Empleados del Invu investigados tras despido de gerente por pérdida de confianza
Cinco funcionarios del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu) figuran en investigaciones internas junto al exgerente general, Marco Hidalgo Zúñiga, cesado este lunes por pérdida de confianza tras una investigación publicada por este medio.
Gabriela Madrigal, presidenta ejecutiva, indicó que están en un proceso de recopilación de información con distintos procedimientos administrativos abiertos.
"Estamos en la gestión de reunir toda la información. Hay varios procedimientos en curso y otros que están próximos a abrirse", señaló.
En la próxima sesión de junta directiva, se dejará documentación clara y respaldada para asegurar la continuidad de los procesos.
"Ese día estaremos dejando una cantidad importante de insumos para que la nueva presidencia ejecutiva y la nueva Junta Directiva puedan dar seguimiento a los casos, continuar con los trámites y resolver los asuntos en curso", explicó.
Madrigal subrayó que estas acciones se adoptan ante la gravedad de los hechos, con el objetivo de garantizar que las investigaciones y procedimientos administrativos avancen conforme corresponde.
Bajo investigación
Los funcionarios investigados son Tatiana Mora, encargada de Comunicación; Wilman Carpio, jefe de la Unidad de Finanzas; Eva Jiménez, encargada de Recursos Humanos; Ricardo Rodríguez, jefe de Tecnologías de Información (TI); y Olga Rojas, funcionaria de la Unidad de Cobros.
Las pesquisas ya fueron conocidas por la junta directiva del Invu y se enmarcan en una serie de cuestionamientos sobre la gestión administrativa, contratación de servicios y controles internos dentro de la institución.
El próximo jueves se efectuará la última sesión de la actual junta directiva, donde según la jerarca se comprometen a dejar lista toda la documentación relacionada a los procesos abiertos contra funcionarios ligados al exgerente, para que la nueva junta pueda tomar decisiones.
"Tenemos algunos pendientes sobre los que tenemos que tomar decisiones y ya después del jueves podemos hablar puntualmente sobre eso", dijo Madrigal.
Uno de los principales señalamientos apunta a un contrato con la empresa Logística Transaccional del Istmo (LTI), por el cual el INVU habría desembolsado cerca de ₡1.600 millones durante varios años, pese a advertencias internas que cuestionaban la necesidad del servicio.
A esto se suma la concentración de control de sistemas clave. Según informes, habría limitado la supervisión técnica y generado una dependencia de proveedores externos.
Los informes advierten sobre contrataciones que avanzaron pese a criterios técnicos y administrativos en contra, así como posibles obstáculos en la entrega de información durante procesos de investigación interna.
Además, se documentan pérdidas que superarían los ₡400 millones, lo que llevó a recomendar una intervención institucional para corregir los riesgos detectados.
Dentro de los hallazgos también figuran contratos por unos ₡70 millones adjudicados desde el área de Comunicación, a cargo de Tatiana Mora.
Uno de esos contratos, por ₡43 millones, habría sido otorgado a una productora audiovisual que, según los informes, operaba desde un salón de belleza, lo que generó dudas sobre la idoneidad del proveedor.
La salida de Hidalgo también estuvo marcada por otros cuestionamientos, como la pérdida de un proceso judicial en el que no se presentó como testigo, así como decisiones administrativas que generaron dudas dentro de la institución.
Las autoridades ahora analizan el alcance de las responsabilidades individuales de los funcionarios señalados, en un proceso que podría derivar en sanciones administrativas o eventuales acciones judiciales.
Por ahora, el caso sigue en desarrollo mientras se revisan los informes y se determina el grado de participación de cada uno de los involucrados.