Docentes cuestionan investigación del MEP sobre incapacidades psiquiátricas
El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) cuestionó una solicitud del Ministerio de Educación Pública (MEP) para recopilar información sobre incapacidades otorgadas por especialistas en Psiquiatría a funcionarios entre enero de 2025 y junio de 2026.
La organización considera que la medida envía un mensaje de desconfianza hacia los educadores y desvía la atención de los problemas que, según afirman, han afectado la salud mental del personal docente.
La polémica surgió tras la circulación de un oficio firmado por la viceministra administrativa, Sofía Ramírez, en el que se pidió a las direcciones regionales recopilar información sobre incapacidades psiquiátricas presentadas por funcionarios.
Entre los datos solicitados por el MEP figuran:
- Nombre del funcionario.
- Número de identificación.
- Centro educativo donde trabaja.
- Cantidad de incapacidades presentadas.
- Total de días incapacitados.
- Fechas de inicio y finalización de cada incapacidad.
- Nombre del médico tratante.
- Centro médico que emitió la incapacidad.
Además, el ministerio pidió identificar casos que presenten situaciones como:
- Incapacidades consecutivas.
- Muchos días acumulados de incapacidad.
- Incapacidades emitidas varias veces por un mismo médico.
Colypro: "Es una barbaridad"
El presidente de Colypro, César Toruño, rechazó la medida y cuestionó que el MEP dedique esfuerzos a revisar incapacidades psiquiátricas en lugar de atender los problemas laborales que, según afirmó, afectan la salud mental de los docentes.
"Lo que debería estar preguntando y cuestionándose es cuál es el nivel de salud mental de los funcionarios de la educación costarricense y por qué se ha deteriorado", manifestó.
Según Toruño, el magisterio enfrenta una situación complicada marcada por sobrecarga laboral, salarios congelados, interinazgos prolongados, problemas de infraestructura y conflictos dentro de los centros educativos.
El dirigente considera que la iniciativa da la impresión de que la prioridad del ministerio es buscar posibles irregularidades en las incapacidades y no atender las causas que afectan la salud mental de los funcionarios.
"Es una barbaridad. En lugar de preguntarse por qué los docentes están llegando a ese punto, pareciera que se está buscando otra cosa. Lo que corresponde es atender las causas del deterioro en la salud mental del personal educativo", añadió.
Asimismo, pidió al MEP reconsiderar la medida y promover acciones orientadas al bienestar emocional y laboral del personal educativo.
MEP emite aclaración
Tras la controversia, el MEP emitió una nueva comunicación para explicar el objetivo de la información solicitada.
Según la institución, los datos servirán para analizar situaciones relacionadas con incapacidades psiquiátricas y apoyar la toma de decisiones administrativas para garantizar la continuidad del servicio educativo.
El ministerio indicó además que la solicitud responde a denuncias y gestiones realizadas ante distintas autoridades, aunque no detalló cuántos casos motivaron el análisis ni cuáles fueron esos antecedentes.
La cartera aseguró que el proceso no busca conocer diagnósticos médicos, tratamientos ni expedientes clínicos de los funcionarios.
Además, señaló que la recopilación de información tampoco implica abrir procedimientos disciplinarios ni cuestionar incapacidades emitidas de forma legítima.
El MEP explicó que necesita la información para identificar posibles patrones o casos recurrentes. Sin embargo, aseguró que los informes finales se elaborarán con datos estadísticos y sin divulgar información personal, salvo que exista una justificación técnica.
Asimismo, reiteró que toda la información deberá manejarse de forma confidencial y con protección de los datos personales.
