre los principales señalamientos, CAMTIC dijo que lamentaron la falta de consulta a los sectores sobre el decreto y expresaron la preocupación por las limitaciones que el documento establece.

"El despliegue de la red 5G es un hito crucial, pero surgen preocupaciones sobre la ciberseguridad y la regulación propuesta. Se debe garantizar la participación activa del sector. La exclusión de oferentes en el mercado de 5G podría tener consecuencias en la competitividad e innovación del sector, cualquier restricción tiene un impacto en el mercado y en los usuarios finales", dijo.

Fervoy también expresó que hay una preocupación sobre la interpretación del Poder Ejecutivo del Convenio de Budapest.

"No es un estándar técnico de ciberseguridad, sino más bien un tratado dirigido a recomendar una tipificación legal estándar de crimen cibernético, que podría tener implicaciones en la competencia y participación de oferentes en licitaciones públicas. Esta medida impacta negativamente en la neutralidad tecnológica establecida por el país y reflejada en tratados internacionales como el CAFTA, pues restringe la diversidad de proveedores, limitando la participación de elección y limitando la evolución tecnológica del país", dijo Fervoy.

Desde ASDEICE el vocero fue Aaron Chacón, su director ejecutivo. Chacón lamentó que en el decreto "no imperan los elementos técnicos".

"Lo técnico debería ser lo imperante y no criterios geopolíticos, como consideramos que está sucediendo".

Chacón mencionó respecto al Convenio de Budapest que este pudo haberse tomado como referencia, pero dijo que proponerlo como obligatorio para las empresas y países "podría ser un sesgo para favorecer a empresas y excluir a otras".

Agregó además que, tal y como está planteado el reglamento, obligaría al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en invertir en equipos que no tenía previstos.