Director de aduanas molesto por informe que reveló millonaria pérdida de impuestos

El estudio fiscalizador resumió que el barco MV Star Crimson se llevó, al menos, 2.500 toneladas de cemento que pertenecían al Estado (tras caer "en abandono") y por ello el Ministerio de Hacienda dejó de percibir ¢57,2 millones de colones en impuestos e intereses. Foto CRH.

El Director de Aduanas del Ministerio de Hacienda Wilson Céspedes Sibaja ordenó el inicio de una investigación interna para perseguir a el o los funcionarios que -según él- filtraron a CRHoy.com un informe de la Dirección de Fiscalización de Aduanas que revela serias irregularidades internas que se dieron con un cargamento de 2.500 toneladas de cemento chino.

El informe lo dio a conocer este medio el 18 de enero anterior y señala al jefe de sección técnica operativa de aduanas, al jefe del departamento técnico, al gerente de la aduana y a un funcionario de la sección de depósito por incumplir la ley.

Los ubica como responsables de permitir que el Estado perdiera ¢57.2 millones en impuestos y de devolver -en condiciones dudosas- 2.500 toneladas de cemento al importador Juan Carlos Bolaños Rojas, pese a que las mismas pertenecían al Estado pues habían sido declaradas en abandono por el no pago de impuestos. Bolaños, una vez recibió el cemento, procedió a sacarlos del país.

La publicación del documento elaborado por cuatro abogados y técnicos de la Dirección de Fiscalización causó la molestia del director de aduanas, quien junto con el Sindicato Sitrashan, buscan a los responsables de que la información de la millonaria pérdida en impuestos saliera a la luz pública. 

Céspedes confirmó a este medio que él mismo giró la orden de apertura de la investigación y la justificó en una solicitud del sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional.

"En virtud de que se recibe en mi Despacho oficio número SG-SIT-013-2018 de fecha 19 de enero del 2018 suscrito por Miguel Ureña Cascante, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRASHAN), en el que se reporta que aparentemente algún funcionario de esta Dirección, podría haber puesto en conocimiento del medio de comunicación digital CRHoy el informe N° DF-DEN-INF-035-2017… se inicia una Investigación Preliminar a efecto de determinar si pudo haberse cometido alguna presunta falta al deber de confidencialidad por parte de algún funcionario de esta Dependencia", indicó a través de la oficina de prensa.

A raíz de la investigación ordenada por el director de aduanas, el Ministerio de Hacienda citó al periodista Michael M. Soto de CRHoy.com el pasado 18 de abril a brindar declaración, en un intento de que revelara sus fuentes informativas sobre el caso.

"La Comisión de Investigación sobre el trámite del expediente, como parte de la investigación que se realiza, llamó a entrevista a diferentes personas para determinar si tenían información que pudiera ser aportada al expediente y ayudar a determinar posibles o eventuales faltas de carácter laboral, por lo que entre otras personas me informa la Comisión de Investigación que se citó al periodista Michael Soto…. no he solicitado entrevistar a ningún periodista de ese medio de comunicación. Esa fue una decisión propia de la referida Comisión…" concluyó.

Según el director de aduanas, las actuaciones de tal Comisión están reguladas por la Ley General de la Administración Pública y el Reglamento Interior de Trabajo. En la Dirección de Aduanas avanza rápidamente la investigación para conocer la supuesta filtración de documentos, pero la investigación sobre la millonaria pérdida de los impuestos y del cemento se maneja con total hermetismo.

Este medio ha solicitado en reiteradas ocasiones información sobre la responsabilidad de los funcionarios mencionados en el informe, así como la forma en que el Estado recuperará el dinero perdido por los impuestos que no se recibieron, pero tanto el Ministerio de Hacienda como la Dirección de Aduanas guardan silencio argumentando que el caso continúa en investigación.

El informe

El informe que revela las anomalías con los cargamentos cemento chino consta de 33 páginas y fue presentado el 23 de noviembre del 2017 ante el Servicio Nacional de de Aduanas. En él se detallan las supuestas irregularidades que permitieron que 2.500 toneladas de cemento chino regresaran a manos de Juan Carlos Bolaños el 14 de setiembre del 2017, pese a que las había perdido desde el 29 de agosto del mismo año por no presentar la documentación exigida por ley.

