Ejecutivo dejó por fuera plan para endurecer arresto domiciliario
Plan consiste en reforma al Código Penal
La Casa Presidencial dejó por fuera de la convocatoria a las Sesiones Extraordinarias en el Congreso el proyecto de ley que busca endurecer los requisitos para que los privados de libertad puedan acogerse a la modalidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica.
A pesar de que este plan es una de las 10 prioridades definidas desde enero pasado por los jerarcas de los supremos poderes para contener la ola de criminalidad y violencia, el Poder Ejecutivo no convocó el plan en este período en el cual maneja la agenda de los diputados.
Los proponentes de la iniciativa, la diputada independiente Gloria Navas Montero y el diputado de Liberación Nacional (PLN), Gilberth Jiménez Siles, aseguran que es necesario endurecer estos requisitos porque a pesar de que el arresto domiciliario con tobillera busca disminuir el hacinamiento en las cárceles e incentivar la reinserción social de los sentenciados, "con el pasar del tiempo, ha sido vulnerada de manera reincidente por un porcentaje importante de reclusos que tiene el disfrute de esta medida, que han incidido en la comisión de algún hecho delictivo".
Navas y Jiménez exhortaron al Gobierno a convocar el expediente para que los legisladores puedan darle trámite en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y enviarlo al plenario para su votación. La intención, según dijeron, es buscar un mecanismo de vía rápida en el Congreso para agilizar su discusión.
"Se busca mediante este proyecto de ley limitar el otorgamiento del arresto domiciliario con monitoreo electrónico, esto sin detrimento de que se siga contribuyendo con esta herramienta tan valiosa, a la disminución del hacinamiento de los centros carcelarios y lograr la efectividad del principio de inserción social, esta iniciativa no deja estos principios de lado, lo que establece es poder tener un mejor control, en cuanto a las personas que reciben este beneficio y bajo las condiciones que se otorga, y así obtener una disminución de la reincidencia de la población privada de libertad en la modalidad de monitoreo electrónico", explicó la diputada Navas.
¿Cuáles son los cambios puntuales?
La iniciativa de ley busca para ello una reforma al artículo 57 bis del Código Penal.
Actualmente, este beneficio de arresto domiciliario con tobillera se le otorga a los delincuentes primarios con condenas no mayores a los 6 años. Además, se permite conceder el beneficio a personas que hayan sido sentenciadas por delitos como robo y de tipo sexual que no sean contra un menor de edad.
En la siguiente ilustración se muestran los principales cambios que propone el proyecto de ley en relación con los años de condena y los delitos tipificados para prohibir su implementación.
Algo importante que señalar es que la norma vigente establece que este beneficio no se puede conceder a los culpables de delitos relacionados con el crimen organizado, delitos sexuales contra menores de edad y delitos con armas de fuego. Estas disposiciones seguirían vigentes de aprobarse la reforma.
La propuesta también plantea cambios con relación a las disposiciones para revocar este beneficio a los privados de libertad
La propuesta de ley de Navas y Jiménez se tramita bajo el expediente 24.096 y puede verla completa en este enlace 24096
Algunos datos
La Dirección General de Adaptación Social (DGAS) señaló que al 2 de mayo de 2023 se contabilizaba un total de 1.829 personas procesadas con la medida alterna de arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
En el primer informe estadístico trimestral de 2023 del Ministerio de Justicia y Paz se señaló que de estos 1829 privados de libertad bajo esta modalidad un grupo de 157 (8,6%) fueron reincidentes en la comisión de un delito.
Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que una cantidad significativa de reos, la mayoría de ellos con el beneficio del monitoreo, contabilizan un número importante de pasadas policiales por el archivo policial, donde figuran delitos como robos agravados, venta de drogas e inclusive delitos más graves como lo es el homicidio, violaciones y abusos sexuales.
¿Qué dijo Presidencia?
En materia de seguridad, el Poder Ejecutivo convocó para su discusión solamente los expedientes 23.690, 23.834 y 23.986. Estas iniciativas buscan reformar el procedimiento para la intervención de las comunicaciones, impulsar cambios en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y para cambiar la manera en que se dicta la medida de prisión preventiva, respectivamente.
Sin embargo, en la agenda de las Extraordinarias quedaron por fuera estas otras 4 iniciativas. Además de este plan para cambiar el tema del arresto con monitoreo electrónico, tampoco entraron los siguientes expedientes:
- Expediente 24.095: Ley para el Fortalecimiento del Marco Sancionatorio de los Delitos Cometidos con Armas de Fuego
- Ley para Agravar la Penalidad del Autor, Instigador y Cómplice que Participen Personas Menores de Edad en la Comisión de Hechos Delictivos, que se presentó bajo el expediente 24.194
- Reforma a los artículos 9, 58, 59, 106 Y 109 y Adición de un artículo 79 Bis de la Ley N. 7.576 de Justicia Penal Juvenil, que se presentó bajo el expediente 24.175.
En atención a una consulta enviada por este medio, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, dijo que la primera convocatoria de proyectos a las Sesiones Extraordinarias "es una señal" del Poder Ejecutivo sobre sus prioridades y que por ello se está enfocando en estas 3 iniciativas. La jerarca dijo que en próximos días se podría ampliar el listado de iniciativas.


