Disputa entre directivos de El Castillo llega a Inspección Judicial

Una disputa que inició desde el año pasado entre miembros de la junta directiva de El Castillo Country Club (CCC), luego de que se denunciaran ante el Ministerio Público presuntas irregularidades en el manejo de los fondos aportados por los socios, ahora tiene un nuevo episodio, pero en otra instancia.

Este lunes 26 de febrero la Inspección Judicial (IJ) abrió una investigación para determinar si hubo alguna influencia o mala práctica por parte de funcionarios en el Juzgado Contravencional de San Rafael de Heredia, en el trámite de una causa que lleva ese despacho y que involucra a dos directivos de ese club.

Según la queja que investiga IJ, personeros de esa oficina tendrían relación cercana con un abogado que defiende los intereses de una mujer de apellido Ramírez desde el 25 de setiembre del 2023, cuando ella denunció a Host Zambrana, presidente del CCC, por aparente violencia doméstica contra adulto mayor.

La mujer aseguró que recibió trato grosero, irrespetuoso y humillante y sometida a burlas, además sintió coartada su libertad de participar desde su posición en la directiva.

Por esa queja se abrió una causa contra Zambrana bajo numeral 23-000422-1780-VD y se impusieron medidas cautelares contra el hombre.

En dicha denuncia figura Edgardo Campos Espinoza como representante legal de Ramírez y tras presentar la denuncia fue asumida por el juez Leenyer Lanuza Víquez.

Pugna personal

Según los documentos judiciales en poder de este medio, Lanuza pidió inhibirse de la causa debido a que tiene disputas personales con Campos, ya que en apariencia la esposa del último, de apellido Sanabria, es la coordinadora del despacho judicial donde se lleva el expediente.

En el pasado, Sanabria, usando como representante legal a su pareja Campos, había denunciado a Lanuza Víquez por acoso laboral, sin embargo, el caso fue archivado.

"En fecha 26 de setiembre de 2023 la jueza Picado Arguedas quien es la Jueza Coordinadora del Juzgado Contravencional de San Rafael de Heredia, asume el proceso, esto debido a la excusa del juez Lanuza Víquez y en razón de que en dicho despacho solo hay dos jueces, la jueza Picado Arguedas asume el caso, pero el problema es que dicha jueza es amiga íntima de la coordinadora judicial Sanabria Chaves, al punto de que también es amiga del abogado Edgardo Campos; lo correcto en este caso es que dicha jueza por esa amistad se excusara también del proceso y remitirá el caso a otra despacho, pero en lugar de eso la jueza Picado Arguedas da traslado a la causa", señala lo expuesto ante Inspección Judicial.

Por ese motivo, Zambrana acudió a la Inspección Judicial para denunciar un presunto conflicto de intereses a la hora de resolver su caso y adujo que en razón de esa amistad fue que se tomaron las medidas cautelares en su contra, sosteniendo que no se sustentan jurídicamente.

"Sobre la consulta pendiente nos indican en la Inspección Judicial que sobre el caso de su interés se le asignó el número de expediente: 24-000621-31-DI se encuentra en trámite, no se ha cursado traslado de cargos", confirmó el Poder Judicial ante consulta de CRHoy.com.

Una vez que se dio curso al expediente, el órgano investigador solicitó al coordinador de ese despacho, en un plazo de 3 días hábiles, las siguientes pautas:

• Referirse a los hechos denunciados, así como el estado actual de trámite del proceso judicial número 23-000422-1780-VD.
• Indicar el nombre del personal a cargo de la tramitación de dicho proceso, tanto el Juez(a) como el técnico (a) responsables.
• Remitir los elementos probatorios: a) Copia digital de las piezas que conforman el proceso judicial supra referido, b) Cambios de ubicación de dicho asunto desde el momento de su interposición y hasta la fecha. c) Matriz de indicadores de gestión del Juzgado Contravencional de Heredia desde el mes de enero 2023 y hasta la fecha.

Supuesta represalia

Zambrana señaló que esto se debe a que existe una investigación por administración fraudulenta en el Ministerio Público por el supuesto manejo irregular de fondos en el Castillo Country Club e incluso menciona el nombre de al menos cinco personas como responsables de los hechos.

"(…) empecé a señalar varias anomalías en administración y se solicitaron varias auditorias con la finalidad de demostrar las mismas, esto hizo molestar, enojar y hasta renunciar a las personas que se aportaron como testigos por parte de Ramírez y Campos. Son testigos complacientes, ya que su fin es mi destitución y regresar a los puestos antes mencionados. Esto fue de conocimiento en la audiencia del 30 de octubre de 2023, pero a pesar de ellos el Juzgado admite estos testimonias sabiendo que los mismos son sospechosos y debía advertírseles tal situación, omisión grosera de los jueces del Juzgado Contravencional de San Rafael de Heredia", dice el documento judicial.

Reacción 2 semanas después

Pese a que desde el pasado 9 de febrero se había intentado conocer la versión de varios miembros de la junta directiva, fue poco o nada lo que respondieron algunos de ellos durante las primeras consultas, y hasta este 22 de febrero en un comunicado firmado por la vicepresidenta Alice Ramírez, la vocal Mónica Bolaños y el secretario Hermes Alvarado dieron su posición.

Sobre el incremento injustificado de aproximadamente ¢1.000 millones que señalan las auditorías presentadas ante el Ministerio Público y actualmente son objeto de investigación en el expediente 24-000737-0059-PE por el aparente delito de administración fraudulenta, aducen que el monto sería de ¢198 millones que corresponden montos registrados antes del 2011.

Ellos tomaron en cuenta un estado auditado presentado el 15 de febrero por la compañía AGC.

"En atención a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de Heredia informó que la causa 24-000737-0059-PE se encuentra en trámite. El caso se sigue contra ignorado, es decir, de momento no hay personas imputadas individualizadas", confirmó el Ministerio Público.

Añadieron que la labor del auditor tributario aún no ha concluido, "quedando pendiente documentar el monto de los 198 millones dichos".

No obstante, no se refirieron a los presuntos sobrepagos que se investigan en compras y construcciones dentro del club, tampoco a la causa 24-000131-0369-PE, por el presunto delito de falsedad ideológica, en contra de un hombre de apellidos Álvarez Rojas.

Sobre el caso tramitado en el expediente 23-001392-0369-PE, la Fiscalía Adjunta de Heredia informó que la causa fue remitida al Juzgado Penal con solicitud de desestimación, desde el 30 de enero anterior, sin embargo, hasta el momento no se ha resuelto. En esta se investigaba a una socia del club de apellido Zumbado y al mismo hombre de apellido Álvarez por traspaso de acciones con firmas copiadas.

En cuanto al expediente 24-000146-0369-PE, en el que se investiga un delito de falsificación de documento, en contra de una persona apellidada Mora Umaña, quien se hizo pasar por un agente especial de Estados Unidos para hacer una auditoría del club, no se pronunciaron.