Bolaños recuperó la millonaria carga con la ayuda de funcionarios de Aduanas y de la Sociedad Portuaria de Caldera, sin asistir a un remate ni pagar los costos de intereses e impuestos establecidos en la legislación.

Según la investigación de la Dirección de Fiscalización de Aduanas, las irregularidades iniciaron desde la llegada del barco a aguas nacionales el 26 de julio del 2017. El buque no atracó de inmediato, sino que esperó fuera de puerto hasta el 16 de agosto del mismo año, sin embargo toda la documentación oficial ingresada en el sistema TICA (Tecnología de información para control aduanero) es anterior al atraque del buque. El informe indica que las fechas habrían sido alteradas.

Mientras, el agente aduanero intentó que se descargara parte de la mercadería con una "nota técnica" de calidad del Ministerio de Economía que no pertenecía a dicho cemento, sino a otro que también venía en el barco. Ante la falta de documentos, la ley establece que la mercadería debe ser declarada "en abandono" después de cierta cantidad de días y pasa a ser propiedad del Estado.

Esto obliga a los dueños originales de la mercadería a dos opciones, presentar los documentos reales o intentar comprar la mercadería en un remate pagando los impuestos e intereses al Estado. En el caso del cemento de Bolaños, esto no sucedió así y pese a ser "mercadería en abandono" propiedad del Estado, permaneció en el barco y posteriormente salió del país sin ninguna consecuencia para el importador ni el agente aduanero, dejando a la dirección de aduanas con la millonaria pérdida.

Según el informe, el Estado dejó de percibir ¢55,8 millones de colones por impuestos que no se cancelaron y ¢1,4 millones de colones por los intereses a la fecha de emisión del informe, monto que va creciendo mientras no se pague la deuda. Esto suma un total de ¢57.2 millones de colones. A esto se debe agregar el valor de las 2.500 toneladas de cemento que perdió la Dirección de Aduanas.

Uno de los puntos que también cuestiona el informe es que el capitán del barco anunció su salida del país con la mercadería que pertenecía al Estado a bordo el 14 de setiembre del 2017 y el gerente de la aduana de apellido Alvarado, junto con otros funcionarios de apellidos Picado y Arias, concedieron el permiso de salida del país que se ejecutó el 24 de setiembre tras la firma de un funcionario de apellido Mora.

El departamento de denuncias y operativos especiales y la Dirección de Fiscalización -que firma el informe-, responsabilizan a tres actores:

• El agente aduanero de apellido Araya quien incumplió con la ley ya que permitió el despacho de la mercadería sin cumplir los requisitos.
• El gestor interesado que es la Sociedad Portuaria de Caldera por incumplir los procedimientos y controles establecidos por ley y por la pérdida de mercadería del Estado, que según el informe, debe pagar los ¢57,2 millones.
• Los cuatro funcionarios aduaneros de apellidos Picado, Arias, Alvarado y Mora quienes ocupan los puestos de Jefe de Sección Técnica Operativa, Jefe del Departamento Técnico, Gerente de la Aduana y un funcionario de la sección de Depósito por incumplir con lo que la ley les estipula en sus puestos de trabajo.

¿Qué pasó con la investigación por la pérdida de los impuestos?

(Alonso Brizuela|CRHOY)

Dagmar Hering, directora jurídica del Ministerio de Hacienda aseguró a este medio que la investigación por la pérdida de los ¢57.2 millones y de las 2.500 toneladas aún continúa en proceso y que es confidencial.

"En este momento, aún existe una investigación en proceso. Por otra parte, el órgano director nombrado rindió su informe, el cual se encuentra en etapa de implementación", indicó vía correo electrónico.

Sobre las conclusiones y acciones concretas a las que llegó el órgano director con respecto a los cuatro funcionarios y al director de aduanas que el informe encontró responsables indicó que "Esta información no puede ser brindada hasta el momento en que se emita el acto final del procedimiento, debido a que de previo de la emisión de dicho acto administrativo, el acceso al expediente corresponde únicamente a las partes".

¿Quién responderá por la pérdida de las 2.500 toneladas? ¿Quién asumirá los ¢57,2 millones de colones en impuestos e intereses perdidos? La respuesta no existe hasta el momento. "Esta consulta forma parte de lo investigado por el órgano director del procedimiento, lo cual -como se indicó anteriormente- se encuentra en etapa de implementación", concluyó la funcionaria.